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Etnocidio petrolero en Bolivia
Marc Gavaldà*
*
Observatorio Transnacional
1. América Latina: Tierra de
Transnacionales
1.1
Ajuste Estructural
Durante las últimas décadas
del Siglo XX, los organismos multilaterales de financiamiento (Banco Mundial
y Fondo Monetario Internacional) así como los cuerpos diplomáticos de los
países del Norte (especialmente Estados Unidos) aprovecharon la debilidad y
maleabilidad de los gobiernos de Latinoamérica para imponer drásticas
reformas políticas, económicas y legales. En los años 80, América Latina
recién despertaba de un oscuro trayecto dictatorial y se precipitó a ojos
cerrados a la trampa neoliberal. La sociedad no estaba preparada para una
embestida tan bien planificada y no opuso grandes resistencias al proceso
neoliberal, ya que cuajó la esperanza del anunciado crecimiento económico
que traerían las inversiones extranjeras, unido a la reducción de la
corrupción de las empresas estatales.
La dificultad del pago de la
deuda externa en los países latinoamericanos, fue el chivo expiatorio para
que el Banco Mundial y El FMI, amparados por el Consenso de Washington,
actuaran conjuntamente en la imposición de programas de Ajuste Estructural
con elementos comunes en los países endeudados: una continua reducción del
déficit fiscal a la par de aumentar ingresos públicos mediante impuestos y
el traspaso obligatorio de todos los excedentes de las empresas públicas al
Tesoro General de la Nación (1).El segundo paso, una vez las empresas
públicas debilitadas, fue entregarlas durante la vorágine privatizadora de
los años 90.
En 1995, la Capitalización de
las compañías estatales bolivianas consistió en valorar el patrimonio de las
empresas y asociarse con empresas extranjeras que invertirían ese valor en
los siguientes años. En la práctica se entregó gratuitamente las compañías
públicas con sólo la promesa de inversión. Con esta fórmula, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolvianos ( YPFB) fue repartida entre los consorcios
ENRON-SHELL, BP-AMOCO y REPSOL-YPF por un total de apenas 835 millones de
dólares.
Por otro lado, las leyes de
hidrocarburos fueron modificadas profundamente, creando condiciones muy
favorables para la inversión extranjera y debilitando el rol fiscalizador
del Estado. El impuesto a las regalías, fue rebajado en Bolivia de un 50% a
un 18% . Las regalías se pagan en base a una Declaración Jurada de las
propias compañías, de manera que las condiciones están creadas para
legalizar el contrabando (2).
1.2 ALCA y los Tratados de Libre Comercio
El Área de Libre Comercio de
las Américas comprendería 34 países de Norte, Centro y Sudamérica y el
Caribe, exceptuando a Cuba. Con una población de 800 millones de habitantes
y un PIB combinado de 12 billones de dólares el ALCA conformaría la zona de
libre comercio más grande del mundo.
Sin embargo, las ambiciones
norteamericanas de aprobar el ALCA en la reunión de Quito de 2002, se fueron
diluyendo por la emergencia de presidencias en países como Brasil,
Venezuela o Argentina, que proyectan la creación de un área comercial
latinoamericana. Desde el fracaso de la Cumbre de la OMC en Cancún 2004,
donde un bloque de países disidentes apodados como Grupo de los 25 se
opusieron rotundamente a negociar temas clave como las exportaciones
agrícolas o las patentes, Estados Unidos ha optado por firmar tratados
bilaterales de libre comercio, algo que ya consiguió en Chile. Otros
tratados regionales como el CAFTA ( Centro América Free Trade Agreement) o
el TLC-CAN ( Tratado de Libre Comercio de la Comunidad Andina de Naciones)
se encuentran en un dilatado proceso de negociación, del que varios países
ya se han apartado.
De consumarse estos tratados,
los países firmantes no sólo se verán avasallados por una avalancha de
productos norteamericanos que destruiría sus industrias, también llegarán
transnacionales que recibirán el mismo trato que empresas nacionales,
privatizando servicios básicos como la educación o la sanidad. En caso de
que un Estado ponga algún impedimento a las inversiones, pongamos por
ejemplo por un derrame de petróleo o por atropellos a comunidades locales,
las empresas pueden elevar el conflicto a un Tribunal Internacional de
Controversias, pudiendo exigir una compensación no sólo por la inversión,
sino también por las ganancias que tenían previstas en el país. Esto ya
sucedió cuando se expulsó la transnacional de aguas Bechtel de Cochabamba,
en la Guerra del Agua del 2000. La compañía se amparó con un Acuerdo
bilateral que tenía Bolivia con Holanda para reclamar las ganancias que
tenía previstas en el país.
A la par de los tratados
comerciales, Estados Unidos, la Unión Europea y la Banca Multilateral, están
implementando una serie de iniciativas regionales para convertir el
continente en una organizada red de vías de transporte de mercancías que
comunique las zonas de extracción de materias primas (minerales, madera,
hidrocarburos...) con puertos marítimos de exportación. El Plan Puebla
Panamá en Centroamérica, la Asociación de Estados del Caribe o la Iniciativa
de Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) crean corredores
de exportación que coinciden con las zonas más ricas de extracción de
recursos.
El saqueo del continente
latinoamericano tiene ya cinco siglos de trágicos impactos ambientales y
poblacionales. Ahora, con la configuración de un contexto internacional que
sobrepasa los poderes del Estado y una faraónica red de infraestructuras,
las consecuencias sobre las culturas amazónicas supervivientes puede
alcanzar niveles de destrucción irreversible.
1.3 La Petromilitarización
Estados Unidos manejó durante
dos décadas un discurso de lucha contra el narcotráfico que fue muy
utilitario para extorsionar a los países andinos para aplicar políticas que
nada tenían que ver con el tema y de paso amaestrar las fuerzas armadas
nacionales al servicio de la mayor potencia mundial. Bajo el instrumento de
la Certificación, Estados Unidos calificaba a los países que más luchaban
contra el narcotráfico en base a unas reglas de juego cambiantes, que
recortaban las libertades de los ciudadanos. En Bolivia por ejemplo, la Ley
Antinarcóticos1008, impuesta por la embajada de Estados Unidos, declara en
Bolivia a “toda persona sospechosa de narcotráfico hasta que no se demuestre
lo contrario”.Esta Ley ha encarcelado sin juicio a muchos campesinos de la
región cocalera del Chapare, donde operan las petroleras BP-Amoco y
Repsol-YPF.
El siguiente paso fue
construir bases militares norteamericanas en Latinoamérica, algo ya
consumado en El Salvador ( Base de Comalapa), Panamá ( Base de Howard),
Ecuador ( la Base de Manta), en Colombia ( en el departamento petrolero de
Arauca), en la Isla de Curaçao (en frente de Venezuela) y lo intentó en el
Chapare boliviano pero las masivas movilizaciones de 2001 lo impidieron
La presencia militar en
América Latina no responde únicamente a la denostada Lucha contra el
Narcotráfico. También persigue la protección de los intereses
transnacionales de las organizaciones sociales que se oponen a sus
operaciones. El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos y también la
Unión Europea, tiene una particular importancia en los departamentos
petroleros.
En la imparable escalada
militar, los movimientos sociales entran en el punto de mira cuando se
resisten a la realización de proyectos extractivos en sus territorios. En la
última década, Colombia perdió más de 2.000 líderes indígenas y sindicales
asesinados por el paramilitarismo, cuyos lazos con el ejército y las propias
transnacionales ha sido repetidamente demostrada (3).
En un escenario global de
escalada de precios de los combustibles fósiles, es predecible una extensión
de la violencia en regiones petroleras, algo que ya ha sucedido en regiones
petroleras de Ecuador y Bolivia, con la aparición de paramilitares,
2. La industria petrolera destruye el
territorio
2.1 Impactos de la actividad petrolera
Tanto
las actividades exploratorias como productivas impactan seriamente en el
ambiente. Para determinar la ubicación de los yacimientos hidrocarburíferos,
la compañía realizará uno o varios proyectos de exploración sísmica sobre el
territorio. Esto es, abrir sendas de dos metros de ancho por unos veinte
kilómetros de longitud, donde entierran explosivos a 10 metros de
profundidad cuya detonación emiten unas ondas cuyos ecos es detectado por
una línea de sismógrafos. Para tal efecto, habrá que no sólo deforestar los
caminos sino construir campamentos móviles, helipuertos y zonas de descarga.
Un proyecto símico simple puede necesitar entre 300 y 1000 Km. de longitud
de brechas, 200 helipuertos y mil zonas de descarga.
La
exploración sísmica tiene impactos importantes en áreas boscosas tropicales,
en cuanto son nuevas vías de acceso para la colonización, caza o tala de
maderas nobles. A parte, las comunidades originarias son ocupadas por
centenares de trabajadores foráneos que irrumpen con patrones de conducta
occidentales, como la prostitución y el alcoholismo.
Ubicado el yacimiento, se iniciará la perforación escalonada de pozos
exploratorios, que de resultar positivos, hipotecan durante lo mínimo los
siguientes 30 años la vida de las comunidades vecinas. La perforación
petrolera se realiza con el sistema de Emulsión Inversa, o sea, inyectando
productos químicos ( lubricantes, antioxidantes, biocidas y otros) en
concentraciones de 95%. Estos productos son acumulados al aire libre en
piscinas de dudosa impermeabilidad junto a los ripios de perforación, las
aguas de formación y restos de crudo. En regiones que soportan la
pluviosidad más importante del planeta, los derrames son frecuentes.
Cuando
la compañía abandona el territorio, deja tras de sí un paisaje deteriorado,
deforestado y con un historial de derrames y accidentes. Las abundantes
lluvias actúan de vectores de contaminación fluvial de cualquier charquito
de productos químicos que haya quedado al descubierto. La industria
petrolera limpia en ecosistemas tropicales no existe.
2.2 Petróleo en áreas protegidas
En
Bolivia existen 21 áreas protegidas con una extensión de 167.417.07
kilómetros cuadrados que representan el 15.2 por ciento del territorio
nacional, que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad petrolera.
Esas
zonas son ricas en su biodiversidad, fauna, flora y en su territorio
albergan a comunidades originarias que en todo el tiempo han vivido en una
relación de sostenibilidad con los recursos.
En total
de 11 áreas protegidas fueron invadidas por las empresas petroleras para
realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica. En la región
amazónica, las empresas petroleras se adjudicaron tres bloques (Río Hondo,
Rurrenabaque y Tuichi) en el área protegida del Parque Madidi y Pilón Lajas;
el bloque Sécure en el Parque Nacional Isiboro Sécure; el bloque Amboró
Espejos en el Parque Nacional Amboró; el bloque Chimoré I en el Parque
Nacional Carrasco. En la región chaqueña el Parque Nacional Serranía de
Aguaragüe ha sido concesionado a empresas petroleras en los bloques San
Alberto, San Antonio, Bereti y Tarija Oeste. En el Parque Nacional Sama
operan las petroleras en el bloque Cambarí.
A parte,
existen muchas regiones del país que no gozan de ninguna protección pero que
su inaccesibilidad las ha conservado como bosques primarios no intervenidos.
En el Beni, la serranía de Eva-Eva y Mosetenes están aún inexploradas, se
sabe de la existencia de núcleos indígenas chimanes aún por contactar. En el
Departamento de Chuquisaca, la Serranía de Iñao conserva manchas de bosque
boliviano-tucumano que albergan una de las colonias más grandes de Paraba
frente-roja, endémica de Bolivia.
Lo
cierto es que con protección o sin ella, son muchas y de gran alcance, las
áreas ecológicas que van a ser impactadas y degradadas irreversiblemente en
Bolivia, sino se cambia la política fiscalizadora del Estado a la actividad
hidrocarburífera.
3. Los pueblos indígenas de Bolivia
3.1 Los Pueblos
Indígenas y sus organizaciones
En
Bolivia existen 33 grupos indígenas, agrupados en una docena de grupos
lingüísticos diferentes, siendo los Quechuas y Aymaras los más abundantes (
ambos suman más de 4 millones de habitantes) seguido de los chiquitanos
(184.000), guaraníes (133.000) moxeños y guarayos (decenas de miles).
Existen grupos muy reducidos en declive poblacional alarmante como los
Araona (112 habitantes) Moré (101 ), Pacahuaras (11), Machineri (25).
Existen también grupos no contactados de las etnias Toronama y Nahua , cuya
supervivencia depende de mantener su territorio inaccesible. Se especula
también la existencia de clanes chimanes sin contactar en la Serranía Eva
Eva, no muy lejos de donde Repsol abrió un pozo exploratorio en el año
2.000.
Los
pueblos andinos (quechuas y aymaras) están muy organizados entorno a Ayllu
como unidad territorial o los sindicatos campesinos y federaciones urbanas
con unidad social. Además, en los últimos años los instrumentos políticos de
las organizaciones sociales (como el MAS y el MIP), han conseguido entrar
con fuerza en las instituciones democráticas, por primera vez en cinco
siglos de exclusión total de la vida pública. No obstante, la extrema
pobreza de las áridas regiones andinas expulsa a la población a endeudarse
para emigrar a España y Argentina, principalmente.
En
las tierras bajas, algunas organizaciones, como la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) -ver fotos comunidad
Ava-Guaraní de Tentayapi- o la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB),
tienen experiencia de más de una década. Otros pueblos recién comienzan a
organizarse, cuando ya tienen en su territorio la invasión de actividades
madereras o petroleras.
A
nivel nacional, la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB)
representa todas las etnias de la Amazonía y el Chaco, si bien desde sus
oficinas financiadas por la cooperación internacional no siempre conocen la
realidad de los territorios alejados al interior de la selva.
Es
oportuno señalar, que el Banco Mundial y otras agencias de financiamiento
han tenido una actitud paternalista con esta organización, financiando
viajes a Canadá y otros países a líderes indígenas para que reciban
adoctrinamiento sobre negociación con empresas petroleras.
3.2 Territorios Indígenas y el proceso de titulación
Un
planteamiento central de los pueblos indígenas reside en que no solicitan un
espacio de tierra, sino fundamentalmente, el reconocimiento legal del
derecho propietario sobre el territorio que originaria y tradicionalmente
ocupaban. El territorio es su hábitat natural que forma parte de un sistema
productivo (el chaco) y reproductivo (cacería, pesca, recolección, miel,
madera, etc.) que proveen los alimentos y recursos necesarios para la
alimentación. (4)
Sin
embargo, sus territorios están siendo invadidos por la presencia de Terceros
(campesinos y latifundistas) y las actividades extractivas como la minería,
madereras y petroleras.
En
este escenario de continua usurpación, el Saneamiento y Titulación de los
territorios indígenas es vital para su supervivencia, aunque este proceso
sea muy largo, costoso y como veremos, la titulación no garantiza el
impedimento de actividades hidrocarburíferas en sus territorios.
El
proceso de titulación de territorios indígenas no llegó gratuitamente para
los pueblos originarios. Fueron necesarias tres grandes marchas históricas
que movilizaron las diferentes etnias del Oriente Boliviano recorriendo
medio país para llegar a las puertas del gobierno en La Paz.
La
primera movilización fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad, iniciada
en Trinidad el 15 de agosto de1990. En ella participarán 15 pueblos étnicos
que abandonarán sus comunidades para caminar disciplinadamente hasta La
Paz, demostrando al país su existencia, que había sido ignorada
históricamente por los bolivianos.
Eran
mojeños, trinitarios, ignacioanos, javieranos, yuracarés, movimas, sirionós,
mosetenes, weenhayek, simbas, ava guaraníes, tacanas, chipayas, urus y
chimanes. Tras su llegada a La Paz consiguieron arrancar del gobierno varios
Decretos Supremos que reconocían las demandas de Territorios Indígenas de
los Chimanes, Sirionó, Multiétnico y el Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS) así como el compromiso de elaborar una Ley de
Pueblos Indígenas del Oriente (5).
La
Segunda Marcha, en 1996, aglutinó las reinvindicaciones conjuntas de
campesinos y 32 etnias amazónicas y chaqueñas. El motivo era la problemática
ley de Reforma Agraria (Ley INRA) que el gobierno quería imponer sin la
participación de los mismos afectados, legalizando a la oligarquía
latifundista que usurpaba enormes extensiones de territorios indígenas.
Como acuerdos concretos de esta marcha se consiguió la titulación de ocho
territorios por Decretos Supremos y de otros 15 territorios, después de un
previo saneamiento (la ineficacia y lentitud de estos saneamientos será
motivo de otra marcha años más tarde).
La
Tercera Marcha, en junio del 2000 arrancó del gobierno notables acuerdos,
como la modificación de la nueva resolución de la Ley INRA que permitía
concesiones en tierras fiscales y evadía el saneamiento de la propiedad
agraria.
Según
datos del 2000, existen 8 territorios indígenas titulados con Decreto
Supremo, beneficiando a los pueblos Chiman-T´simane, Yurakaré, Sirionó
Moxeño, Araona, Mosetenes y Yukis.
Son 16
las demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s) Inmovilizadas antes
de la nueva Ley INRA de 1996, que abarcan territorios de los pueblos Esse
Ejja, Tacana, Cavineño, Chacobo, Pacahuara, Yaminahua, Machineri, Movima,
Baure, Caybaba, More, Joaquiniano, Itonama, Chiquitano, Guarayo, Ayoreo,
Mosetén, Yurakaré y 12 territorios Guaraníes.
Por
otra parte, son 8 las demandas presentadas en fase de saneamiento, de los
pueblos Uru Chipaya, Uru Murato, Lecos, Canichana, Ignacianos y Moxeños. (6)
4.
Conflictos entre las petroleras y los pueblos originarios
4.1 Concesiones
petroleras en territorios indígenas
La
jerarquía legal que se estableció entorno a las leyes petroleras, que por su
“interés nacional” prevalecían por encima de otras leyes o reglamentos
“secundarios” como la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Reglamento Ambiental
del Sector Hidrocarburos o la Ley INRA ha generado un estado de
desprotección que vulnera tanto a extensas áreas de conservación biológica
como amplios grupos poblacionales del país.
Dice
el Art 1 de la Ley de Hidrocarburos que “Todos los yacimientos de
hidrocarburos son propiedad inalienable del Estado”, el cual a través de
contratos de riesgo compartido, los otorga a las empresas transnacionales.
Donde pone yacimientos, léase subsuelo y ya tenemos el marco legal
establecido que abre puertas a la ocupación de territorios. Si bien la
superficie terrestre no es propiedad de las petroleras, sí les pertenece el
subsuelo, que es lo mismo que decir que pueden operar ahí donde el
sismógrafo indique presencia de hidrocarburos.
Además, las petroleras pueden expropiar vía Derecho de Servidumbre a las
familias que habiten en cualquier predio donde abrir un camino, construir
una planchada, helipuerto o campamento.
El
conflicto indígena con las petroleras se enmarca en una de las
intersecciones geográficas más habituales del país: el punto en que se cruza
el derecho indígena con las concesiones hidrocarburíferas. Lo cierto, es que
existe una repetida coincidencia entre bloques de exploración
hidrocarburífera y los Territorios Comunitarios de Origen (TCO), lo cual no
es extraño teniendo en cuenta que del total del territorio nacional, 611.100
km2 (un 55,6%) son de potencial hidrocarburífero (7).
Los
contratos de licitación de los bloques petroleros, garantizan a las
transnacionales 40 años de concesión. De modo, que el impacto sobre las
poblaciones es inevitable. Transcurridas cuatro décadas de explotación
petrolera, las empresas se retiran dejando tras de sí un historial de
derrames y accidentes “imprevistos”. A parte, la ocupación del territorio
por la construcción de planchadas, piscinas de lodos y carreteras de acceso,
ya no vuelve a regenerarse. Basta visualizar lo que dejó Texaco en Ecuador
para adivinar cómo quedará la Amazonía Boliviana cuando las petroleras se
retiren.
Entre
las compañías transnacionales que operan en Bolivia, Repsol-YPF es de las
que más territorios ha intervenido. La compañía tiene
un total de 22 bloques petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas (8),
concesiones que se superponen a un total de 17
TCO repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los
bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los territorios de las etnias
amazónicas chimanes, mosetenes y tacanas. A parte, la etnia nómada esse ejja,
que recorre las playas del río Beni, también se verá afectada de las
operaciones hidrocarburíferas, aunque no tiene un territorio titulado. El
bloque Sécure atraviesa el territorio indígena multiétnico, donde conviven
comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés; el territorio indígena chimán y
el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, refugio ancestral
de la etnia yurakaré.
La
fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, al ser intervenidos,
coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan.
Su reducido número de habitantes y el escaso contacto los hace propensos a
romper bruscamente sus actividades tradicionales, trabajar para la empresa
con contratos temporales que introducen en las comunidades hábitos como el
alcoholismo, el abandono de la familia o las actividades agrícolas y
recolectoras. Cuando Repsol ingresó al interior del territorio chimán,
ofreció cepillos de dientes pretendiendo imponer costumbres higiénicas
ajenas. En cambio, durante la construcción del primer pozo exploratorio
(Pozo Eva Eva) la empresa se dedicó a comprar las piezas de caza que los
hombres de la comunidad cazaban para alimentar a los suyos. Desde entonces,
ya no cazaban para la subsistencia sino para vender las piezas a la compañía
y comprar alcohol a los comerciantes que entraban a vender productos al
campamento petrolero.
En la
región chaqueña, Repsol invade varios TCO de la etnia guaraní, como Charagua
Norte, Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios, ubicados en la
llanura chaqueña, también son afectados por la construcción de dos
gasoductos de 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz, donde es
exportado a Brasil por el Gasoducto Bolivia – Brasil. En la serranía del
Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes de gas, el bloque
Caipipendi invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaraníes
que por su inaccesibilidad han conservado la cultura más pura. En un
manifiesto fechado en julio del 2004, la comunidad de Tentayapi se
pronunciaba en tomar medidas activas para impedir la entrada de Repsol en
sus territorios.
Las leyes nacionales (Ley de Medio Ambiente y Reglamento Ambiental del
Sector Hidrocarburos) e internacionales (Convenio Nº 169 de la OIT) obligan
a las empresas petroleras a realizar consultas y actas de acuerdo con las
comunidades afectadas. En la práctica, las compañías practican todo tipo de
engaños para conseguir unas firmas que a menudo no respetan la organización
tradicional. La firma de actas de acuerdo a cambio de sacos de azúcar o ropa
deportivo es desgraciadamente una práctica aún común en los territorios
indígenas intervenidos pro las petroleras.
TABLA
1:Territorios indígenas afectados por actividad petrolera en Bolivia (9)
|
Territorio Indígena |
Compañía Petrolera |
|
Tacana |
Repsol- Perez Companc |
|
Territorio Indígena Chimán |
Repsol-YPF |
|
Territorio Indígena Multiétnico y TIPNIS |
Pan Andean y Repsol-YPF |
|
Yuracaré y Auki |
Pan Andean |
|
Avatiri Huacareta (guaraníes) |
Pluspetrol |
|
Avatiri Ingre (guaraníes) |
Maxus y Pluspetrol |
|
Charagua Norte (guaraníes) |
Maxus, Pluspetrol, Shamrock |
|
Charagua Sur (guaraníes) |
Maxus, Shamrock |
|
Isoso (guaraníes) |
Andina (Repsol), Bridas SAPIC, Chaco, Dong Won,
Pluspetrol, Shamrock |
|
Itikaguasu (guaraníes) |
Maxus, Petrobras, Pluspetrol |
|
Itikaraparirenda y Iupaguasu (guaraníes) |
Maxus, Tecpetrol |
|
Kaaguasu (guaraníes) |
Maxus, Andina (Repsol) |
|
Kaami (guaraníes) |
Maxus, Andina ( Repsol) |
|
Machareti Nancaroinza Karandaiti (guaraníes) |
Chaco (BP-Amoco), Maxus, Shamrock |
|
Takovo Mora (guaraníes) |
Andina S.A ( Repsol), Bolipetro, Bridas SAPIC,
Chaco S.A (BP-Amoco), Maxus (Repsol), Pluspetrol, |
|
Tapiete |
Repsol-YPF |
|
Weenhayek |
Andina S.A ( Repsol), Chaco S.A ( BP-Amoco),
Repsol-YPF, Tesoro |
4.2 Negociaciones indígenas en los Gasoductos
Aunque
los proyectos de construcción de nuevos gasoductos en Bolivia ha debido
incorporar alguna “migaja” que distraiga la oposición indígena, basta
recordar la rotura del Oleoducto Sica Sica-Arica, en enero del 2000, para
cuestionar si realmente las poblaciones resultaran beneficiadas.
En
aquella ocasión, el derrame contaminó con crudo reconstituido casi 200
comunidades aymaras y las dos únicas comunidades de Uru-Muratos que existen
a través del río Desaguadero y la laguna Poopó. El consorcio Enron-Shell,
como empresa responsable del vertido, actuó de manera prepotente en las
negociaciones de compensación, desembarcando un ejército de antropólogos que
se dedicaron a estudiar, más que solucionar las demandas de los
damnificados. Los Uru-muratos, que vivían en estrecha dependencia de la caza
y la pesca de la laguna contaminada, obtuvieron tras marchar en protesta
hasta la ciudad de Oruro, una caja de productos alimenticios enlatados (10).
En los
últimos años, la existencia de enormes reservas de gas seco en el Chaco
Boliviano han motivado la acelerada construcción de gasoductos que conectan
Bolivia con los mercados de Argentina y Brasil.
El
Gasoducto Bolivia-Brasil (2000), de 3.150 Km. y una capacidad de 30 millones
de metros cúbicos diarios, conecta la ciudad de Santa Cruz con Sao Paolo.
Sus empresas propietarias son Transredes (Enron-Shell) y Petrobras y fue
financiado por el Banco Mundial y el BID. El Derecho de Vía del gasoducto
es de 30 metros, impactando los ecosistemas de numerosas comunidades
guaranies. Durante la construcción, que fue militarizada para evitar huelgas
de los trabajadores, ocurrieron numerosas violaciones a los derechos humanos
en las poblaciones donde pasa el Gasoducto. Por su parte, las organizaciones
guaranies del Parque Nacional Kaaya, negociaron un Programa de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas por 4 millones de dólares (11).
El
Gasoducto Lateral Cuiabá (2001) de 626 Km. es un negociado inicial de la
empresa Enron para obtener gas boliviano en su termoeléctrica de Cuiabá
(Brasil). Tras la quiebra de Enron en 2001, pasó a manos de Shell. El
trazado de este gasoducto fue muy polémico por intervenir el Bosque Seco
Chiquitano, un ecosistema de bosque de cerrado único en el mundo. Las 24
comunidades chiquitanas y 2 comunidades ayoreas afectadas, se opusieron
originalmente, negociando tras dos años de lucha un Plan de Desarrollo
Indígena de casi 2 millones de dólares. Sin embargo, los que más recibieron
fueron 5 fundaciones conservacionistas (la más conocida es WWF) que
recibieron 20 millones de dólares para permitir la destrucción del Bosque
Seco Chiquitano a cambio de un plan de manejo (12).
El
Gasoducto Yacuiba Río Grande (2002) de 431 Km, pertenece al consorcio
Transierra (Repsol y Petrobras). Su trayecto afecta a comunidades guaranís,
tapietes y weenhayek. Estos últimos, pescadores del río Pilcomayo,
expresaron su rechazo a la construcción del Gasoducto Yacuiba Río Grande,
oposición que fue desestimada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Unos
años después, Petrobras recibiría del Banco Mundial un premio por la
“ejemplar negociación” con comunidades indígenas.
El Proyecto LNG (previsto para 2003), de las empresas British Gas, Total y
Repsol pretendía exportar gas desde la Serranía de Aguaragüe a Estados
Unidos, a través de Chile y México. Esta vez, fueron las poblaciones urbanas
de origen Aymara de La Paz, las que paralizaron el proyecto durante los
acontecimientos conocidos como la Guerra del Gas, en octubre de 2003, a
pesar de que el costo fue más de 70 muertos (13).
TABLA
2: Transporte de hidrocarburos y pueblos afectados en Bolivia
|
Ducto |
Empresa |
Longitud en Bolivia |
Pueblos afectados |
|
Oleoducto Sica Sica- Arica |
Transredes (Enron-Shell) |
350 Km |
Aymaras, Quechuas, Uru-Muratos |
|
Gasoducto Bolivia-Brasil |
Transredes (Enron-Shell), Petrobras |
570 Km |
Guaranís, Ayoreos |
|
Gasoducto Lateral Cuiabá |
Enron, Petrobras |
361 Km |
Chiquitanos, Ayoreos |
|
Gasoducto Yacuiba Río Grande (Gasyrg) |
Transierra (Repsol-Petrobras) |
431 Km |
Guaranís, Tapiete, Weenhayek |
|
Gasoducto Yabog |
Transredes (Enron-Shell) |
440 Km |
Guaranís, Tapiete, Weenhayek |
5. Desarrollo
petrolero en Bolivia: ¿hacia un etnocidio?
A tiempo de escribir este
capítulo, Bolivia vive intensamente convulsionada entorno a la promulgación
de la nueva Ley de Hidrocarburos que, de ser aplicada, elevaría las regalías
de un 18% a un 50% sobre el precio del barril a boca de pozo. Esta ley,
calificada por las corporaciones petroleras de confiscatoria, no
satisface a los reclamos sociales que exigen la nacionalización de los
hidrocarburos. Sectores sociales de todo el país se alistan para retomar
las movilizaciones que fueron paralizadas después de la destitución del
presidente Gonzales de Losada, en el Octubre Negro de 2003.
Sin embargo, a pesar de una
creciente concientización del pueblo boliviano por la recuperación del
petróleo y gas, la degradante situación de las comunidades indígenas que
viven en los yacimientos ha quedado relegada como un mal menor aceptado.
Una vez más, los intereses económicos, esta vez también encarnados en la
voluntad popular, pesan más que los derechos humanos de las poblaciones más
desfavorecidas.
La industria petrolera actúa
en un contexto de impunidad ambiental porque las denuncias de las
poblaciones locales afectadas, testigos directos de la destrucción de sus
medios de vida, nunca llegan a los centros de decisión: ni al Estado y mucho
menos a las sedes de las transnacionales. Los consumidores mientras tanto,
nunca conocerán la nocividad de los productos que diariamente están
comprando, porque una cortina publicitaria esconde la cruda realidad de la
industria petrolera.
Mientras se repitan los
procesos irreversibles de destrucción del territorio y degradación cultural,
tan comunes en las relaciones que se establecen entre compañías petroleras y
comunidades indígenas y estas conductas sean legitimadas por la complicidad
del aparato estatal, se puede anticipar la desaparición cultural de los
pueblos amazónicos y chaqueños, lo que nos conduce a identificar un
Etnocidio Petrolero en Bolivia.
Notas:
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