Revista THEOMAI   /  THEOMAI   Journal
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo / Society, Nature and Development Studies

 

número 8 (segundo semestre de 2003)  
number 8 (second semester of 2003)

                 

 

                         
Apuntes sobre la crisis argentina (mediados de 2002) (1)


Héctor Alimonda* y Ruy de Villalobos**


*
Sociólogo, CPDA/UFRRJ, Brasil, E-mail: hectorali@alternex.com.br ; **Economista, E-mail: rdevilla@argentina.com

 

Introducción

Quizás valga la pena reivindicar para este artículo un carácter “post-normal”. La noción de “ciencia post-normal” proviene de la problemática del análisis de riesgo ambiental, en condiciones de extrema incertidumbre. Esta incertidumbre está provocada por la cantidad de variables y de relaciones complejas de causalidad que constituyen los ecosistemas, así como por los condicionamientos técnicos de la intervención a ser implantada, que debe ser evaluada precisamente en la perspectiva de sus fallas, y de las implicaciones consecuentes de un accidente sobre aquellos ecosistemas (Gudynas, 2001). Como si esto fuera poco, en la perspectiva post-normal los investigadores asumen explícitamente que su análisis es portador de componentes subjetivos, que pueden llevarlos a exagerar la importancia de algunos temas, y a ignorar totalmente otras posibilidades, precisamente aquellas que (inefable Ley de Murphy mediante) pueden tener la mayor probabilidad de provocar catástrofes.

Todos estos riesgos están presentes en un texto que, durante el primer semestre de 2002, se proponga analizar, más allá de la crónica del día a día, la fenomenal crisis económica, política y social argentina desatada a partir de diciembre de 2001. Sin embargo, nos ha parecido que valía la pena asumir esos riesgos explícitamente, y poder ofrecer a los lectores interesados y a la crítica académica un análisis desde el seno de la crisis que, independientemente de sus carencias o inexactitudes, pueda contribuir a una mejor comprensión de lo que ha pasado y de lo que vendrá. Encaramos esta tarea con la convicción de que la crisis apenas ha comenzado. Aún no están claros sus desdoblamientos ni los perfiles de las estrategias de recuperación, y mucho menos sus costos o las alianzas sociales y políticas que podrían impulsarlas. Pero justamente por esta razón no es posible esperar a ver como se solucionan las cosas para recién entonces decretar que ha llegado el momento del análisis teórico a posteriori.

De allí que este texto recorra y acuda a diferentes perspectivas de análisis social. En un primer momento, se presentan temas que se refieren a un análisis de larga duración de la sociedad y de la economía argentinas, para indicar que, evidentemente, la crisis tiene raíces tan antiguas como la formación del país, contrariando la visión ultra-coyunturalista (por no decir ignorante) de la información económica más corriente. Es en ese contexto que presentamos la experiencia de integración regional del MERCOSUR. Esa presentación tiene dos carencias asumidas: por un lado, se limita a las líneas estratégicas más generales del problema, entendiendo que los lectores tendrán acceso a otras fuentes que trabajen con más detalles aspectos particulares o sectoriales del proceso de integración. Por otro lado, se refiere casi exclusivamente a la dinámica de las relaciones entre Argentina y Brasil, sin poder dedicar atención más enfocada a los países menores. Baste decir que tanto en Uruguay como en Paraguay la crisis argentina se hace sentir de múltiples maneras (inclusive por el contingente de ciudadanos de esas naciones residentes en la Argentina). Mientras Uruguay há respondido al "contagio" con su correspondiente “corralito” y estado de sitio (de dudosa eficacia), Paraguay ha pasado los últimos tiempos en virtual estado insurreccional, con marchas campesinas y huelga general en oposición a los paquetes de ajuste del gobierno.

Pasamos luego a presentar el desarrollo de la crisis económica argentina durante 2001 y 2002, tratando de ubicarla en perspectiva comparativa. A continuación, nos detenemos en la crisis política. Aquí nos pareció ineludible recurrir a un cambio de escala en el análisis. Desde la perspectiva macroeconómica debemos aproximarnos a un nivel analítico micropolítico, porque es justamente allí donde se está produciendo lo nuevo de esta crisis. Es tal el colapso del espacio tradicional de “lo político” (las instituciones estatales, los partidos del régimen) que recuperar su dinámica no aporta mayores consecuencias para una comprensión del proceso, basta con su constatación. No sucede lo mismo con la activación de un nuevo protagonismo social, de asambleas populares y de piquetes de desocupados, que instituye un cambio radical en la cultura política, independientemente de sus devenires futuros (Colectivo Situaciones, 2002).

Es cierto que las diferentes perspectivas y niveles que este texto intenta abordar “no cierran”. Creemos que esta es una consecuencia necesaria del carácter “post-normal” que reivindicamos para el mismo. Pero también es cierto que el “no cerrar” es una característica intrínseca de la sociedad del capitalismo avanzado, especialmente en su periferia: prometeprosperidad aumentando la expropiación y creando nuevos pobres, se legitima por mecanismos democráticos al mismo tiempo que vacía de contenidos a las instituciones políticas, nos satisface con espectáculos de satisfacción de deseos individuales al mismo tiempo en que aumenta la exclusión social.

Como decía en 1968 el pionero Guy Debord, “en estado avanzado de acumulación, el Capital se transforma en Imagen” (Debord, 2000).

 

Una crisis más en la periferia del capitalismo globalizado

A. La inserción sostenible de las economías periféricas: propuesta voluntarista e inviabilidad estructural.

La dinámica y magnitud de la acumulación de capital a escala mundial y su carácter cada vez más concentrado y centralizado constituyen atributos principales del proceso que actualmente se conoce como “globalización”.

Todavía en medio de un debate abierto sobre la naturaleza de este momento histórico del capital (2) y del rol de las grandes empresas de capital transnacional y su relación con el rol de los Estados centrales, las sociedades capitalistas periféricas ocupan un papel y un lugar cada vez más pasivo y sufren, descarnadamente, las consecuencias de los movimientos y ajustes del sistema en su conjunto.

Algunos señalan con propiedad que la capacidad de generación de excedentes del sistema en su conjunto está en franca decadencia desde hace por lo menos treinta años (ver A. Freeman, 2002) y que este proceso exacerba las tendencias a los movimientos especulativos salvajes a escala planetaria y, en particular, a “operaciones de rapiña” en economías periféricas.

En esta perspectiva, no solamente las operaciones de las grandes transnacionales, incluyendo los grandes conglomerados financieros, y las políticas de los Estados centrales juegan roles protagónicos sino que, también, la creciente influencia de los organismos internacionales (en rigor, “intergubernamentales”) configura una tendencia a un “discurso único” cuyas principales “instrucciones” para los estados nacionales periféricos son: (a) la apertura comercial, (b) la apertura de la “cuenta de capital” de sus balances de pagos y, concomitantemente, (c) la reducción del tamaño de la actividad estatal.

El "canto de las sirenas del establishment" insiste en prometer todas las bondades de la adecuada inserción internacional mediante la adopción de medidas librecambistas a ultranza. Elites interesadas o dirigentes políticos persuadidos por este objetivo aplican, más o menos articuladamente, estas recetas y el resultado es cada vez menos inserción de las grandes masas en los mercados de trabajo institucionales y en el acceso a los atributos mínimos de "ciudadanización" y crisis de ajuste recurrentes.

Otros (R. Dornbusch, 1999) ponen el énfasis en el atraso relativo de las estructuras institucionales y de los movimientos sociales en las sociedades periféricas como causa principal de la incapacidad de inserción sostenible de sus economías en el nuevo escenario de la economía mundial. En esta visión, la persistencia de “núcleos proteccionistas y corporativos” constituiría el principal obstáculo a la “modernización institucional” que sería el requisito para una adecuada inserción en la economía “globalizada”.

Más críticamente, unos pocos (Krugman, 1998) sostienen que, especialmente a partir de 1989, la regulación del sistema a escala mundial surgido de Bretton Woods ha terminado su ciclo. La velocidad, magnitud y libertad de los movimientos del capital financiero es y será fuente permanente de crisis severas en muchos países y, particularmente, en las "economías emergentes", a menos que se inventen y apliquen nuevos mecanismos de regulación económica "supranacionales".

Más allá de arbitrar entre estas posiciones, pues probablemente la actitud ecléctica sea la más adecuada para lograr una caracterización rigurosa de la realidad, el resultado persistente, recurrente y permanente de la mayor parte de las economías periféricas, durante los últimos cincuenta años, es el de fluctuaciones formidables de la actividad económica y el empleo, crisis catastróficas del sector externo, inflaciones descontroladas, y, en el último cuarto de siglo, una tendencia creciente al endeudamiento público externo a niveles insostenibles (3).

Llama la atención al historiador del pensamiento económico que, en estos análisis, parecen haberse olvidado debates clásicos sobre el adecuado grado de apertura de economías emergentes (p.ej. toda la literatura sobre las "industrias nacientes" del último tercio del siglo XIX) o posturas más recientes (p.ej. CEPAL, 1954) que abogaban por la introducción de fuertes medidas paliativas frente a la competencia externa de subsistemas con mucha mayor productividad durante "plazos adecuados".

El "discurso único" es un artilugio apologético actual: estas cuestiones están presentes desde las primeras etapas del capitalismo moderno y su expansión internacional. En rigor, coincidimos con Krugman (1998) en que es altamente probable que, en esta etapa histórica, toda "inserción incondicional" de economías periféricas sea inviable e inconsistente con los modestos y clásicos objetivos de la política económica nacional desde la segunda post-guerra: a saber, pleno empleo de la fuerza de trabajo y relativa estabilidad macroeconómica.

De esto se trata. De establecer una línea divisoria entre, por un lado, los intereses de segmentos del capital internacional "de rapiña" y los "ideólogos " ingenuos o no y sus seguidores y, por otro lado, la alternativa de fuerzas sociales y políticas en las sociedades periféricas que anteponga al "discurso único" políticas económicas focalizadas en la protección de intereses nacionales y, primordialmente, del trabajo pleno y la integración social.


B. Medio siglo de infructuosa inserción de la economía argentina en el mundo. Crisis recurrentes de similar naturaleza y diferente apariencia

La economía argentina es un ejemplo paradigmático y casi emblemático de los procesos y dilemas descriptos anteriormente.

En un trabajo reciente (Gambina et al, 2002) se afirma : “La vulnerabilidad de la economía en la Argentina tiene un eje central en el sector externo, y más particularmente en las condicionantes de la apertura externa que surgen desde la crisis de mediados de los ´70. El fenómeno se despliega mediante la apertura importadora y de la cuenta de capitales, determinando un proceso creciente de dependencia del ingreso de capitales del exterior para equilibrar el déficit del balance de pagos…Estos capitales contaron con el apoyo de los organismos financieros internacionales, que presionaron sobre los sucesivos gobiernos…fundamentalmente durante la década de los ´90 se concentró en la reforma estatal, ..las privatizaciones, en el régimen de convertibilidad y en la apertura de la economía. Endeudamiento creciente y fuga de capitales renuevan un círculo vicioso de concentración de la riqueza y extensión de la pobreza”.

Más allá de reconocer lo adecuado de la anterior descripción, es necesario refelexionar sobre una conclusión posterior de los mismos autores según la cual “El clásico mecanismo que funcionó durante gran parte del período sustitutivo de importaciones (stop and go) hasta 1976, en el que la necesidad de divisas era consecuencia del aumento de las importaciones en las etapas expansivas y de la incapacidad de generarlas sin las habituales correcciones cambiarias…fue reemplazado por otro (negritas nuestras) en el que independientemente de los ciclos económicos era constante el requerimiento de las mismas para sostener el nuevo patrón de acumulación…que era y es convergente con el modo actual de acumulación capitalista en escala global”.

A riesgo de no interpretar correctamente estas afirmaciones, las mismas sirven para señalar que esta línea de argumentación podría contener un sesgo discutible en la interpretación del funcionamiento del sistema y en la identificación de factores causales en estos procesos. Por un lado, el denominado "modo actual de funcionamiento del sistema" no es diferente al "modo permanente de funcionamiento del sistema": esto es, la búsqueda constante de formas de valorización del capital (con fuerzas ciegas y descoordinadas). En todo caso, existen diferencias de forma pero no de contenido. Por otro lado, los impactos en las economías periféricas son diferentes según sean las estructuras particulares de cada formación social. Poner la responsabilidad de las crisis y el modo particular de acumulación y distribución solamente "afuera" implica desconocer la enorme importancia que tienen las estructuras económicas y políticas domésticas. Los riesgos de estas posiciones son conocidos: se construyen posiciones de "nacionalismo ingenuo" y se fabrican "contradicciones principales con lo extranjero" en las cuales se asegura la inimputabilidad de los sectores dominantes locales.

Poco tiempo atrás se acuñó la frase "Cada país tiene el FMI que se merece" (Aldo Ferrer, 2002). De esto se trata también: si la expansión del capital imperial en el siglo XIX encontraba sociedades desarticuladas y débiles, la acción inmediata era la de su transformación en colonias. Si por el contrario, encontraba sociedades con estructuras internas fuertes, las opciones eran otras (p.ej. comparar Africa con el Japón, o con las mismas sociedades iberoamericanas). Actualmente, se reconocen acciones muy diferentes del establishment mundial ante sociedades como la Argentina o el Ecuador respecto a las que se adoptan frente a la China, Australia o la misma Rusia.

De hecho, cualitativamente no ha variado el carácter de las crisis en la Argentina. Las formas pueden haber cambiado pero la sustancia se mantiene: la economía es incapaz de insertarse exitosamente en la economía global y gran parte de la responsabilidad de este fracaso permanente reside en la incapacidad de arbitrar entre intereses y definir estructuralmente y por períodos largos un grupo de ganadores y otro de perdedores netos en esta sociedad.

Los síntomas más evidentes de estos empates entre fracciones fueron tanto la recurrencia del fenómeno inflacionario (1969-1992) y su consecuente tributo compulsivo a las masas trabajadoras como las altísimas tasas de desempleo abierto y de subocupación (de entre un 18% a un 35% respectivamente) que también afectaron a los estratos mayoritarios “amparando” la estabilidad monetaria conseguida entre 1993 y 2001.

Vale recordar que en el período de las políticas de “stop and go” también se beneficiaba al capital multinacional (y a grandes fracciones del capital local). La cuenta corriente enfrentaba enormes salidas de capitales a causa de las remesas de utilidades de empresas extranjeras que, amparadas por las políticas nacionales, se financiaban con ahorros internos y eran hegemónicas en casi todas las ramas de la producción. La caída de los salarios reales posterior a cada crisis de devaluación financiaba estos envíos. Y durante esos años el “sector público” era ocupado sistemáticamente por usurpadores de facto que respondían obviamente no a los intereses y necesidades de las grandes mayorías sino a los intereses de fracciones del capital en puja permanente. En pocas palabras, ¿En qué se diferencian los principales actores del sistema con los que actualmente estarían “reemplazando” un modelo por otro?

No hay duda de la importancia de los intereses externos en la explicación de los obstáculos a la acumulación y crecimiento económico argentino, pero estos intereses solamente han prevalecido a causa de las alianzas con sectores e intereses argentinos que, persiguiendo objetivos sectoriales y de corto plazo, dejaron de lado toda preocupación por la sostenibilidad a largo plazo de una economía y una sociedad integrada (en otras épocas, lo que se denominaba un "proyecto nacional").

En cada crisis, los ganadores (o menos perdedores) buscan refugio en la exportación de capitales. Los perdedores sistemáticos son los trabajadores y/o los desocupados: en la inflación, porque pagan a través de sus efectos los déficits del resto, en la estabilidad de precios, porque pagan los costos de no inserción con tasas elevadísimas de desempleo abierto y/o de desocupación encubierta (ambas entre el 25% y el 40% de la fuerza de trabajo).

Los más grandes perdedores: las futuras generaciones de argentinos criados en condiciones de semi-marginalidad, arrastrando secuelas de desnutrición, enormes deficiencias educacionales y de capacitación, incorporando anomia en sus vidas cotidianas y sentando las bases para una mucho mayor dicotomía social y cultural.

En una visión de largo plazo, creemos que la vulnerabilidad de la economía argentina es esencialmente la misma desde el abandono del proceso sustitutivo de importaciones liderado por intereses nacionales y del abandono de todo intento serio de construir un mercado ampliado relativamente protegido para la producción nacional, propugnado con absoluta claridad desde fines de la década de los ´40 (CEPAL, 1948-54).

Como analizamos más adelante, la creación del MERCOSUR constituye quizás la última posibilidad de las dos economías más importantes de Sudamérica de construir el "espacio de mercado integrado" que permita, desde posiciones de mayor poder económico y político, lograr una inserción sostenible y exitosa en la economía mundial. Tal inserción será exitosa si asegura, principalmente, el despliegue de las potencialidades de desarrollo productivo, el pleno empleo y la estabilidad macroeconómica en una sociedad con una equitativa distribución del ingreso.


C. El “modelo de la convertibilidad”: génesis de la crisis de mayores proporciones para la sociedad argentina en el último medio siglo

La presentación ante el público en general del denominado "Plan de Convertibilidad" fue simple y efectiva (y no por ello menos falaz). A saber: (a) Por cada dólar en las arcas del Banco Central se emitirá un peso y esto "asegura el respaldo de la moneda nacional" (4); (b) El Banco Central no financiará al Tesoro Nacional y esto asegura " que no habrá emisión e inflación"; (c) El dólar puede ser usado como medio de pago en las transacciones internas.

Estos elementos configuraron un sistema no solamente de tipo de cambio fijo (como usualmente se quiere resumir al modelo de convertibilidad) sino también, un sistema bimonetario (de hecho y de derecho). La autorización a abrir y mantener depósitos a la vista y a plazo fijo en moneda extranjera, consolidó el carácter bimonetarista del esquema.

Después de tres fuertes episodios de hiperinflación (mayo y julio de 1989 y diciembre de 1990), en el marco de un largo período de inflación galopante, la propensión a adherir a estos "slogans" era altísima. La tasa de cambio establecida a la paridad 1 por 1 y la elevada cantidad de dólares atesorada por el público desde años atrás generaron condiciones muy convenientes para la imagen del nuevo programa. No sorprende, entonces, la enorme adhesión que el programa consiguió rápidamente.

Tal adhesión fue también conseguida entre los economistas y principales agentes económicos del "establishment". En este caso se agregaron a la propuesta básica el anuncio de las políticas de apertura comercial, las políticas de privatización de empresas y patrimonio público y las políticas de tercerización de la seguridad social con su correlato de apertura de grandes oportunidades de negocios para nacionales y extranjeros y para los sectores financieros en particular.

Claro, para legos y no legos, no se explicó cómo se financiaría un déficit estructural de las cuentas públicas el cual, ya entonces, implicaba niveles de gasto público significativamente inferiores, en términos reales, para financiar los mínimos niveles aceptables de gasto en Salud, Educación, Previsión Social, Seguridad, Defensa y Justicia en una sociedad moderna. Tampoco se explicó a nadie que el financiamiento de ese déficit se haría recurriendo a bonos expresados en moneda extranjera y que las disponibilidades de divisas se conseguirían a través del endeudamiento público (entre otros, con organismos internacionales de crédito) y convirtiendo a los ahorristas domésticos en divisas en financiadores involuntarios de este sistema.

Los primeros tres años de la "convertibilidad" son presentados como el "milagro argentino". Efectivamente, la actividad económica creció a tasas superiores al 6 % (medida por el incremento del PBI), se produjo una ola masiva de ventas de empresas públicas y patrimonio estatal y una afluencia formidable de ahorros privados en dólares al sector financiero. La contraparte se encuentra en que los déficits fueron encubiertos por la venta de los capitales acumulados por el estado a lo largo de décadas y que tales ventas se realizaron a "precio vil" o, por lo menos, a precios sumamente inferiores a los registrados en otros países del continente (p.ej comparar privatización de telefónicas en México y Brasil con el caso argentino). También en el hecho que las tasas de interés internas se mantuvieron sistemáticamente por encima de las internacionales y que pese al incremento del PIB, sospechosamente el empleo se estancó o comenzó a descender.

El "milagro" ya presentaba puntos oscuros y la propaganda oficial (y la de los supuestos analistas económicos del establishment) nunca se detuvo a señalar que se producían cierres en cadena de medianas y pequeñas empresas industriales, crisis del comercio de mediana escala y un aumento sostenido de la población desocupada. Por cierto, los indicadores objetivos de eficacia en la prestación de servicios sociales básicos como educación pública, salud y vivienda nunca mejoraron (y hasta se deterioraron) en los "mejores años " del modelo.

La vulnerabilidad del esquema de convertibilidad a los flujos netos de capital estaba dada desde el principio (Conesa, E., 2000). En rigor, todo esquema de "tipo de cambio fijo" encierra esta falencia a menos que de partida se cuente con enormes reservas y/o se produzca un superávit suficiente de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y esta circunstancia nunca se dio en la Argentina: de hecho, nada permitía pensar que se pudiera dar pues se produjo una formidable afluencia de importaciones indiscriminadas (causadas por demandas reprimidas y la apertura comercial) y el creciente peso de las salidas de divisas generado en la cuenta de servicios reales (p.ej. turismo) y financieros (p.ej. los servicios de la deuda externa ). Ciertamente, la sobrevaluación del peso, generada por el modelo, ni estimulaba las exportaciones ni desestimulaba las importaciones, agregando mayores restricciones a las cuentas externas.

En consecuencia, la economía solamente crecería si el financiamiento externo compensaba o sobrecompensaba los déficits de cuenta corriente. De otro modo, la actividad se contraería. Y esto se observó claramente en 1995 (crisis por “efecto tequila"), en 1997 (crisis por efectos asiático y ruso) y a partir de 1999 (crisis por efecto Brasil) hasta la actualidad, con una recesión convertida en depresión en los últimos meses. En esta última fase, el costo del financiamiento externo se incrementó significativamente desde al menos dos años antes al desenlace de la crisis con consecuencias aún más negativas sobre el nivel y dinámica de la actividad económica global.

La vulnerabilidad estructural del régimen se acentuó con la terminación del proceso de venta del patrimonio público, con las modificaciones al régimen previsional (AFJP) y la reducción de los aportes patronales al sistema que aumentaron el déficit fiscal y con la persistente incapacidad por incrementar la recaudación fiscal a partir de impuestos que gravasen a los estratos sociales de mayor poder económico.

Ya desde mediados de la década de los ' 80, en la Argentina los impuestos recaudados no alcanzaban para cubrir los gastos públicos (que a su vez eran insuficientes para cubrir las demandas sociales) y la evasión principal se identificaba en los ricos, que pagaban poco y nada de los impuestos al patrimonio y a las ganancias. Estos ricos, paradójicamente, eran los principales demandantes de los bonos públicos, expresados en dólares, cuyos rendimientos estaban (y aún están) exentos del pago del impuesto a las ganancias. Un círculo no precisamente virtuoso de funcionamiento del sistema económico...

Los enormes prestamos obtenidos por la Argentina de los organismos internacionales de crédito (FMI, BIRF y BID) durante la década de los ´90 ( en particular en su segunda mitad) no hicieron mas que prolongar la agonía de un sistema inviable. La complicidad o ceguera de estos organismos es todo un tema para el análisis pero, indudablemente, el endeudamiento masivo para pagar deuda previa en estas condiciones estructuralmente insostenibles no parece una política defendible bajo ningún contexto.

El "modelo de la convertibilidad" puede haber sido un experimento exitoso de estabilización de precios y como tal debería haber durado lo que dura un proceso de estabilización coyuntural: no más de dos o tres años. En esta afirmación dejamos fuera los procesos concomitantes al modelo: privatizaciones, apertura comercial indiscriminada, tercerización de la seguridad social, etc. y solamente nos referimos al tipo de cambio fijo, al bimonetarismo y a la política monetaria estricta.

Su mantenimiento por un período mucho más largo y los demás atributos del régimen fueron la causa principal de la prolongada recesión y depresión económica argentina desde 1999 y el prolegómeno inevitable a la formidable crisis actual.

 

El Mercosur y la economía Argentina

A. El origen del MERCOSUR y la economía argentina: paradojas y oportunidades.

Un texto del entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, a pesar de un optimismo quizás excesivo, destaca con justicia tanto la continuidad de la propuesta de la integración regional en relación a la tradición del pensamiento latinoamericano, como su particular desfasaje cronológico, que la llevó a concretarse en un contexto de globalización y aperturas indiscriminadas de las economias periféricas:

“No obstante, en el pasaje de la década del 80 para la del 90, en pleno boom del llamado neoliberalismo y en el reino de la globalización de la economía, la convergencia de las políticas nacionales de desarrollo de Argentina y de Brasil, dió, de repente, de forma antes insospechada, nuevo aliento no sólo a la práctica de políticas comerciales y tarifarias en común, sino de un verdadero ‘mercado común’. La presencia de Uruguay y de Paraguay en el Tratado de Asunción, el interés de Bolivia y el permanente noviazgo con Chile parecen dar sustentación, hoy, al sueño de Raúl Prebisch: un mercado ampliado, complementario, competitivo (interna y externamente), capaz de permitir especialización y de continuar negociando hacia afuera con la economia mundial” (Cardoso, 1993, pág. 30).

Es cierto que el proceso de integración entre Argentina y Brasil se inició con una inspiración cepalina. En 1986 comenzaron a firmarse los protocolos sectoriales que vendrían a constituir el Programa de Integración y Complementación Económica (PICE). Se trabajó con una lógica gradualista, privilegiando los acuerdos sectoriales estratégicos (industria automotriz, bienes de capital, industria nuclear, industria aeronáutica, biotecnologías, informática), que irían abriendo posibilidades de cooperación tecnológica y de integración intra-industrial. De esa forma, el proceso de integración tenía un componente regulador central, que podía fácilmente confluir en un proyecto conjunto de desarrollo, al mismo tiempo que atacaba los dos problemas cruciales que la doctrina de la CEPAL diagnosticaba para la industrialización latinoamericana: la incorporación de tecnología y la escala limitada de los mercados nacionales. En esa segunda mitad de la década de 1980, el comercio bilateral registró importantes avances, y puso en evidencia la potencialidad del proceso.

Sin embargo, en 1989/90 hubo nuevos gobiernos en ambos países, inspirados por la doctrina de la apertura económica y la liberalización de los mercados. Sin abolir los protocolos del PICE, fue adoptada otra mecánica de integración, definida en marzo de 1991 en el Tratado de Asunción, del que participaron también Uruguay y Paraguay (5). Aquí se adoptó un sistema automático de liberación comercial, mientras se estableció a la lógica del mercado como el instrumento básico dinamizador de la integración.

Al mismo tiempo, la apertura comercial en relación al resto del mundo generaba mayor escepticismo en relación a la viabilidad de la expansión del comercio subregional. Y los respectivos gobiernos procedían a desmontar sus propias capacidades de regulación, así como a ahogar con cortes presupuestarios a los proyectos de colaboración tecnológica.

Lo paradójico de la situación fue que los intercambios en el interior del bloque subregional se incrementaron en ritmo y volúmenes inéditos. Rápidamente Brasil pasó a ser el primer socio comercial de Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que Argentina pasó a ocupar el segundo lugar en las exportaciones brasileñas. El intercambio de Argentina con los países del MERCOSUR era del 8% de sus exportaciones en 1986; diez años más tarde había saltado al 25%. En el mismo lapso, las exportaciones brasileñas al MERCOSUR pasaron del 5 al 14% de su comercio exterior (6) .


B. MERCOSUR y el “modelo de la convertibilidad”. Coexistencia y contradicciones

Pocas semanas después de la firma del Tratado de Asunción, Argentina adoptó la “política de convertibilidad”, que equiparó por ley el valor de la moneda nacional al dólar. Como ya se ha dicho, esta política acompañó el proceso de apertura comercial, aumentando exponencialmente las importaciones y dificultando las exportaciones. Una muestra de la potencialidad económica del MERCOSUR fue el hecho de que durante casi toda esta década la Argentina, a pesar de la rigidez cambiaria, consiguió tener saldos comerciales positivos con Brasil (en realidad, el único saldo positivo de su balanza comercial).

Además de la notable expansión comercial, la existencia del espacio económico común se transformó en una alternativa interesante para los inversores externos. “La Inversión Extranjera Directa (IED) en el MERCOSUR tuvo un notable incremento, pasando de un nivel de U$S 4.987 millones en 1993 a los U$S 14.179 millones en 1996. La proyección de la tendencia de la IED en la subregión la ubican en un nivel cercano a los U$S 20.000 para el año 1997, lo que equivale a un aumento del 41% sobre los registros de 1996”(Cimadamore, 2001, pág. 237).

Junto con este flujo de inversiones orientado al mercado subregional, fue muy intenso a lo largo de la década el proceso de asociaciones y fusiones de empresas, en la dirección de un reacomodamiento estratégico en la perspectiva del mercado subregional. “Solamente en Argentina y Brasil hubo, entre 1990 y 1998, un total de 428 fusiones en sectores claves de la economía, tales como alimentos y bebidas (89), automotriz y autopartes (40), comunicaciones (35), financiero (83), materiales eléctricos y de comunicaciones (26), metalúrgico (34), químico (68) y servicios (53) (Cimadamore, ídem).

A pesar de los buenos indicios que estas cifras pueden sugerir, a lo largo de la década el MERCOSUR arrastró una serie de problemas no resueltos, que se pusieron en evidencia a partir de 1999, con la devaluación del real y, posteriormente, con la profundización de la crisis argentina.

Sin duda, el modelo de convertibilidad adoptado por la Argentina, con su rigidez cambiaria y su imposibilidad de formular una política monetaria, constituyó una traba significativa para la posibilidad de efectuar avances en términos de coordinación macroeconómica y, eventualmente, en la posibilidad de definir políticas cooperativas de desarrollo. Pero esta circunstancia se vió agravada, además por una particularidad del MERCOSUR (que contrasta notablemente con la otra gran experiencia integracionista sudamericana, el Pacto Andino): la ausencia casi absoluta de instituciones comunitarias o de gestión del bloque regional, inclusive para la solución de controversias. Una y otra vez, especialmente a partir de 1999, conflictos comerciales sectoriales entre Argentina y Brasil (como calzados, textiles, pañales) apelaron para su solución a la comunicación directa entre los presidentes de ambas repúblicas.

En otro orden de cosas, la consolidación del bloque se vió afectada por la definida vocación del gobierno Menem por constituirse como aliado extra-OTAN de los Estados Unidos, y su seguimiento sistemático de la política exterior de esa potencia. Esta tendencia, que echó por tierra el importante antecedente constituido por el acuerdo de consulta previa entre ambos países para acciones internacionales, establecido en 1986, introdujo una permanente ambiguedad en el interior del bloque, especialmente en relación a la perspectiva de formación de un Area de Libre Comercio de las Américas.


C. MERCOSUR: la devaluación del real y el inicio de la crisis actual de la Argentina

Fue en este contexto que, en enero de 1999, Brasil estableció la libre flotación del real en relación al dólar, que se tradujo en el corto plazo en una devaluación nominal del 80% y en una profunda recesión económica. El MERCOSUR pareció herido de muerte, ya que la Argentina se indignó ante el hecho de que una medida de esta dimensión se hubiera tomado en forma inconsulta.

Las previsiones más pesimistas no se cumplieron, ni siquiera las de una invasión del mercado argentino por productos brasileños. De hecho, hubo una caída general de los volúmenes de comercio, por causa de la recesión. Pero en ese contexto, algunos sectores de la economía argentina, como los lácteos, consiguieron aumentar significativamente sus ventas a Brasil.

En realidad, lo más negativo del proceso del año 1999 fue la introducción de un factor de descreimiento en relación a la sostenibilidad del proceso subregional de integración. En ese sentido, sus efectos se hicieron sentir sobre las expectativas de los agentes económicos y, por lo tanto, sobre las decisiones de inversión.

El gobierno De la Rua comprendió con alguna claridad que el espacio subregional constituía un atributo necesario para cualquier política verosímil de recuperación económica. A tal efecto, se realizaron gestiones orientadas a lo que se llamó un “relanzamiento del MERCOSUR”, que apuntaban, inclusive, a la formulación, para marzo de 2001, de una agenda de negociaciones sectoriales, recuperando la lógica del PICE.

Pero marzo de 2001 fue, en cambio, la fecha del retorno de Domingo Cavallo a la conducción de la economía argentina. Cavallo inauguró su gestión con medidas heterodoxas, como gravámenes arancelarios, que contaron en un primer momento con la tolerancia del gobierno brasileño, a pesar de la furia de sectores empresariales (7). Además, a lo largo de su gestión, Cavallo demostró haber elegido a Brasil como chivo expiatorio de las dificultades que afrontaba su modelo de convertibilidad, abundando en declaraciones inconvenientes y exhabruptos que dieron lugar a malestar en Brasilia y a protestas malhumoradas de Itamaraty.

 

La Crisis: cronología y caracterización

A. Fenomenología de la crisis: depresión y deflación, déficit fiscal creciente, ausencia de crédito, fuga de depósitos, cesación de pagos

Después de los primeros cinco años del régimen de convertibilidad, durante los cuales se registró un dinámico proceso de crecimiento de la actividad global, la evolución del PBI mostró un comportamiento fluctuante relacionado directamente con los shocks externos y, desde 1998, un estancamiento progresivo. Hacia fines de 1999, con el nuevo Gobierno tomando el poder, el estancamiento se mantenía acompañado de un proceso deflacionario y de un incremento progresivo del costo del financiamiento externo (p.ej. la inversa del denominado "riesgo-país").

La desocupación abierta oscilaba en torno al 20%, la "economía subterránea" había crecido a niveles pocas veces registrados anteriormente, el endeudamiento externo también había alcanzado niveles inéditos en la historia y la sensación de impotencia ante el despilfarro y la dimensión de prácticas corruptas en el Gobierno generaron un fuerte apoyo a las propuestas de la coalición opositora al partido del presidente Menem.

El Gobierno de la Alianza asumió, entonces, en un contexto de desesperanza por la prolongada recesión y con fuerte apoyo de amplias capas populares que esperaban una reversión de la situación basada en la llegada de un Gobierno "decente".

El cambio de expectativas no fue aprovechado por el nuevo Gobierno. El diagnóstico realizado por las autoridades económicas puso énfasis en la disminución del déficit fiscal a través de la reducción del gasto público como medio principal para ganar la confianza de los "mercados" y permitir que se produjeran tanto nuevas inversiones como financiamiento al sector público, manteniendo el tipo de cambio fijo y también otros atributos del "modelo de la convertibilidad".

Algunas voces aisladas (Conesa, 2000) inmediatamente advirtieron sobre los peligros de retomar el rumbo propuesto por los economistas y apologistas del "establishment". Pero fueron minoritarias. La necesidad de atacar varios frentes de desequilibrio no fue asumida en plenitud por los responsables del área económica y, mucho menos, por el presidente de la Rúa y su entorno.

En efecto, aún con todas las rémoras del régimen, hubiera sido posible actuar con vigor y rapidez en el frente externo (p.ej. vía política comercial) y en el interno, mediante una efectiva lucha antievasora y/o la reversión del absurdo régimen privatizado de seguridad social, para revertir los déficits más flagrantes y generar una situación de equilibrio fiscal y de mayor competitividad o protección efectiva a las actividades productivas internas.

Nada de esto ocurrió. Se recortó el gasto público y esto produjo tanto una caída de la actividad (que había empezado a recuperarse levemente hacia fines de 1999) como la consecuente merma de la recaudación y el mantenimiento o aumento del déficit fiscal, mientras los signos de desconfianza de los "mercados" se hacían cada vez más evidentes (8). El costo del financiamiento al Estado creció abruptamente y el precio de los bonos argentinos comenzó un derrumbe ininterrumpido. A poco menos de un año de asumido, el Gobierno perdió al Vicepresidente. La crisis política anticipaba a la crisis económica no resuelta y todavía no desencadenada.

Hacia Febrero de 2001, se produce la renuncia sorpresiva del Ministro Machinea quien lideró el proceso de "más de lo mismo" y escapó "a tiempo" para evitar verse envuelto en una crisis de proporciones como la que soportó en Febrero de 1989, cuando ocupaba el cargo de presidente del Banco Central en el gobierno de Alfonsín. Lo sorpresivo de su salida se confirmó con las desafortunadas e improvisadas medidas adoptadas por de la Rúa: en menos de diez días nombra dos ministros de economía y se queda con el autor intelectual y gerente del "modelo de la convertibilidad", Domingo Cavallo. Políticamente fue entregar el Gobierno a uno de sus principales opositores (9) .

Cavallo asume con el crédito obtenido por sus logros entre 1991 y 1995, lo cual le otorga tanto un período de tregua como crédito en el frente interno como en partes del establishment financiero internacional. Este crédito parcial en los mercados internacionales, se ve rápidamente redimensionado por las posiciones cada vez mas duras de la administración Bush. El secretario O'Neill pasa a ser un portavoz, no precisamente delicado, de las posiciones más duras del sistema financiero y de sus operadores en el aparato estatal de la potencia mundial hegemónica: "no haremos pagar a nuestros plomeros y carpinteros contribuyentes por los desmanes de los ricos de países emergentes". En otras palabras, todo apoyo a una operación de salvataje financiero como la realizada con México en 1994 quedaba descartada desde el principio (ver más adelante sobre esta temática). Cavallo, sin embargo, parece apostar a lo inviable: refinanciar, en condiciones de mercado, la deuda pública argentina que ascendía a casi 70 mil millones de dólares (el “megacanje”). Mientras tanto, luego de algunos vanos intentos por introducir medidas reactivadoras, la caída de la actividad se mantiene y Cavallo inventa la "política del déficit cero", siguiendo los pasos, aunque exageradamente, de sus antecesores. Los precios de los bonos continuaban cayendo, salvo algunos pequeños repuntes, a lo largo del período.

En Noviembre se concluye el "megacanje" en condiciones leoninas. A partir de ese momento, un proceso que se inicia poco después de la asunción de Cavallo, se agudiza en forma indomable: los depósitos del sistema financiero huyen del país. Se produce una caída fenomenal de los depósitos a la vista y de los plazos fijos que alcanza, en el periodo que va de Marzo a Noviembre de 2001 a los 35 mil millones de dólares. Los mercados no solamente indican que la gestión de Cavallo ya había perdido credibilidad a través de la caída del precio de los bonos públicos sino también mediante el retiro de depósitos del sistema financiero.

Esta fuga de depósitos se extiende tanto a las cuentas expresadas en dólares como a las cuentas denominadas en pesos. Las reservas del Banco Central se reducen también significativamente: la crisis está por desencadenarse.

La "heterodoxia" cavallista no admite límites y a fines de Noviembre el ministro prohibe a los depositantes retirar más del equivalente a $ 1200 por mes de sus cuentas. Se instaura el denominado "corralito" financiero como medida extrema para frenar la fuga de depósitos. Pocos días más tarde, ante saqueos y revueltas en el conurbano de Buenos Aires, se produce la enésima "gaffe" del presidente de la Rúa quien agravia una vez más a las clases medias imponiendo el estado de sitio. Las cacerolas de estos sectores sociales que lo habían votado, son el instrumento para lograr la renuncia de Cavallo y pocas horas después, del mismo Presidente. La crisis sigue su curso y abre su primer flanco político.

Entre el 20 de diciembre y fines de 2001, la ausencia de Vicepresidente y la incompleta reglamentación de la Ley de Acefalía generan un "carrousel" de primeros magistrados. Antes de fines de año, el presidente Rodriguez Saá , quien renunciaría siete días más tarde, anuncia entre gritos de júbilo de la mayor parte de los legisladores, la cesación de pagos de la deuda pública argentina. El tan temido "default" era ya un hecho. La crisis está apenas comenzando.


B. Análisis comparativo con crisis y devaluaciones de los últimos diez años

La crisis argentina es la última, cronológicamente, de una serie de crisis que han afligido a distintos países en los últimos diez años.

El período de análisis debería iniciarse, en rigor, a partir del "fin de la guerra fría" emblematizado por la caída del muro de Berlín, en 1989.

Esta elección no es casual: de hecho, marca el punto en que la potencia hegemónica mundial deja de financiar países en dificultades por temor a la propagación del "peligro comunista". Y no solamente a países de la periferia (en los cuales, además de financiamiento, se incluia el entrenamiento de las fuerzas armadas "locales" para desencadenar represiones violentas de la protesta social) sino también a países centrales con recurrentes crisis de balanza de pagos (p.ej. Italia, España, Gran Bretaña, etc.).

Ciertamente, el proceso de desaparición de la "tradicional clase política" italiana (con “mani sporche o pulite") es la primera manifestación política de la crisis económica generada por la interrupción del financiamiento "de respaldo" que el Tesoro de EEUU, directa o indirectamente, concedió durante décadas a la Democracia Cristiana italiana, garante de la "democracia" de este lado del Adriático.

Por cierto, el Tratado de Maastrich y los acuerdos obtenidos por los principales países de la Unión Europea son la respuesta europea a este cambio de escenario mundial. Previamente, se desencadenan una serie de devaluaciones en el viejo continente.


B. Devaluaciones en Países Centrales

En efecto, en 1992, tanto Gran Bretaña como Francia enfrentan serias presiones contra sus monedas y esto obliga tanto a la devaluación de la libra esterlina como al arrastre de la lira italiana y de otras monedas menores y el inicio de una fuerte recesión en Francia y Alemania, quienes eligen el camino de mantener el valor de sus monedas a costa de desempleo y crecimiento.

Más allá de entrar en precisiones casi anecdóticas (p.ej. la especulación Soros contra la libra esterlina), estas crisis encuentran su principal explicación en los altos niveles de desempleo registrados desde mediados de los '80 en Gran Bretaña, Italia y España. La sobrevaluación de estas monedas generaba pérdidas importantes de competitividad y esto redundaba en un persistente desempleo de la fuerza de trabajo con los consiguientes impactos fiscales y el malestar social. La "camisa de fuerza" del Sistema Monetario Europeo prolongó por demasiado tiempo esta situación que se resolvió mediante la devaluación.

Claro, las "correcciones" cambiarias iniciales no superaron el 15 o 20% y fueron seguidas casi inmediatamente por la aparición de los efectos "benéficos" de toda devaluación: p.ej. crecimiento de exportaciones, limitación de importaciones, aumento del empleo interno y ganancias de productividad y producción.

En breve, se produjeron costos sociales moderados y ajustes a nivel político, pero todo siguió un curso "normal" y poco tiempo después, los tipos de cambio se equilibraron en valores "permanentes" que permitieron avanzar en el proceso de unificación de las monedas nacionales.

En síntesis, se trató de una crisis externa causada por la corrección de "elementos fundamentales" del sistema económico (Krugman, 1997) y con efectos positivos benéficos obtenidos poco tiempo después de la devaluación.


B. Devaluaciones y Crisis en Países Periféricos

Tales consecuencias no se dan, sin embargo, en los países periféricos. Krugman (1997) sostiene crudamente que " La primera lección es que los países en vías de desarrollo no pueden jugar el mismo juego. Toda tentativa de devaluar la moneda modestamente ha fallado repetidamente porque la pequeña devaluación inicial pone en movimiento un círculo vicioso en el cual las expectativas de una aún mayor devaluación se convierten en una profecía autocumplida".

"No hay pequeñas devaluaciones en los países emergentes" decía Krugman (1997) después de la crisis de México de 1994 y a las puertas de las crisis del este asiático (1997). Se podría afirmar, ironizando, que a nadie le pasaría por la cabeza que la Monarquía podría caer o el Big Ben dejar de sonar por la devaluación de la libra. Por el contrario, la caída de regímenes de larga data (p.ej. Sukarno), el asesinato de líderes políticos (p.ej. México), la cancelación de garantías constitucionales y políticas, etc. son atributos casi "necesarios" en las crisis de países de la periferia en este período histórico. El pánico resultante inmediatamente amplía los alcances y la propagación de la crisis.

Basta recordar que la corrección cambiaria en México fue del 15% pero tres meses después se encontraba en mas del 50% y con un proceso inflacionario casi fuera de control y el sistema financiero quebrado.

Similares procesos se observan en las crisis de Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y Filipinas y en la posterior (1998), de Rusia. Lo más interesante (o paradójico) de estos procesos recientes es la heterogeneidad de situaciones de partida que, sin embargo, desembocaron en la uniformidad de crisis externa, crisis financiera y casi siempre en profundas crisis fiscales y del sistema político.

No es casual que el FMI no "tuviera recetas" o que sus intervenciones hayan sido criticadas severamente en ámbitos políticos y académicos: estas crisis no se desenvuelven en forma "clásica" y las terapias convencionales no son, claramente, las más adecuadas.

En efecto, los países "ingresan" en las crisis con circunstancias muy diferentes: México y los países del Sudeste Asiático en fases expansivas de crecimiento económico mientras que Ecuador, Rusia y Argentina entran en fases recesivas o hasta en depresión económica, mientras que en los casos de Brasil y Turquía la situación era intermedia. Significativos déficits fiscales caracterizaban las economías de Rusia, Brasil, Ecuador y Turquía (y por supuesto, a la Argentina) pero ese no era un problema para México, Tailandia, Malasia, Indonesia o Filipinas. La deuda pública mexicana tenía niveles manejables, la deuda pública de los países del Sudeste Asiático era muy baja y todos presentaban equilibrio o superávit fiscal. Por el contrario, la deuda pública de Rusia, Ecuador y Argentina alcanzaba niveles de alrededor del 40 al 50% del PIB (lo que es muy inferior al coeficiente registrado en Italia o los mismos EEUU ) lo que "aparece" como peligroso en economías de la periferia. La deuda privada aparece como alta para México y los países del Sudeste Asiático pero es relativamente baja para el resto de los países analizados. La situación de desempleo es baja en casi todos los casos menos en Ecuador, Rusia y la Argentina.

En breve, la "típica" crisis por exceso de demanda generada por déficits fiscales y con la presencia de pleno empleo e inflación para la cual los expertos del FMI y los demás organismos internacionales aplican el "clásico" remedio de: (a) Ajuste Fiscal por vía de recorte de gastos; (b) Alza de tasas de interés; (c) Devaluación o, mas bien, flotación de la divisa y, a veces, control de salarios, no se refleja en puridad en casi ninguno de los casos analizados.

Por cierto, la "aplicación de sangrías" a los enfermos con alta temperatura en la medicina del Medioevo producía un descenso de la fiebre...y a veces, la muerte por falta de irrigación. En estos casos, la aplicación de políticas aún más recesivas a economías en franca depresión como la de Rusia, Ecuador, y por supuesto, la Argentina, parecen asegurar la salida de la enfermedad por las puertas que conducen al cementerio.

En todos los casos, sin embargo, el FMI apareció con sus recetas. Malasia fue el único caso en el que no solamente no fue llamado sino tampoco bien recibido. En ese caso, se impuso un conjunto de medidas heterodoxas (p.ej. control de cambios, ferreo control del movimiento de capitales, racionamiento y direccionamiento del credito, etc.) que generaron impactos positivos casi inmediatos sobre la economía . Solo después de algunos meses, estos controles se relajaron y los mercados volvieron a funcionar normalmente. En los demás casos todavía se discute si la "sangría" dio resultado o si la mejoría (que no es tal en Indonesia y el Ecuador) se produjo "a pesar del remedio".

No es arriesgado bautizar a estas crisis como "crisis hijas de la globalización". Se han producido en la primera decada posterior al fin de la guerra fría, en un contexto de amplia apertura comercial (con algunas excepciones en los países asiáticos y europeos) pero de indudable libre flujo de capitales financieros a través de las fronteras y desaparición casi completa de los regímenes de control de cambios y movimiento de capitales en casi todo el mundo. La fluidez de estos movimientos y su magnitud parece ser el elemento novedoso en la explicación de la altísima vulnerabilidad externa de los países no centrales. La ausencia de todo control y la resistencia explícita a iniciar una discusión sobre la regulación de este fenómeno es un rasgo permanente de los países centrales y del establishment hegemónico. Las víctimas de estas posiciones ya han comenzado a contarse por centenares de millones de seres humanos.

El caso argentino tiene características muy similares a los casos de Rusia y del Ecuador. De hecho, en los tres casos se entra en la crisis en plena recesión (aunque en el caso argentino ésta ya cobra características de depresión), con alto desempleo (aunque en el caso argentino, sin redes de protección ni una economía de subsistencia extendida como en el Ecuador), se sobrelleva un déficit fiscal significativo y con grandes rigideces a la disminución del gasto y/o al incremento de los ingresos y con sistemas financieros con alta exposición a los bonos públicos. En la Argentina, la "cultura de la dolarización" era, y es, mucho mayor que en los otros dos casos. En los tres casos, la crisis explota por el lado de la cesación de pagos de la deuda pública expresados en dólares.

Sin embargo, la crisis argentina se diferencia de ambos, posteriormente a la cesación de pagos y la devaluación, en los siguientes aspectos: (a) El sistema financiero queda intervenido por el Estado en forma asimétrica y arbitraria; (b) Desaparecen los derechos de los ahorristas a quienes se les priva del acceso a sus fondos durante siete meses (a la fecha), interrumpiendo la cadena de pagos y generando un efecto recesivo ampliado mucho mayor; (c) No aparece ninguna asistencia financiera externa ni intergubernamental ni privada.

La crisis argentina comienza a desenvolverse en un marco de aislamiento casi total. Para el "establishment" mundial hegemónico, ese es un efecto buscado para escarmentar a los "malos administradores" de los países periféricos y para "probar" ante el mundo que es posible "encapsular" estas crisis en un solo país. Para el Gobierno a cargo sobre bases legales pero poco legítimas, antes de siquiera intentar una opción sensata de "vivir con lo nuestro", se abrió un amplio espectro de acciones para redistribuir arbitraria y discrecionalmente los costos de la devaluación y la crisis generando "ganadores y perdedores" en maneras totalmente atípicas para este tipo de crisis.


C. Argentina: Devaluación y redistribución “arbitraria” de riqueza e ingresos: empates hegemónicos domésticos y nuevas alianzas con el capital transnacional

La descripción de las medidas de política económica adoptadas en el trimestre posterior a la declaración de cesación de pagos (Diciembre de 2001) no coincide, casi seguramente, con ninguno de los casos registrados de "default" y devaluación no solamente de los últimos diez años sino también de buena parte de la historia económica moderna.

Las marchas y contramarchas, las "idas y vueltas", la indecisión como característica permanente de la gestión de gobierno y la abundancia de medidas discrecionales que afectaron a grupos sociales y económicos determinados son una característica casi exclusiva de la crisis argentina. En rigor, tal atributo no hace más que reflejar características estructurales de la sociedad y la economía nacional y su reflejo en lo político.

La forma más legítima de evaluar un proceso de esta naturaleza es aquella en la cual es necesario ponerse de acuerdo sobre cual debería haber sido el resultado esperado de la "cesación de pagos" de la deuda pública y la devaluación consiguiente sobre los derechos a la riqueza social previamente establecidos y las consecuencias sobre los flujos futuros de ingresos de distintos grupos sociales. Tal escenario ha sido estudiado repetidas veces en la historia económica.

En el caso clásico, todos los bienes y derechos sobre bienes y servicios están expresados en la moneda nacional. Una devaluación de la moneda provocará como efectos inmediatos dos tipos de impacto: (i) sobre los "stocks" de capital o riqueza, y, (ii) sobre los "flujos" de ingresos futuros de los residentes. En general puede esperarse que se produzcan:

a) Una caída del valor expresado en dólares de los bienes no transables. A saber, inmuebles (tierras, edificios, instalaciones productivas, etc.) , los depósitos bancarios, los saldos monetarios en poder del público, los bonos públicos y en forma similar de las acreencias del sistema (créditos del sistema financiero, créditos privados, etc.). En la mayor parte de los casos, esta caída será igual a la magnitud de la devaluación.

b) Un incremento del poder adquisitivo de los ingresos futuros de productores de bienes transables para la exportación y de algunos productores que sustituyen importaciones en magnitudes que oscilan alrededor de la dimensión de la devaluación;

c) Un decremento del poder adquisitivo de los ingresos de los productores de bienes o servicios no transables, en general en magnitudes que oscilan alrededor de la dimensión de la devaluación.

En este caso, la caída en el valor de los activos y pasivos del sistema (p.ej. los depósitos en los bancos y los préstamos y colocaciones de los bancos) se compensa en los grandes números. No se produce un "descalce" estructural de proporciones. Sin embargo, algunas empresas pueden quebrar o entrar en dificultades financieras por el cambio de los precios relativos y consecuentemente algunos bancos puede también entrar en crisis y hasta quebrar. Estos "descalces" parciales pueden ser atendidos, para minimizar efectos indeseables sobre el funcionamiento de todo el sistema o para atender situaciones vulnerables desde el punto de vista social (p.ej. bancos con depositantes de la tercera edad, etc.) mediante acciones de intervención estatal que, por definición son acotadas en su magnitud y pueden ser financiadas por el Estado (a saber, por los contribuyentes) sin mayores dificultades. Nótese que en este "modelo clásico", no existe deuda pública ni privada expresada en divisas (p.ej. en US$) por lo que la devaluación no afecta la distribución del "stock de capital" de la economía entre sus propietarios "a priori" y "a posteriori". Obviamente, la magnitud global del stock de capital así expresado se reduce en términos de su valor en divisas (para simplificar, en US$ dólares).

Cuando al anterior modelo le agregamos supuestos realistas sobre endeudamiento público y privado expresado en dólares, la situación "a posteriori" de la devaluación se torna más complicada y el grado de complicación aumenta en la medida en que el grado de endeudamiento "externo" sea mayor. En efecto, al respetar los derechos previos de los acreedores en dólares del sistema (p.ej. tenedores de bonos, ahorristas en moneda extranjera, etc.), la distribución de las cuotas de "capital social" luego de la devaluación cambia a favor de los tenedores de derechos expresados en dólares. Cuando estas proporciones son significativas (como en el caso de las economías de Ecuador o la Argentina) (10), la posibilidad de convalidar estos derechos se hace cada vez menor. La típica "salida" pasa por la cesación de pagos, la renegociación de la deuda con "quitas" significativas sobre el monto de los capitales y la reprogramación de pagos futuros a niveles sustancialmente inferiores a los originales. Estos procesos no son neutrales. Normalmente están acompañados de fuertes crisis en los sectores financieros (con la desaparición de numerosos bancos), crisis fiscal y efectos negativos sobre el nivel de actividad que, al menos en el corto plazo, sobrecompensan los "efectos benéficos" de la devaluación. Todos estos costos son afrontados por el Estado (a saber, por los contribuyentes) y cuando la dimensión de la compensación alcanza magnitudes como las argentinas, implican la virtual "quiebra" del Estado: se impone una reprogramación de estas obligaciones con pérdidas lo más equitativas posibles para todas las partes.

¿Qué ha hecho la Administración Duhalde-Remes Lenicov (11) para hacer frente a esta problemática? ¿Cuál fue la "regla de equidad" elegida para aplicar a los titulares de derechos sobre las distintas partes del "stock de capital" luego de la devaluación? ¿Qué resultados pueden analizarse a la fecha?

Pues bien, esta es precisamente la característica más típica de la crisis argentina cuando se la compara con todos los casos anteriores: la devaluación pasó a ser una excusa para aplicar criterios arbitrarios y discrecionales sobre la distribución del capital social entre distintos grupos sociales y económicos, sin respetarse mayormente ni arreglos y acuerdos contractuales previos ni "reglas clásicas" observadas en procesos similares en otros países.

La puja de poder entre distintos sectores económicos, la incapacidad del Gobierno de "arbitrar" en aras del "bien común" o, al menos, de algunos sectores populares frente a la codicia desenfrenada de distintos "lobbies" o, directamente, de asociaciones de empresarios y/o de banqueros, son la razón de las "idas y venidas" sin fin que caracterizaron los últimos seis meses de la historia nacional. Se cuentan por decenas los decretos o proyectos de decreto presidenciales que cambiaron una y otra vez las "reglas del juego".

Frente a este desconcierto y desorden, los acreedores externos y los organismos internacionales quedaron en segundo plano: podría decirse que hasta eligieron quedar en segundo plano a sabiendas de que toda posibilidad de comenzar a negociar era anulada por la parálisis y las contradicciones políticas. El FMI, sin prometer mayor ayuda que la refinanciación de los vencimientos de deuda que el Estado tiene estos dos años próximos con esa institución y con el BIRF y el BID, condicionó toda intervención y acuerdo a un conjunto relativamente insólito de normas legales (aparentemente para salvaguardar a banqueros privados de persecuciones legales arbitrarias y para facilitar el "take over" de empresas nacionales endeudadas) y a un acuerdo para reducir el gasto a nivel provincial, y no ha emitido ni opinión ni lineamiento sobre esta crucial redistribución de la riqueza en el país, pero parece recomendar permanentemente medidas para salvar a bancos y banqueros a costa de los contribuyentes y los pequeños ahorristas.

En breve, los grandes ganadores de esta distribución arbitraria de la riqueza social serían: (a) las grandes empresas nacionales y buena parte de empresas extranjeras altamente endeudadas con el sistema bancario (magnitud aproximada del "subsidio" de US$ 30 000 millones) a las que se les "pesificó" su deuda a la relación 1 por 1 con valores libres de la divisa que ya alcanzan la relación 1 por 4; (b) los bancos privados (mayoritariamente extranjeros) a los cuales la intervención estatal impidió su quiebra; (c) un grupo numeroso de deudores hipotecarios con un subsidio de aproximadamente US$ 10 000 millones, al pesificarse sus deudas a la relación 1 por 1. Los grandes perdedores se identifican en : (a) los pequeños y medianos ahorristas del sistema financiero nacional que habrían sufrido una pérdida de aproximadamente US$ 50 000 millones debido a la pesificación de sus depósitos a la relación 1 por 1,4 y además recibirían bonos públicos de nueva generación por estos activos financieros (12); (b) los contribuyentes argentinos que deberán aportar los subsidios necesarios al sistema financiero para cubrir el "descalce" generado por las anteriores medidas. El monto de este costo es de difícil estimación a esta altura (oscilaría entre US$ 20 000 y 40 000 millones) pero con la actual estructura tributaria (invariable desde hace más de una década) equivale a cargar con este costo a las grandes mayorías populares las que, a través del pago del IVA y los derechos al comercio exterior contribuyen con más del 60% de los ingresos fiscales.

"A río revuelto, ganancia de pescadores" dice un viejo dicho popular. En este caso, el "río revuelto" fue aprovechado por los grandes tiburones.

La nueva administración Lavagna (Ministro de Economía desde Mayo de 2002) ha sesgado la política hacia la discusión de "medidas reactivadoras" vs "medidas recesivas". Esta perspectiva es positiva comparada con el desorden anterior. Sin embargo, esta administración parte con la restricción política de no poder revisar la fabulosa licuación de pasivos de las principales empresas (reducida, probablemente a una cuarta parte de su valor original). También, a pesar del condicionamiento de la pesificación, esta administración intenta respetar los derechos originales de los ahorristas y evitar la introducción de bonos compulsivos a los ahorristas (curiosamente recomendados por técnicos del FMI repetidas veces), mediante el diseño de un "menú" de alternativas voluntarias para acceder a los ahorros congelados.

A la fecha, sin embargo, quedan enormes cuestiones sin resolver, entre otras: (a) ¿sanear el sistema bancario mediante la quiebra de los bancos que "eligieron mal" al tener sus activos en bonos o con malos deudores y atender a los ahorristas mediante el sistema original de garantías de los depósitos o salvar a los bancos y a los ahorristas que se puedan mediante una formidable extensión de las garantías a nivel global y con cargo a los contribuyentes y a las futuras generaciones? (b) ¿ adoptar una política de tarifas de los servicios públicos privatizados compatible con las demandas de las empresas (endeudadas muchas de ellas en divisas) o mantener las tarifas a niveles que no comprometan la estabilidad de precios (y los salarios reales) ni el funcionamiento de los servicios dejando para el futuro el pago de las deudas antiguas y/o de las diferencias entre los niveles actuales de tarifas y los de equilibrio? (c) ¿facilitar el "take over" de empresas nacionales o introducir medidas que protejan los intereses de empresarios locales frente a sus acreedores extranjeros? , etc.

Y estas cuestiones no tocan medidas de urgencia como el llegar a acuerdos con el FMI, el BIRF y el BID para lograr un "roll over" de los vencimientos que ascienden a casi US$ 19 000 millones en 2002 y 2003. Ni tampoco incursionan en temas como la revisión del sistema previsional mixto con desfinanciamiento del sistema público de reparto ni en el crucial problema de cómo enfrentar la renegociación de la deuda pública expresada en divisas y declarada en "default" a fines del año pasado.

Por cierto, el panorama es bastante incierto y más bien, oscuro. Sin una contribución significativa de divisas (cuya magnitud es función de negociaciones por iniciarse) por parte de los organismos internacionales de crédito (y/o los gobiernos de los países centrales), es absolutamente inviable pensar en una reestructuración del sistema bancario y financiero factible, de arreglos con las grandes empresas concesionarias de servicios públicos, de enjuague del déficit de las provincias y, mucho menos, de perspectivas de renegociación y pago de la deuda pública expresada en bonos en divisas. A duras penas se han comenzado negociaciones con el BIRF y el BID para el "roll over" de los vencimientos. Tales negociaciones están "sujetas a un acuerdo con el FMI".

Y el FMI no llega a ningún acuerdo (ni siquiera al "roll over" de sus acreencias con el país) pues parece paralizado por varios motivos aparentes: (a) por un lado, los temores e incertezas de su "staff técnico" que cada vez menos pontifica sobre recetas y cada vez más duda sobre lo acertado de sus diagnósticos y terapias; (b) por otra parte, por la "posición irreductible" de los directores partidarios de no ayudar a los países en crisis (ver más adelante), la cual parecería estar sufriendo aceleradas revisiones; (c) finalmente, por los temores de su staff gerencial de alto nivel que si sigue tan desorientado podría llegar a superar los desempeños del primer ministro de economía del gobierno de Duhalde.

 

Política: erosión y reconstrucción

A. La crisis del Estado

La crisis del Estado, que, como decíamos, viene desde varias décadas atrás, vino a tornarse aún más perversa durante la década de los años 90, con el apogeo de la aplicación del conjunto de políticas neoliberales. El resultado ha sido un colapso completo de la propia institución estatal. Un trabajo reciente de Ricardo Sidicaro recurre a la clásica definición weberiana de “Estado Racional Moderno” para constatar que en todas sus dimensiones el Estado argentino está en crisis:

“Los desempeños estatales previsibles, calculables y racionales aparecen en el fundamento de las sociedades modernas, sin cuya presencia las instituciones pierden validez y legitimidad ante la población, provocando la multiplicación de iniciativas contarias a las leyes y debilitando la cohesión del tejido social. (...) Desde la perspectiva conceptual expuesta, cabe definir la crisis del Estado a partir de distintas dimensiones empíricas que manifiestan la pérdida o debilitamiento de las capacidades políticas, burocráticas y administrativas necesarias para realizar normalmente las funciones sistematizadas en la caracterización de Weber. De las funciones legislativas se puede observar su crisis cuando se deteriora el respeto a la división de poderes o si los cuerpos legislativos revelan escasa racionalidad o idoneidad. La función de la justicia evidencia su crisis cuando pierde autoridad para preservar la defensa de los derechos adquiridos. La crisis de las funciones estatales de policía se reconoce en la declinación de los niveles normales de protección de la seguridad de las personas, de la propiedad y del orden público. Las funciones encargadas de la salud, la higiene pública, la educación, la política social, para limitarnos a la enumeración weberiana, registran crisis al no alcanzar las metas estimadas, legal y socialmente, como normales. La incapacidad burocrática de control aduanero y migratorio, umbral material mínimo de delimitación de la soberanía nacional, es otra palmaria expresión de la crisis estatal. La desorganización de las capacidades militares para la defensa del territorio, por falta de formación de las burocracias especializadas o por la existencia de procesos de politización que conducen a la declinación de la autoridad y del debido cumplimiento de órdenes, es otra patente evidencia de crisis del Estado. En fin, la crisis estatal en materia de recaudación fiscal la indican los porcentajes de evasión tributaria y la ausencia de sanciones” (Sidicaro, 2001, págs. 14/16).
Nos hemos permitido incluir una cita tan extensa para evitarnos (a nosotros y al lector) una extensa enumeración empírica de los rasgos que caracterizan a la crisis del Estado argentino en cada uno de estos aspectos, y que, en consecuencia, permiten aproximarnos a la noción de “crisis social general”, propuesta alguna vez con pretensión analitica por René Zavaleta Mercado.

El gobierno de Carlos Menem ya fue más que pródigo en ejemplos de desmatelamiento de las capacidades regulatorias estatales, de servilismo directo del Estado a los mecanismos de la acumulación privada, en procesos decisionales intrínsicamente corruptos erigidos en norma de acción estatal (como las privatizaciones), de vaporización de las dimensiones sociales de la ciudadania, cuyo emblema en la Argentina era la educación pública, laica y gratuita de calidad.

Pero el gobierno de Fernando de la Rua consiguió llevar la crisis del Estado al paroxismo, fundamentalmente a través de tres medidas: 1) la ley de flexibilidad laboral, desarticulando el padrón de relaciones sociales básicas constituídas a lo largo de todo el siglo XX (cuya aprobación en el Senado recurrió al soborno de senadores, según fue denunciado por el propio vice-presidente de la Nación y presidente del Senado, Carlos Álvarez); 2) la rebaja de sueldos de la administración pública y de jubilaciones en un 13%; 3) la confiscación de depósitos bancarios, el 3 de diciembre de 2001. Tales medidas instituyeron como norma de acción estatal la violación de los contratos establecidos y de los derechos adquiridos de los ciudadanos, al mismo tiempo en que eran asegurados a ultranza el carácter sacrosanto de los contratos establecidos y de los derechos adquiridos por el Capital, en la forma de garantías totales a los grandes grupos financieros y empresariales. Fueron destruídas así “las bases de la confianza en el Estado, elemento central para preservar la racionalidad y el cálculo de los actores de la sociedad civil” (Sidicaro, pág. 91).


B. El breve vuelo de la Alianza

Existe ya una abundante bibliografía sobre los efectos de erosión provocados en el ámbito de la política por los procesos de globalización neoliberal. Es lo que Pierre Bourdieu (2002) ha llamado “la despolitización de la política” (13). En los casos más extremos de esta dolencia, como el argentino, todo el ámbito de la acción estatal y, por extensión, del espacio político institucionalizado, pasa a ser absorbido por la lógica de la desregulación y del ajuste presupuestario. Los partidos quedan así vaciados de sus formulaciones programáticas, y sus electores deben acostumbrarse con la idea de que las promesas electorales son apenas un texto espectacular, sin demasiada trascendencia. Es el cuadro típico y universal de lo que Boaventura de Souza Santos (2002) denominó “democracias de baja intensidad”.

En el caso argentino, una sociedad caracterizada durante décadas por una acentuada hiperpolitización de todas las instancias sociales (14), donde hasta las elecciones para un órgano societal tan ascéptico como el Automóvil Club acababan dando origen a una confrontación política (1974, candidatura del juez Salvador Maria Lozada), este proceso produjo una singular y culposa apatía ciudadana. Acostumbrados a una socialización política con identidades evidentes y compulsorias, los argentinos fueron sometidos durante la década de los 90 a una profunda resocialización de sus imaginarios políticos. Ofuscados los partidos conservadores, las dos grandes tradiciones políticas nacional-populares, el radicalismo y el peronismo, pasaron a configurarse apenas como dos variantes estéticas del mismo programa de ajuste neoliberal.

Una alternativa al bipartidismo estructural consolidado por el acuerdo entre Menem y su antecesor Alfonsín (que posibilitó la modificación de la constitución nacional para permitir la reelección), fue constituída por la formación del Frepaso (Frente por un País Solidario). Con una votación inesperada en las elecciones para constituyentes, la presencia de los frentistas aseguró la inclusión de algunas disposiciones “post-materialistas” y democratizadoras en la constitución de 1994, y cobijó esperanzas en la formación de un nuevo “nosotros”, crítico de la política establecida.

Sin embargo, las esperanzas depositadas en el Frepaso acabaron siendo decepcionadas. Es verdad que se trató de una corriente política carente de los grandes espectáculos y relatos fundacionales del radicalismo o del peronismo. Pero también es cierto que adoleció de crónicos males de época (una tendencia a confiar más en el desempeño televisivo de sus dirigentes que en la profundización de sus aspectos programáticos u organizativos, por ejemplo).

El hecho es que se constituyó una Alianza entre el radicalismo y el Frepaso, que en 1999, com la fórmula de la Rua – Álvarez consiguió derrotar al candidato peronista, Eduardo Duhalde (ex-vicepresidente de Menem, ex-gobernador de la provincia de Buenos Aires), a pesar de que éste contaba con los recursos del brasileño Duda Mendonça como asesor de imagen (15). Fue una campaña absolutamente desteñida, donde los candidatos de la Alianza trataron de demostrar todo el tiempo su buena voluntad en relación a los actores económicos predominantes y su simpatía por los lineamientos generales de la política económica de Carlos Menem. Sus críticas, en todo caso, se dirigieron a los aspectos más vulnerables de la gestión menemista, como la corrupción y el espectáculo permanente (16).

Retrospectivamente, no puede asombrar la crisis de esa alianza, y el progresivo desgaste que aquejó al gobierno de la Rua. En efecto, al presentarse como continuadores honestos y más prolijos de la política de Menem, incorporaron automáticamente el desgaste resultante de la aplicación de diez años de políticas neoliberales sobre una sociedad ya profundamente desgastada. Desde el principio del gobierno, cuando el sentido común instintivo de los actores económicos y sociales preveía medidas de reactivación económica, la Alianza comenzó a decepcionarlos, implementando clásicos dispositivos depresivos de la actividad, como fuertes aumentos de impuestos, seguidos unos meses más tarde por disminución de salarios.

Mientras el gobierno pasaba su tiempo en interminables disputas internas, la insatisfacción social se iba extendiendo por el interior del país. Cortes de rutas, rebeliones populares, marchas multitudinarias, fueron marcando una geografía devastada por la penuria de las economías regionales, por la crisis de actividades agrícolas sometidas a la desregulación, por la privatización de las empresas estatales, proveedoras tradicionales de recursos no apenas materiales a sus zonas de influencia.

En esta pluralidad de movimientos se fueron configurando nuevos sujetos políticos, surgidos por fuera y en conflicto con las estructuras políticas y sindicales tradicionales. Ante la inercia de los gobiernos provinciales, casi todos ellos en colapso financiero, y forzados a emitir bonos para pagar los sueldos de sus empleados, todo el desgaste de la gestión de estas crisis repercutía directamente en el gobierno nacional.


C. El Cielo por Asalto?

“La potencia de la multitud no se deja leer desde la teoría clásica de la soberanía, sino a partir de los devenires que inaugura”, Colectivo Situaciones, 19 y 20, Apuntes para el nuevo protagonismo social, 2002

“La sociedad argentina (o, por lo menos, una considerable porción de ella) lleva casi dos meses en virtual estado de rebelión social”. Así comenzaba el editorial del diario LA NACION, de Buenos Aires, del día 17 de febrero de 2002. Y continuaba: “Todos los días, grupos de personas más o menos nutridos salen a la calle a golpear cacerolas o a expresar por cualquier otro medio su contundente deseo de que quienes ejercen los poderes del Estado abandonen de inmediato sus cargos. Lo más grave es que no se puede decir que sus reclamos sean inútiles o inoperantes”.

En efecto, desde las jornadas de insurgencia popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Argentina vive una situación inédita, caracterizada por el conflicto entre la democracia representativa formal, en colapso, y la aparición de un desafiante “asambleismo popular”, que implica una refundación de la política y una profundización de sus contenidos democráticos.

Es verdad que la crisis social general tiene un componente de estancamiento y regresión económica, pero es evidente que no se limita o se agota allí. Para recurrir a las metáforas gramscianas de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica equivale al fuego de la artilleria pesada, capaz de desorganizar a los sistemas defensivos y desmoralizar a sus dotaciones, pero no de resolver los conflictos. En realidad, lo más significativo del proceso argentino de este largo verano es la ruptura político-cultural producida entre el Estado y el personal político de los partidos tradicionales con la población en general. Es esa ruptura, inclusive, lo que en este momento paraliza al gobierno de Eduardo Duhalde, dificultando la retomada de las políticas de ajuste.

Esta crisis, por otra parte, debe ser la más anunciada de la historia, y sus señales sólo no fueron percibidas por los economistas “ajustadores”, por el autista gobierno de la Rua, por los cuadros políticos de los partidos tradicionales y por sus intelectuales “asesores”. Esa invisibilidad de la crisis por parte de las elites políticas no es sino un síntoma de la misma. Por si no bastara la escalada de conflictos sociales que asolaron los últimos años, podría haber servido de advertencia el record de abstención y voto nulo en las elecciones legislativas de octubre de 2001, totalizando la mitad del padrón electoral adulto.

Resulta inevitable recordar aquí algunas observaciones de Boaventura de Souza Santos. Para el autor portugués, la crisis del régimen fordista no ha tenido como resultado su substitución por otras formas institucionalizadas de regulación social; a lo sumo, se han desarrollado nuevas formas de organización del trabajo y de la producción. Eso crea una situación paradójica y extremamente vulnerable, ya que “la hegemonía del mercado y sus atributos y exigencias alcanzó un nivel tal de naturalización social que, aunque lo cotidiano sea impensable sin él, no se le debe por eso mismo, ninguna lealtad cultural específica. Así, es socialmente posible vivir sin duplicidad y con igual intensidad la hegemonía del mercado y la lucha contra ella” (2001, pág. 177).

Para comprobar que la crisis no fue un rayo en un cielo azul, y para acercarse interpretativamente a la misma, disponemos por lo na forma complementarias. El boletín de CLACSO incluye cinco artículos que contextualizan la crisis económica y política, y que analizan el fenómeno de los cortes de ruta y de los movimientos de desocupados (en realidad, participantes de una cultura obrera suburbana, con memoria sindical), en Buenos Aires y en Rosario. Contiene además documentos de los movimientos y una exhaustiva cronología. Por su parte, el libro organizado por Norma Giarracca, coordinadora del Grupo de Estudios Rurales de la Universidad de Buenos Aires, reúne catorce artículos dedicados a analizar la crisis y las respuestas populares a la misma en el medio agrario o en las pequeñas ciudades.

El punto de partida del libro de Norma Giarracca está en 1991, cuando se produce la “desregulación” de la economia agraria argentina, se consolida la apertura económica y se implanta la convertibilidad peso=dólar. Fueron disueltos los organismos reguladores y con ellos se extinguieron también redes y mecanismos formales e informales que constituían al mundo rural en dimensiones no apenas económicas, y en los que se fundamentaba, también, una establecida división regional del trabajo, que constituía, en última instancia, el perfil de la Nación. En esa época, los dispositivos discursivos hegemónicos saludaron con entusiasmo esas medidas, que permitirían la incorporación de tecnologías y la modernización de la agricultura, aumentando su competitividad internacional. En Brasil, entonces, era dominante la visión que relegaba la Reforma Agraria a un prejuicio del pasado, en virtud de los éxitos atribuídos al modelo de modernización conservadora de la agricultura. Lo que no era explicitado ni en Argentina ni en Brasil era que la realización plena de ese modelo implicaría, como “efecto colateral”, la desaparición de los pequeños agricultores.

Un buen estudio de Miguel Teubal y Javier Rodríguez, “Neoliberalismo y crisis agraria”, analiza críticamente este proceso de descampesinización de la tierra, mientras otros trabajos se orientan a relevar los perfiles regionales de las protestas y el surgimiento de nuevos actores, como el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha o los grupos indígenas en el norte y el sur del país.

Lo interesante de ambas publicaciones es que su aproximación analítica adopta perspectivas especialmente fértiles para la comprensión de la crisis del verano 2001/02. En efecto, el énfasis está puesto en las virtualidades de la acción colectiva como recuperación de dimensiones integrales de ciudadania, que, al ejercerse, resquebrajan el “sentido común” individualista y pasivo inculcado por largos años de hegemonia del discurso neo-liberal y por el ejercicio de la “democracia de baja intensidad”. Ante la ausencia o la indiferencia de los “representantes” políticos, el ejercicio de la protesta social y las diferentes estrategias de desobediencia civil han permitido reencontrar valores de una ética de solidaridad y la posibilidad de creación de un nuevo espacio público, donde las identidades individuales se redefinen en virtud de la existencia de proyectos colectivos.

La crisis social general se desató cuando, desconociendo la dimensión y la multiplicidad de las protestas sociales, y el significado profundo de la abstención electoral de octubre de 2001, “el Castillo decidió que los súbditos de la clase media eran sacrificables, y les impuso nuevos tributos” (para usar la metáfora ‘neofeudal’ de un texto clásico de Furio Colombo, 1984), e implantó la confiscación de los depósitos bancarios, a la que se siguió el estado de sitio y la insurgencia popular (17), la renuncia del gobierno, la convocatoria a elecciones presidenciales para marzo de 2002, la “desconvocatoria” una semana después y la designación de Duhalde por el Congreso.

Debe ser destacado también otro hito de esta historia. La constitución nacional prevée la presentación de iniciativas populares de proyectos de ley, con un millón de firmas. En julio de 2001 se formó un Frente Nacional contra la Pobreza, que diseñó un programa de emergencia y se dedicó a la tarea ciclópea de reunir las firmas. Fue marcado un día nacional para proceder a las firmas, el 13 de diciembre: entonces, la participación de firmantes superó los tres millones. Era, de alguna forma, la gestación de un proyecto colectivo nacional-popular (para continuar con nuestra referencia gramsciana), el principio de la recuperación de una identidad de pueblo. Menos de una semana más tarde estallaba espontáneamente el levantamiento de Buenos Aires, derrumbando al super ministro Cavallo y arrastrando con él al gobierno de Fernando de la Rua.

Vino luego el fenómeno de las Asambleas Populares. Las Asambleas Populares comenzaron a reunirse espontáneamente a partir de enero de 2002 en las esquinas de barrios y en parques urbanos (18). En ellas se procesa una crítica de la política representativa, y un ejercicio de democracia participativa. Las Asambleas están abiertas a la participación de todos los vecinos del barrio, y se reunen una noche por semana, con presencia variable (en la que nos tocó participar, en el barrio porteño de Caballito, la asistencia era de entre 150 y 200 personas). Un sorteo designa a las autoridades de la asamblea. El temario de discusión abarca los problemas inmediatos del barrio y formas emergenciales de darles solución, cuestiones organizativas y la participación en eventos y actos públicos, como las marchas de los viernes sobre la Plaza de Mayo. Cada Asamblea se divide en varias comisiones dedicadas a temas específicos (cultura, economía, prensa, salud, etc.). En la ciudad de Buenos Aires, se realiza una Asamblea Interbarrial los días domingos, en el Parque Centenario, que cuenta con representantes de todos los barrios, e inclusive de otras ciudades del país.

Una noticia periodística, de fines de marzo, nos permite incorporar información cuantitativa. El investigador Eduardo Ovalles, del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría (una institución de la derecha del espectro político) contabilizó la existencia de 272 asambleas barriales reuniéndose regularmente en todo el país. De ellas, el 41% (112) está en la ciudad de Buenos Aires (que tiene 10% de la población del país). En la provincia de Buenos Aires funcionan 105 asambleas (39% del total nacional). En la provincia de Santa Fé funcionan 37 asambleas, 11 en Córdoba y cifras menores en otras provincias (19). Se trata, claramente, de un fenómeno urbano, específicamente de grandes ciudades, donde impera el anonimato. En lugares más pequeños, e inclusive en el suburbio de Buenos Aires, como en Merlo, se han registrado ataques a las asambleas por parte de elementos para-oficiales.

Otra investigación, del estudio Hugo Haime y Asociados, realizada en marzo de 2002, trae información interesante para medir el grado de participación de la población en la protesta social, aunque está limitada a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Según esta encuesta, 33,9 % de los entrevistados admitieron haber participado de asambleas o “cacerolazos”: “El 26% dijo haber participado en cacerolazos, y el 18 % en asambleas. Suman más del 33,9 porque obviamente hubo gente que participó de ambas cosas”. La conclusión es que “uno de cada tres habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires dice que participó de cacerolazos o asambleas barriales. Es una cifra altísima. Significa, en concreto, que alrededor de dos millones y medio de personas participaron o participan de la protesta, la mayoría golpeando una cacerola en el balcón o en la puerta”.

También son significativas las respuestas a la pregunta sobre voto a presidente. Por partidos, gana el voto en blanco o nulo, con 26,4 %, a lo que puede sumarse el 16,7 % de indecisos. 21 % se declara dispuesto a votar por el peronismo, en lo que pesa el referencial de identidad histórica de esa fuerza política. Pero 15 % votarán a la “izquierda” (la encuesta no identifica partidos en ese campo político) y 10,3 % al ARI, una alianza entre disidentes “éticos” del radicalismo y el Partido Socialista. El radicalismo ha quedado reducido al 2,1 % de las preferencias, y el Frepaso a un amargo 0,9 %. Cuando se incluyen nombres de candidatos, es notable la caída del peronismo, ya que el voto por el actual presidente Duhalde es apenas 14,4 % (la identidad política no es abarcada totalmente por ese candidato). En cambio, 14 % prefieren a Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, una coalición de izquierda post-leninista (a la inversa, el candidato supera a la identificación con la izquierda). La candidata del ARI, Elisa Carrió, queda en tercer lugar, com 13,6 % de las preferencias. Aquí también es notable el eclispse del Frepaso: el fundador y exvicepresidente Carlos Álvarez está con 2,2 % y el actual jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, un político joven y progresista, electo com cómoda mayoría dos años atrás, llega ahora a apenas 1,4 % de las preferencias (“Retrato de un país que vive de asamblea”, PÁGINA 12, 10 de marzo de 2002).

Son puntos comunes en estas Asambleas a) el rechazo a la política tradicional y a los políticos y funcionarios, sometidos a frecuentes asedios e inclusive a agresiones físicas, b) la oposición al actual gobierno de Duhalde; c) el repudio a los mecanismos instituídos de participación (los Centros de Gestión y Participación, en la ciudad de Buenos Aires); d) la preocupación por las instituciones de servicios públicos que funcionan en el barrio y propuestas para su mejor funcionamiento (hospitales, escuelas); e) desconfianza hacia formas organizativas pasibles de burocratización; f) fuertes sentimientos de solidariedad en relación a desocupados y carentes, así como en relación a los derechos humanos y a otras asambleas.

En términos de política general, por ahora solamente se afirma un sentimiento de negación del orden constituído (la consigna “que se vayan todos”) (20) y que, al mismo tiempo, se presenta como una absoluta novedad: no se invoca a ningún fantasma del pasado, se protesta contra el poder pero no se pretende asaltarlo. Es una profunda y pacífica revolución de la cultura política, que está constituyendo un nuevo sentido común. Parece como si la tarea prioritaria, a la que se dedican las mejores energias, fuera la de la reconstrucción de las capacidades personales de los participantes, dañadas por años de capitalismo salvaje, para permitirles asumirse como sujetos políticos integrales, capaces de acciones colectivas propositivas. Es una empresa durkheimniana, de recuperación de la solidaridad orgánica luego de la patología de anomia sistemática del fundamentalismo de mercado.

En efecto, la espontaneidad de las Asambleas Populares recupera la territorialidad del barrio porteño como espacio público, fundamento de la comunidad política. En ese movimiento, construye una alternativa al riesgo inminente de disolución social, de feudalización, de institución de la violencia defensiva y paranoica como relación social básica. El movimiento inverso, en los countries elegantes de la periferia, está siendo el refuerzo de las guardias y la adquisición de armas, para prepararse contra posibles asaltos de “los pobres”. No parece exagerado suponer que el futuro de la sociedad argentina está vinculado a quién gane esa “competición” sobre la constitución del espacio público.

Si esto es así, quizás sean prematuros o contraproducentes los intentos de avanzar en consolidaciones programáticas u organizativas, que prodrían provocar una feudalización del espacio público tan trabajosamente reconstruído. En cambio, podría ser un buen camino el de avanzar institucionalmente, en áreas como una reforma constitucional refundadora del espacio y las prácticas políticas, en cuestiones relativas al ejercicio del poder en el ámbito local (como la experiencia de los presupuestos participativos) o en medidas fiscalizadoras de interés público, como comités de monitoreo y vigilancia de operaciones financieras, de temas ambientales, de ética político-administrativa, como mecanismos de recreación de la ciudadania.

Si las Asambleas Populares son el fenómeno organizacional y político cultural más novedoso de esta crisis, no se puede dejar de mencionar la importancia de los movimientos de “piqueteros” y de desocupados de la periferia de las grandes ciudades. En ellos es más vigente la presencia de diferentes partidos de izquierda, que supone diferentes estructuras organizativas. Pero es notable también el énfasis en la dimensión territorial de la organización, fundamento de las indentidades políticas y de las estrategias de sobrevivencia.

Es necesario, entonces, volver a Boaventura de Souza Santos. Podemos decir que en las diferentes formas de la protesta social argentina de 2002 “la novedad no reside en el rechazo de la política, sino, al contrario, en la ampliación de la política más allá del marco liberal de la distinción entre Estado y sociedad civil (...) A pesar de estar muy colonizado por el principio del Estado y por el principio del mercado, el principio de rsonal y colectiva basadas en la autonomía y el autogobierno, en la descentralización y en la democracia participativa, en el cooperativismo y en la producción socialmente útil” (2001, pág. 181) (21).


Conclusiones y perspectivas

A. La "nueva política" de los EEUU y el FMI ante crisis de “economías emergentes”. Consecuencias para la Argentina

Con solamente incursionar en los numerosos "papers" de buena parte del establishment académico norteamericano neoliberal y las posiciones de los congresistas republicanos que siguieron al paquete de ayuda de la Administración Clinton a México en 1995, hubiera sido posible anticipar inequívocamente, cuál sería la reacción de la actual administración Bush y de sus funcionarios en los organismos internacionales de crédito (FMI, BIRF y BID) ante la crisis argentina.

En efecto, la "furia" que destilan estas posiciones (22) se exacerbó aún más cuando el "paquete de ayuda" comenzó con casi US$ 20 000 millones directamente girados desde el Tesoro norteamericano a su par mejicano a partir de la potestad del Presidente para utilizar recursos del Fondo de Estabilización ("ESF"). A estos recursos siguieron créditos del FMI y de los principales organismos de crédito internacional por un total de casi US$ 60 000 millones. Estos fondos no evitaron crueles sufrimientos a las grandes mayorías de trabajadores mejicanos pero, sin duda, minimizaron los impactos de una crisis que, de no haber mediado tal intervención podría haber sido mucho más grave y profunda.

Estas posiciones "duras" no se quedaron solamente en la academia o en las declaraciones políticas. En 1997, el Congreso dominado por los republicanos, eliminó la prerrogativa del Poder Ejecutivo para el uso del Fondo de Estabilización, existente desde su creación en la década de los '30. A partir de entonces, el uso de estos recursos solamente puede ser autorizado por el Congreso.

Por cierto, esta dureza en las posiciones de la administración republicana y de buena parte de los miembros del establishment conservador de los EEUU, encuentra socios ideales en los políticos europeos de derecha que, progresivamente, van ganando los gobiernos de esos países (España, Italia, Francia, Holanda) en el último par de años. No era, por cierto, un buen escenario para entrar en crisis sistémica, pero evidentemente, ni los ahorristas argentinos, ni las caceroleras, ni algunos presidentes provisionales estaban suficientemente informados sobre el poder de la coalición opositora a este tipo de fenómenos.

Más allá de ironías, estas posiciones son las que originalmente defienden con convicciones profundas los hombres que acompañan al presidente Bush en los principales cargos del área económica de su gobierno. No es el lugar para profundizar en el análisis de estas posiciones ni de su origen y consecuencias. Sin embargo puede decirse a grandes rasgos que se trata de una mezcla de posiciones ideológicas fundamentalistas (p.ej. el ahorro como virtud protestante, prejuicios (y juicios) sobre el desorden "latino", etc.) con defensa de intereses de fragmentos del capital hegemónico que se especializa en "operaciones de rapiña" en la periferia y/o considera que dentro de las fronteras de EEUU se pueden gastar mejor los escasos recursos que se destinan a los organismos internacionales de crédito, etc.

El hecho es que están vigentes y que la Argentina inició su crisis dentro de este contexto.


B. La amenaza de contagio

El tiempo pasa vertiginosamente en tiempos de crisis. A principios de Mayo de 2002, la situación era la descripta en los párrafos anteriores. A fines de Julio del mismo año, las cosas algo han cambiado.

No radicalmente. No significativamente. Pero un número de eventos ha ido transformando el escenario inicial.

a) La Administración Lavagna priorizó (al menos, hasta ahora) evitar el "default" con los organismos internacionales de crédito y esto generó un conjunto de iniciativas y relaciones con estos organismos que, poco a poco, fue cambiando la percepción sobre la capacidad técnica de este equipo.

b) Los argumentos técnicos, apoyados por un neutral pero sólido respaldo presidencial, fueron tan atendidos que el mismo FMI aceptó revisar sus posiciones mediante el "arbitraje" de un grupo de expertos notables (ex presidentes de bancos centrales de países centrales), aceptando la posibilidad de márgenes de error en sus diagnósticos;

c) En paralelo, el Brasil y el Uruguay comienzan un proceso de crisis con elevación súbita del "riesgo país" y luego con una masiva fuga de depósitos en el último caso. En Paraguay, a la crisis fiscal se suman convulsiones sociales y políticas.

d) Tiembla Wall Street y una serie de escándalos precipita la quiebra de un conjunto de grandes corporaciones multinacionales con base en los EEUU.

En muy poco tiempo, convicciones profundas del establishment tambalean: ya se habla de "lag" en el efecto contagio de la crisis argentina (efecto "tango" atrasado).

Frente a esto, los argumentos originales (p.ej. crisis encapsulada; causas diferentes en cada caso) se vuelven contra sus detentores: si no existe contagio y hay tantas crisis (con resolución incierta) ¿quiere decir que los "fundamentals" del sistema globalizado son la causa de esta situación crítica?

A la fecha, una duda carcome a muchos analistas: si no es contagio, entonces no se trata de gripe. Si ataca indiscriminadamente y por igual...¿no será cáncer?


C. ¿ MERCOSUR revitalizado?

Las complicaciones y dinámica de la coyuntura de una crisis sistémica impiden, naturalmente, detenerse en una perspectiva de más largo plazo. Sin embargo, este objetivo se vuelve imperativo si se busca, desde las sociedades iberoamericanas, un rumbo alternativo a los procesos desencadenados en la última década.

Más allá de la resolución de la crisis argentina y el eventual desencadenamiento de una crisis similar en el Brasil y países vecinos, que encontrará su resolución más o menos traumática oportunamente, el estado actual de funcionamiento del capital globalizado y sus consecuencias sobre los países periféricos siguen siendo el verdadero problema a resolver para nuestras sociedades.

Los subsistemas nacionales periféricos, si se mantienen las posiciones hegemónicas actuales de los países centrales, no tienen posibilidad de inserción exitosa y sostenible en la economía mundial. Sea por las barreras al acceso a los mercados centrales de mercancías y servicios competitivos producidos en la periferia, sea por la agresividad de penetración de las mercancías originadas en estos subsistemas o en subsistemas vinculados (p.ej. países asiáticos), sea por el desorden y anarquía de los mercados financieros no regulados, el destino de nuestras sociedades es nefasto si se mantienen estas condiciones.

Analíticamente, las soluciones para poder mantener niveles de pleno empleo, senderos de crecimiento sostenido, integración social de todos los sectores con educación y capacitación como medios de consolidación sostenible de la ciudadanía, y posiciones relativamente independientes frente al capital financiero internacional, pasan por un incremento de la protección efectiva real y mecanismos de regulación de los flujos de bienes y servicios y de capitales.

Estos objetivos sólo se logran con tamaños mínimos de las economías y los mercados. Y todo esto solamente son condiciones necesarias.

Las condiciones suficientes son mucho más difíciles de alcanzar: al poder ciego de los mercados y al poder lúcido de los estados centrales y de los lobbies de los grandes conglomerados, sólo es posible oponer el poder popular para controlar a los gobiernos y para defender políticas autónomas. A la miopía de los grupos dominantes locales también es necesario oponer la política de las grandes mayorías con suficiente lucidez para evitar la compra de voluntades. Al poder de los conglomerados supranacionales privados y públicos, solamente instancias colectivas (p.ej. públicas, cooperativas) podrán imponer límites y reservar espacios y mercados, etc.

Argentina aisladamente no puede ni soñar con estas metas. Brasil, por sí sólo, tampoco. MERCOSUR, como instancia de integración total, podría generar esta esperanza.

Claro, parafraseando al maestro Borges en su poema “Buenos Aires”, esta utopía realista se alcanzará porque "...no los une el amor, sino el espanto".

(Buenos Aires, México, Quito, Río de Janeiro, Abril-Julio de 2002)

Notas

1. Héctor Alimonda (sociólogo argentino, becario de CAPES/Brasil en el Programa de Postdoctorado de El Colegio de México); Ruy de Villalobos (economista argentino). Este texto fue escrito entre abril y julio de 2002. En parte, no está desactualizado. Lo que puede estar desactualizado actualmente (julio 2003), vale como crónica de un proceso especialmente complejo y que aún no ha sido debidamente evaluado y mucho menos interpretado.
2. ¿Se trata de una fase más del imperialismo o de un cambio sustancial de la naturaleza y funcionamiento del sistema? La crítica de Atilio Borón (Imperio e Imperialismo, 2002) a las tesis de Toni Negri y G. Hardt (Empire, 2000) resume en forma magistral este debate.
3. No obstante, esta dinámica se inscribe en una tendencia de crecimiento económico moderado, aunque no necesariamente de desarrollo económico.
4. La diferencia entre Base Monetaria y M2 o M3 no parece ser conocida por la gran mayoría de la población (como en casi todas partes del mundo). La omisión de información completa, en este caso, configura casi una figura de estafa. (Calcagno, A. et al, 2001).
5. Desde nuestro punto de vista, existe una ruptura entre la lógica integracionista del PICE y la del Tratado de Asunción. Sin embargo, en la literatura corriente es frecuente la referencia a una situación de continuidad (por ejemplo, Schvarzer, 2001).
6. “Este avance del intercambio es más sorprendente, si cabe, frente a las medidas de apertura unilateral que adoptaron esos países en la década del ’90 (...) Entre 1990 y 1998, la Argentina pasó bruscamente de un saldo positivo en su balanza comercial (que en 1990 alcanzó un monto del orden de 8.000 millones de dólares) a otro negativo (superior a 5.000 millones). En dicho período sus importaciones se multiplicaron por seis...”. Entre 1994 y 1998, Brasil pasó de un saldo positivo de 10.000 millones de dólares a uno negativo de la misma magnitud (Schvarzer, 2001, pág. 26).
7. Las medidas arancelarias de Cavallo habrían tenido para Brasil un costo de 800 millones de dólares (Morales Solá, 2001), y un costo político que el gobierno Cardoso fue capaz de absorber.
8. La profunda “desconfianza ideológica” del establishment argentino hacia la Alianza no debe subestimarse en la explicación de estos fenómenos. Como contrapartida, la debilidad extrema de las decisiones en política económica de este lapso encuentra explicaciones en el temor a los “votantes diarios” que alteraban volátil e irresponsablemente las cotizaciones de los bonos públicos.
9. Los límites ideológicos del propio de la Rúa se manifestaron en estas decisiones: sus opciones nunca incluyeron a un equipo económico “heterodoxo”.
10. En una estimación "gruesa" de los autores, el "stock de capital" de la economía argentina, antes de la devaluación, se repartía en un 75% para los propietarios de bienes no transables (inmuebles e instalacionesproductivas), un 5% para los tenedores de saldos monetarios y títulos en moneda nacional y un 20% para los titulares de derechos expresados en moneda extranjera (p.ej. bonos y depósitos). Después de la devaluación, al tipo de cambio libre alcanzado 90 días más tarde, el último grupo de "derecho habientes" habría incrementado su participación hasta el 33% del total del capital social expresado en dólares y reducido su valor total casi a dos terceras partes del original.
11. Ministro de Economía entre Enero y Abril de 2002.
12. Cabe acotar que tanto el FMI como la asociación de bancos privados extranjeros abogaron por la colocación compulsiva de bonos mientras que la administración Lavagna habría logrado i de todo control; tiene como meta obtener la sumisión de los gobiernos y de los ciudadanos a las fuerzas económicas y sociales “liberadas de esta forma”.
14. La consecuencia fue el predominio de la “subjetividad política” como forma de percepción histórica. “La realidad en su complejidad pasa a ser comprendida a partir del valor que la política da a cada hecho, a cada fenómeno, a cada experiencia. La política opera como dispositivo práctico dador de sentidos com respecto al conjunto de prácticas existentes” (Colectivo Situaciones, 2002, pág. 81).
15. Duda Mendonça es el actual (2002) zar de la imagen del candidato presidencial brasileño Luiz Ignácio Lula da Silva, del PT, todo un paradigma de la política contemporánea en América Latina!
16. Los discursos de los candidatos De la Rua y Duhalde no representaron tesis opuestas; al contrario, ambos se cuidaron muy bien de aclarar que el modelo económico vigente era un tema fuera de discusión (Laurnaga y Celiberti, 2001, pág. 295).
17. Uno de los análisis más interesantes de la insurrección de diciembre es el del Colectivo Situaciones, inspirado en Guy Debord y Toni Negri: “El movimiento del 19 y 20 fue más una acción destituyente que un clásico movimiento instituyente. Fueron las potencias soberanas las que entraron en rebeldía sin pretensiones instituyentes (como lo espera la doctrina clásica de la soberanía), sino ejerciendo sus poderes destituyentes sobre los poderes constituídos” (Colectivo Situaciones, 2002, pág. 42)
18. Significativamente, la inclusión de los parques en el trazado de la ciudad de Buenos Aires, a fines del siglo XIX, tuvo el sentido explícito de que fueran el espacio de ejercicio de las actividades cívicas, en una perspectiva de participación política ciudadana (que se suponía conservadora). Ver el importante trabajo de Gorelik, 1998).
19. El problema con esta información es que no incluye ninguna referencia a la metodología de trabajo de Ovalle. Cómo hizo para contar las Asambleas por todo el país? (“Nacieron 272 asambleas luego de los cacerolazos”, LA NACIÓN, 26 de marzo, 2002).
20. Esta consigna es ampliamente criticada desde el exterior del movimiento. Pero es justamente reivindicada por un estudio preparado por un equipo de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires, que está acompañando la experiencia. “Allí donde para algunos radica la limitación de este movimiento es donde abrevaría su potencia. Su importancia no está en la literalidad de una propuesta, sino justamente en el vacío que deja cuando reclama aquello que no es posible. Vacío de sentido que desde sus errancias necesarias demanda un desafío colectivo: la ineludible invención de lo por-venir” (Fernández, Borakievich, Rivera, 2002).
21. Estas líneas fueron escritas poco antes del llamado a elecciones para el mes de marzo de 2003.
22. "For the fourth time in the past 20 years, the Mexican economy is in financial distress, largely because of bad monetary policies pursued by Mexican officials. The United States has responded in all four instances by lending money to the Mexican government as a short-term palliative. The cumulative result is a set of perverse incentives for Mexican officials and foreign investors that ensures the "crisis" will reappear on an even larger scale. In addition, the use of the Treasury's Exchange Stabilization Fund and the Federal Reserve to fund an administration's foreign ventures raises constitutional issues about separation of powers and undermines the principle of central bank independence. There is no way to avoid the costs imposed by bad economic policies of the past. The best course for the future is to encourage market forces, stronger private property rights, price stability, and a floating exchange rate for the peso. Only by strengthening the institutions that produce such results will Mexico raise its standard of living. Loans from the United States and international agencies such as the International Monetary Fund and the World Bank can arrest a crisis in the short run but are counterproductive in the long run. The new world order is one of market solutions, not government intrusion. To foster such outcomes the United States should pass legislation that eliminates the Treasury's ability to make foreign loans (through the ESF) and that removes the ability of the Federal Reserve (through swap lines) to extend credit to foreign central banks directly or indirectly by funding the ESF. Congress should also withdraw its support for the IMF and the World Bank". W. Lee Hoskins and James W. Coons (1995) "Mexico: Policy Failure, Moral Hazard and Market Solutions". Cato Institute Paper.

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