Revista THEOMAI   /  THEOMAI   Journal
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo / Society, Nature and Development Studies

 

número especial (invierno de 2002)  
special issue  (winter of 2002)

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La crisis de la convertibilidad
*

 

Alberto R. Bonnet **

 

* Este artículo se inspira inicialmente en una serie de conferencias y mesas redondas organizadas en la Universidad Autónoma de Puebla y en Universidad Nacional Autónoma de México durante enero y febrero del corriente: quisiera agradecer en este sentido, por lo menos, a los doctores J. Holloway, S. Tischler y A.Valle Baeza por sus invalorables aportes. La presente versión corresponde a un seminario dictado en el CEI-UNQ el 4 de junio; para una versión más ampliada puede consultarse Cuadernos del Sur 33, Bs.As., mayo de 2002.

** Universidad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos Aires. E-mail: abonnet@unq.edu.ar


La insurrección popular de diciembre de 2001 acabó con el modelo neoliberal de la Argentina de los noventa, es decir, con esa modalidad específica que adoptó en Argentina la ofensiva capitalista desarrollada a lo largo de la década pasada, una de las más profundas de Latinoamérica, centrada en la inserción del capitalismo doméstico en el mercado mundial en condiciones de moneda convertible.

El propósito de este trabajo es proponer un análisis sintético de esta crisis de la convertibilidad. El primer apartado provee una descripción y explicación sintéticas de la naturaleza y la dinámica propias de la convertibilidad; el segundo examina el proceso de creciente resistencia social que signaría sus límites; el tercero analiza insurrección popular de diciembre de 2001 y la caída de la convertibilidad, avanzando algunas consideraciones más generales acerca del significado y de las implicancias de este proceso de resistencia social y de crisis de la convertibilidad.

 

1.

El capitalismo argentino de posguerra se caracterizó porque, en su seno, la lucha entre capital y trabajo y entre las distintas fracciones del capital se expresaba de manera inflacionaria, es decir, bajo la forma de escaladas inflacionarias periódicas (véase Braun, 1973). Los procesos hiperinflacionarios registrados en 1989-91 marcaron la culminación de este modo de funcionamiento. Dichos procesos hiperinflacionarios constituyeron una feroz ofensiva del capital contra el trabajo, un proceso de expropiación extraordinaria o, más precisamente, de "acumulación originaria reiterada" (Bonefeld 1988). La sanción de la convertibilidad del peso desde comienzos de 1991 significó un intento de poner fin a ese proceso, incompatible a mediano plazo con la propia reproducción capitalista, sustrayendo el valor del dinero respecto de la lucha de clases. Este intento es el que clausurarían, diez años más tarde, la crisis y la insurrección de masas.

Eliminado el recurso de las devaluaciones competitivas y en condiciones de apertura casi irrestricta de la economía –y de desregulación generalizada de los flujos de capitales y mercancías a escala global-, la inserción del capitalismo argentino en el mercado mundial impuso una presión constante hacia el aumento de la explotación del trabajo. Puesto que la inserción de una economía en el mercado mundial depende de su competitividad, es decir, de sus costos laborales unitarios relativos (Shaikh 1979 y 1980, Guerrero 1995), en estas condiciones extremas de tipo de cambio fijo por convertibilidad, dicha inserción depende exclusivamente del salario y de la productividad del trabajo. Salario y la productividad del trabajo son, a su vez, los indicadores del grado de explotación del trabajo o, en términos de Marx, de la tasa de plusvalor vigente en una economía.

Esta tasa de explotación del trabajo no determina solamente la capacidad de inserción de una economía en el comercio internacional, sino también su capacidad de captación de flujos internacionales de capitales productivos e, indirectamente, financieros (Bonnet 2002). La tasa de explotación del trabajo determina así el balance de pagos de la economía en cuestión en su conjunto así como también -algo particularmente importante en nuestro caso- la mayor o menor incidencia del servicio de la deuda externa privada y pública dentro del mismo. La valuación de la moneda local, atada a la divisa de referencia, afecta a la competitividad de la economía en la medida en que fluctúe el tipo de cambio de dicha divisa con respecto a monedas de terceras economías con las que la economía en cuestión mantenga relaciones económicas.

La convertibilidad conlleva entonces, como decíamos, una presión constante hacia el incremento de la explotación del trabajo. Esta presión se ejerce inmediatamente sobre los propios capitalistas, que enfrentan la alternativa de reconversión o quiebra, y los capitalistas descargan a su vez dicha presión sobre los trabajadores, enfrentan la alternativa de mayor explotación o resistencia. Ambas alternativas estuvieron presentes en los comienzos de la convertibilidad. Sin embargo, aún cuando se registraron importantes luchas defensivas de los trabajadores, el sometimiento a una mayor explotación se impuso paulatinamente como el precio que los trabajadores debían pagar por la estabilidad, es decir, a cambio de que la burguesía no reiniciara sus expropiaciones hiperinflacionarias. La conflictividad aumenta entre 1991 y 1994 (encabezada por los trabajadores del sector público y crecientemente defensiva), para retroceder más adelante hasta el 2000. El porcentaje de los conflictos defensivos (por despidos, atrasos salariales) aumenta constantemente, por su parte, hasta explicar entre el 80 y el 100% de los mismos hacia el final del período (Gómez 1996, Piva 2001). Y a pesar de que la quiebra de empresas y aún el desmantelamiento de sectores enteros del aparato productivo estuvieron presentes, la reconversión fue la dinámica predominante en los inicios de la convertibilidad. Los concursos preventivos y quiebras casi se duplicaron entre 1991 y 1994 y la recesión de 1995 volvió a multiplicarlos, pero más tarde se estabilizaron (datos del MEyOSP).

La naturaleza propia de la convertibilidad no puede entenderse, entonces, a partir de un supuesto patrón de acumulación dominado por la "valorización financiera". Esta interpretación, ampliamente difundida entre algunos sectores críticos de la convertibilidad, explica la instauración de la misma en términos de la continuidad de un patrón de acumulación rentístico y desindustrializante instaurado por la dictadura militar y consolidado a través de disputas entre distintas fracciones de la burguesía. Y explica su crisis como una crisis de demanda originada en la regresiva distribución del ingreso que resultaría de dicho patrón de acumulación. El populismo inscripto en la matriz de esta interpretación conduce a nuestro entender a una fetichización de las finanzas, a una visión fraccionalista que reemplaza la lucha de clases por pujas internas a menudo conspirativas entre representantes de distintas fracciones de las burguesía, y a un oscurecimiento de la verdadera naturaleza, dinámica y razones de la crisis de la convertibilidad (en los trabajos de Basualdo 2000a, 2000b, 2001 se encuentra su mejor exponente).

Ahora bien, aquella presión constante hacia el aumento de la explotación del trabajo es la matriz del disciplinamiento social que sustentaría la hegemonía burguesa más o menos sólida -que denominaremos "hegemonía menemista"- que signó a la sociedad y a la política argentinas durante toda la década de los 90 (véase Bonnet 1995). La convertibilidad, que desata dicha presión, tampoco puede entenderse entonces simplemente en términos de política anti-inflacionaria: debe entenderse también, y fundamentalmente, como un caso de las políticas monetarias neoconservadoras de disciplinamiento del trabajo a través del anclaje del tipo de cambio (véase, por ejemplo, Bonefeld, Brown y Burnham 1995 para el caso británico).

Pero la convertibilidad desató así una suerte de "carrera del peso". En efecto, los propios tipos de cambio están a su vez signados por la competitividad de las economías de referencia (Shaikh 1999). La convertibilidad por ley debía entonces refrendarse en el futuro mediante el correspondiente aumento de la competitividad del capitalismo argentino en el mercado mundial, esto es, mediante un aumento de la explotación del trabajo que sustentara esa competitividad y tipo de cambio.

Esta carrera podía desarrollarse sobre dos senderos diferentes conforme los dos componentes de la tasa de explotación del trabajo mencionados. En condiciones de auge de la economía (alimentado por el ingreso de capitales desde el exterior), se desarrollaría a través de la capacidad de los capitalistas de aumentar la productividad del trabajo mediante la racionalización de la organización y los procesos de trabajo hasta el extremo y, a partir de ese punto, mediante la inversión en nuevas tecnologías. En condiciones recesivas (con un reflujo de capitales externos que desencadena una espiral deflacionaria), dicha carrera se desarrollaría a través de la capacidad de los capitalistas de bajar los salarios nominales. Esta posibilidad de bajar los salarios nominales se vería a su vez potenciada por los altos niveles de desempleo generados en el propio auge, a través de las quiebras y las reconversiones ahorradoras de trabajo, y potenciados en la recesión a través de la multiplicación de esas quiebras y los licenciamientos. El comportamiento del empleo en los 90 es revelador en este sentido: el desempleo promedio durante el período inicial de auge de la convertibilidad (1991-1993) es ya mayor al registrado durante la depresiva década de los 80 (7,6% contra 5,5% en 1980-90); se dispara durante la recesión posterior (15,4% en 1994-96); se reduce en la recuperación posterior, pero sólo a un promedio muy superior al vigente durante el auge previo (13,7% en 1997-98); y la depresión en curso vuelve a elevarlo a los niveles alcanzados durante la crisis del tequila (15,4% en 1999-2001, INDEC). El desempleo creciente refuerza de esta manera, sumado a las presión de las deudas dolarizadas sobre los consumidores e inversores endeudados durante el auge, el disciplinamiento impuesto por la convertibilidad. Estas condiciones de auge y de recesión se ven a su vez sobredeterminadas por el comportamiento de la divisa de referencia, es decir, por la apreciación del dólar en relación con otras divisas clave registrado durante la segunda mitad de los 90.

Estas dos maneras de correr en la carrera del peso coexistieron durante la década, extremadamente cíclica, de los 90. Los auges estuvieron signados por una dinámica de racionalización precarizadora de los contratos y las condiciones de trabajo y de nuevas inversiones, apoyadas por las políticas neoconservadoras (reducción de aportes patronales a la seguridad social, reformas tributarias regresivas y alicientes varios a la inversión, nuevas oportunidades de inversión rentable a través de privatizaciones, leyes de flexibilización laboral). Las recesiones estuvieron signados por su parte por una dinámica de caída de los salarios nominales y de aumento aún mayor del desempleo, acompañados también por el estado neoconservador (recortes de salarios públicos). El resultado fue una combinación de comportamientos muy disímiles, cuyo saldo para la década es una tasa de crecimiento anual promedio del PBI del 3,6%, una tasa promedio de aumento de la inversión interna bruta fija de aproximadamente el 6,6% anual, una tasa de aumento de la productividad del trabajo que ubicada en torno al 5,3% anual, una caída acumulada del salario que se acercaría al 10%, y un nuevo piso para la tasa de desempleo que se elevaría por encima del 12% de la PEA (MEyOSP, INDEC, Boletín Informativo Techint).

Sin embargo, la segunda manera de correr la carrera del peso fue imponiéndose, indicio de que la burguesía estaba perdiendo dicha carrera. Si se analiza más detenidamente ese desempeño de la economía argentina, se advierte enseguida que el comportamiento de la misma durante la convertibilidad fue altamente cíclico y, mucho más importante aún, se advierte que las recesiones fueron cada vez más profundas y duraderas; que la modalidad deflacionista fue imponiéndose paulatinamente, por ende, como la única manera posible de correr la carrera del peso; que, sin embargo, la posición de la economía argentina en el mercado mundial fue deteriorándose. La gran burguesía argentina, en síntesis, fue poco a poco perdiendo su carrera del peso convertible.

El producto se incrementó a una tasa del 14,8% y la inversión a una del 42,9% anuales durante la inmediata recuperación que sucedió a la depresión hiperinflacionaria, es decir, del primer trimestre de 1991 al segundo de 1992. Pero ambos sufrieron ya una breve desaceleración, con tasas anuales del 0,6 y 4,3% respectivamente, entre el segundo trimestre de 1992 y el primero de 1993. La recuperación posterior, que registró tasas del 10,9 y 33,3% anuales entre el primer trimestre de 1993 e igual período de 1994, fue cerrada por la denominada "crisis del tequila". (En verdad, la recesión de 1994-95 se manifestó ya como una desaceleración del producto y la inversión antes del efecto dominó desatado por la crisis mexicana: tasas anuales de 3,6 y 3,6% entre el primer y el cuarto trimestre de 1994, para convertirse en depresión abierta desde entonces: –10 y –30% entre el cuarto trimestre de 1994 y el tercero de 1995). La prolongada recuperación posterior (8,2 y 20,6% entre el tercer trimestre de 1995 y el segundo de 1998), finalmente, se cerró con la depresión que se extiende hasta nuestros días y a la que nos referiremos más adelante (Heymann 2000).

Pero, además de esta intensa ciclicidad, pueden constatarse algunas tendencias más duraderas que subyacen a esas fluctuaciones. Las recesiones fueron cada vez más profundas y duraderas. Mientras que la primera recesión (II/1992 a I/1993) consistió en realidad en una breve desaceleración, la segunda (I/1994 a III/1995) fue más extensa y coronada por tres trimestres de depresión abierta y la tercera (II/1998 en adelante) muestra ya el récord de tres años y medio de duración. La salida deflacionista, por ende, fue imponiéndose como única salida posible. La posición de la economía argentina en el mercado mundial, sin embargo, fue deteriorándose. Los aumentos de productividad y competitividad en ciertos sectores o grandes grupos particulares (complejos aceitero y lácteo, industrias de fertilizantes y tubos sin costura, etc.), alcanzados a partir de los procesos de inversión desarrollados de las fases expansivas, no pudieron impedir que la posición de conjunto del capitalismo argentino en el mercado mundial fuera debilitándose. Los indicadores de productividad y competitividad se deterioraron: a fines de la década de los 90, por ejemplo, los costos salariales promedio de la industria brasileña (con un real devaluado en 1999) eran la mitad de los correspondientes a la industria argentina (téngase en cuenta que Brasil fue el primer destino de las exportaciones argentinas durante dicha década). Se impuso por ende una persistente tendencia hacia déficits comerciales y de pagos: las exportaciones argentinas aumentaron significativamente (un 88,7% en 1989-99), pero las importaciones aumentaron mucho más aceleradamente (un 526%, CED 2000). Puede concluirse así que los mencionados aumentos de productividad y competitividad basados en la racionalización de la organización y los procesos de trabajo y en las nuevas inversiones, ciertamente reales, resultaron empero cada vez más insuficientes para garantizar la posición de un capitalismo argentino con peso convertible en el mercado mundial.

 

2.

Ahora bien, se sigue de nuestra anterior descripción y explicación sintéticas de la naturaleza y la dinámica de la convertibilidad que su mantenimiento, aún en condiciones recesivas, en principio, siempre es posible. La carrera del peso siempre puede proseguir mediante una ofensiva cada vez más feroz del capital contra el trabajo, es decir, mediante una reducción de salarios nominales y precios en una magnitud tal capaz de restituir los niveles de competitividad. El éxito de una ofensiva semejante podría postularse en términos de una reducción de los costos laborales unitarios a un nivel equiparable a los vigentes en otras economías competidoras como la brasileña. Pero esta modalidad de mantenimiento de la convertibilidad enfrenta, afortunadamente, un límite más próximo a la supervivencia de la clase trabajadora: el límite de la propia resistencia del trabajo. Para analizar los límites de la convertibilidad, entonces, es preciso cambiar nuestro ángulo de análisis y detenernos en el proceso de creciente resistencia social que signó su límite y que se desenvolvió durante la prolongada depresión económica que se prolonga hasta nuestros días.

Este proceso de resistencia social atravesó tres grandes etapas diferentes que pueden recortarse y caracterizarse de la siguiente manera.

A. La primera etapa, de auge de las luchas sociales, se extiende desde mediados de 1999 hasta septiembre del mismo año. Está asociada, en primer lugar, con la manifestación plena de la crisis económica. En verdad, la economía argentina nunca se recuperó de las consecuencias de la crisis iniciada en el sudeste asiático hacia mediados de 1997 y que arribó al cono sur latinoamericano hacia la segunda mitad de 1998. La desaceleración ya se insinuó hacia el tercer o cuarto trimestre de 1998 -comenzaron a retroceder los indicadores de actividad y de utilización de la capacidad instalada de la industria (FIEL MEyOSP), poniendo fin a la recuperación posterior a la crisis de 1995-, pero la tasa de crecimiento alcanzó de todas maneras un 3,9% durante el año. Sin embargo, esa desaceleración se convirtió en depresión abierta en 1999, que registró un retroceso del producto del 3,4% y que desató las tendencias deflacionarias que se extenderían hasta el fin de la convertibilidad en 2001. Está asociada, en segundo lugar, al ocaso de la administración de Menem, que se inicia con el reemplazo de D. Cavallo (el ministro que había instaurado la convertibilidad) por R. Fernández. Este reemplazo inaugura el período de la política económica del "piloto automático", es decir, de mantenimiento de la convertibilidad a rajatabla, en condiciones depresivas, mediante ajustes permanentes que potencian las tendencias deflacionarias.

La conflictividad social comenzó entonces a intensificarse (paros y cortes de ruta de productores agropecuarios en las provincias, paros y "carpa blanca" docentes, cortes de ruta y movilizaciones de desocupados en las provincias, movilizaciones estudiantiles) y condujo al desprestigio de Menem y a la derrota del Partido Justicialista en las presidenciales de octubre de 1999.

B. La segunda etapa, de retroceso, abarca entre septiembre de 1999 y mayo de 2000. Está asociada, en primer lugar, a una impasse momentánea en el desarrollo de la crisis económica y, en segundo lugar, a la tregua inherente al recambio de administraciones. La hegemonía menemista, sustentada por la convertibilidad, aún no se había desarticulado (Bonnet 1999). La nueva administración de De La Rúa y su primer ministro de economía, J. L. Machinea, retomó de inmediato la política de ajuste permanente de sus predecesores, en aras del mantenimiento de la convertibilidad, lanzando tres nuevos paquetes de ajuste de los gastos e ingresos públicos que incluyeron nuevos impuestos para los sectores populares y recortes de sueldos públicos. Una tregua como esta nunca se reiteraría: la resistencia a estos nuevos ajustes iría consolidando el ascenso, registrado en la tercera etapa, que culmina en la insurrección de diciembre.

C. La tercera etapa, de auge de las luchas sociales, empieza a vislumbrarse ya hacia mediados de 2000, pero se intensifica notoriamente a partir de octubre, y se prolonga hasta la insurrección de diciembre. En líneas generales, es la etapa asociada a la profundización de la depresión económica y a la radicalización de las luchas sociales que conduce a la crisis financiera y a la caída de la convertibilidad y del gobierno de De La Rúa. Puesto que es esta etapa la que nos interesa especialmente aquí, sin embargo, conviene subdividirla internamente conforme los momentos de flujo y reflujo de las luchas sociales.

Un primer momento va de mayo de 2000 a marzo de 2001. Se trata del momento en que se profundiza irreversiblemente la crisis económica y se deteriora la administración de De La Rúa al ritmo de sus políticas de ajuste. Hay dos acontecimientos claves. El primero, la caída de R. López Murphy en marzo, un nuevo ministro de economía que había asumido para imponer un nuevo plan de ajuste fiscal sin precedentes, cuyo costo recaía sobre los presupuestos educativo y provinciales, y que es forzado a renunciar en medio de la huelga general y una oleada de luchas encabezadas por desocupados y docentes. La caída de López Murphy sería una suerte de "ensayo general" de la caída del ministro que lo reemplazaría y del gobierno en su conjunto más tarde. El movimiento de desocupados fue ubicándose en la vanguardia de estas luchas mediante dos avances decisivos: las primeras series de cortes de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires entre octubre y diciembre y la primera acción conjunta importante junto a los trabajadores ocupados en la huelga general de noviembre. El segundo acontecimiento clave es la negociación en diciembre del llamado "blindaje", es decir, una "línea de crédito contingente" del FMI de U$S 39.200 millones destinada a reducir unas tasas de interés para la emisión de nuevos títulos de deuda que ya implicaban la interrupción de todo financiamiento externo. Este blindaje puso en evidencia la situación de crisis financiera inminente porque significaba, de hecho, una suerte de salvataje avant-la-lettre.

Un segundo momento va de fines de marzo a mediados de mayo de 2001. Se trata del momento en que tiene lugar un breve reflujo de las luchas signado por la reasunción de Cavallo como ministro de economía. La designación del ex ministro de Menem, a la cabeza de un nuevo partido de derecha y dotado de amplios poderes por el parlamento, constituía el último intento de mantenimiento de la convertibilidad mediante una reestructuración de la alianza gobernante en crisis (renuncia del vicepresidente y desplazamiento del Frepaso, conflictos con las provincias gobernadas por el PJ, fisuras en el apoyo monolítico que la gran burguesía había brindado a la convertibilidad). Cavallo retomaría el curso de ajustes previo con nuevos impuestos y recortes presupuestarios (la llamada "ley de déficit cero" entre ellos) y negociaría una amplia reestructuración de deuda externa (el "megacanje", un masivo canje de títulos de deuda por U$S 29.500 millones que ratificaba la situación de inminente crisis financiera).

Un tercer momento se extiende entre mediados de mayo y fines de agosto de 2001. Los nuevos ajustes lanzados por Cavallo y, en particular, su intento por suprimir los déficits públicos primarios mediante el recorte de salarios nominales públicos y de jubilaciones, la abolición de los incentivos y otras partidas educativas y el recorte en los subsidios de desempleo y en los presupuestos provinciales, suscitaron rápidamente un nuevo auge en las luchas sociales (lucha de los aeronáuticos, cortes de rutas de pequeños productores agrarios del interior, huelgas y movilizaciones docentes, jornadas de cortes de ruta de desocupados y dos nuevas huelgas generales). El impulso decisivo de este auge provino del movimiento de desocupados: el primer encuentro nacional de organizaciones de desocupados, reunido en junio, acordó un plan de lucha escalonado con acciones en las principales ciudades del país que se materializó en las cinco jornadas de cortes de ruta y movilizaciones registradas en julio y agosto. Este nivel de conflictividad de julio y agosto carecía ya de precedentes en los 90.

Un cuarto momento, de reflujo, sobrevino sin embargo hacia fines de agosto y se prolongó hasta comienzos de diciembre. Aún cuando promediando este lapso se realizaron las elecciones parlamentarias, dicho retroceso de las luchas sociales no parece explicable como una nueva tregua característica de los períodos electorales. Antes bien, la resistencia social se expresó en esas complejas elecciones bajo la forma de una generalizada negativa a votar (preludiando el "que se vayan todos" de diciembre) y de un incremento de los votos obtenidos por los partidos de izquierda (véase Bonnet 2001). Parece haber respondido, en cambio, a una desmoralización momentánea respecto de los resultados alcanzados por las luchas sociales de julio y agosto: el ajuste no había sido derrotado y el gobierno, acorralado por la resistencia, había empleado todos sus mecanismos de presión discursiva y represiva (intentos de aislar la lucha de los trabajadores públicos atribuyendo a sus "privilegios" la responsabilidad de la crisis, de aislar los cortes de rutas de los desempleados amenazando con reprimir si no permitían la circulación de vehículos) para vencer la resistencia.

El quinto y último momento consiste, naturalmente, en la nueva escalada de luchas sociales que culmina en la insurrección de diciembre. La crisis económica y política había alcanzado ya niveles sin precedentes. Ante una fuga de depósitos que redujo en más de una cuarta parte los activos del sistema financiero, Cavallo se vio forzado a congelar los depósitos de más de un millón y medio de pequeños ahorristas. Este nuevo mecanismo de expropiación extraordinaria dispararía, en gran medida, la movilización de los denominados "sectores medios" desde comienzos de diciembre (protestas ante los bancos, apagones y primeros cacerolazos). La nueva huelga general convocada por la CGT y CTA, acaso la más masiva registrada durante el período, también contaría con una amplia adhesión de esos sectores medios. Y hacia mediados de diciembre tuvieron lugar asimismo los primeros copamientos de supermercados. Estaban presentes en ese momento todos los componentes de la insurrección popular que acabaría con la administración, la convertibilidad y la propia hegemonía menemista.

La insurrección misma comenzó el 19 de diciembre con la generalización de los copamientos a los grandes supermercados, acompañados por los enfrentamientos con la policía, la renuncia de todos los ministros y el estado de sitio decretado por De La Rúa. La respuesta popular a la suspensión de las garantías constitucionales, lejos del terror que hubiera podido preverse a raíz de la tradición de golpes de estado y de dictaduras militares represivas, fue un aumento de la resistencia: el cacerolazo que avanzó desde los distintos barrios hacia Plaza de Mayo, desafiando al gobierno y al estado de sitio. Los resultantes enfrentamientos con la policía en Plaza de Mayo iniciaron la dinámica que signaría la jornada más radicalizada del 20, en la que miles de manifestantes ocuparían el centro de la Ciudad de Buenos Aires, llevando sus piquetes a la city financiera, enfrentándose con la policía, atacando los edificios de los bancos, las empresas privatizadas, las oficinas públicas y otros símbolos del poder económico y político, y forzando la caída del gobierno en su conjunto.

Ahora bien, durante esta última etapa de luchas sociales abierta hacia mediados de 2000 fue poniéndose cada vez más en evidencia que el mantenimiento de la convertibilidad a través de mecanismos deflacionarios, a diferencia de lo sucedido en 1994-95, estaba fracasando. La profundidad y extensión de la depresión carecía esta vez de precedentes. El producto había caído un 7,5% durante la crisis 1999-2001 en conjunto (un 3,8% solamente en el 2001), contra un 4,2% en la crisis de 1994-95. Los índices de utilización de la capacidad instalada habían caído hasta ubicarse en un 65,5% promedio en 2001, contra 74,5% en 1995. La inversión había retrocedido un 44,8% durante la crisis, contra un 16% en 1995, y la formación bruta de capital fijo se había reducido un 32,2%, contra 13% en 1995. La tasa de desempleo de octubre de 2001 había alcanzado el récord del 18,3% de la PEA, superior al 18,4% registrado en mayo de 1995 porque también había retrocedido la tasa de actividad; la tasa de subempleo, por su parte, había crecido constantemente hasta afectar a un 16,3% de la PEA en octubre de 2001, contra el 11,3% registrado en mayo de 1995. Los índices de inflación habían sido negativos durante todos los años de la crisis, sumando una deflación acumulada de alrededor del 4%, mientras que el índice de inflación de 1995 había sido del 1,6%, y la cantidad de dinero circulante se había reducido en un 35% y los depósitos en otro 27%. Los índices de bolsa, en fin, se habían reducido a un tercio del nivel alcanzado antes del inicio de la crisis (33,4 con base 1997=100).

Esta situación se reflejaba necesariamente en la balanza de pagos, que registraba un déficit récord de casi $ 20.000 millones, es decir, de un 15% del PBI. Si bien los déficits de cuenta corriente se habían reducido a causa de la severa contracción de las importaciones (a 5.300 millones), se había sumado a ellos un inmenso déficit de cuenta capital (de 14.500 millones) derivado de un masivo reflujo de capitales (una transferencia neta de recursos al extranjero de 13.100 millones). En estas condiciones, naturalmente, el servicio de la deuda externa había devenido una carga insostenible: la razón deuda externa desembolsada / exportaciones ascendía al 450%, la peor de las latinoamericanas, y los mercados de bonos habían cerrado sus puertas al estado argentino (se colocaron apenas U$S 1.500 millones en 2001, contra 13.000 y 14.200 millones en 2000 y 1999) (datos MEyOSP, INDEC, CEPAL y FIEL). Esta incapacidad servir la deuda externa fue la manera por excelencia en la que se puso de manifiesto el fracaso de la inserción del capitalismo argentino en el mercado mundial en condiciones de convertibilidad del peso, así como los ajustes impuestos por la necesidad de servirla fueron el campo de batalla privilegiado de la resistencia contra las consecuencias sociales que dicha inserción acarreaba.

La crisis bancaria fue, por su parte, la manera en que se puso de manifiesto la crisis interna de la propia convertibilidad del peso. La fuga de depósitos diezmó las cuentas en pesos e incluso en dólares por U$S 18.400 millones durante el 2001 (4.900 millones tan sólo en noviembre) y la fuga de dólares al extranjero por parte de los grandes especuladores se estimó en unos U$S 15.000 millones (3.000 millones en noviembre). El congelamiento de los depósitos forzado por esta corrida bancaria, un nuevo mecanismo de expropiación extraordinaria, fue el inicio de la devaluación forzada que terminaría con la convertibilidad poniendo en evidencia que la carrera del peso había fracasado.

 

3.

Ahora estamos en condiciones de realizar, para concluir, algunas consideraciones más generales acerca de la explicación de este proceso de resistencia social y crisis de la convertibilidad.

En primer lugar, veamos los sujetos sociales intervinientes. En la insurrección de diciembre confluyeron de hecho varios sujetos sociales que se habían consolidado, cuando menos, durante la segunda mitad de la década de los 90.

Los altos niveles de desocupación y subocupación generados por la convertibilidad, que afectaban sumados a más de un tercio de la PEA, combinados con la inexistencia de un verdadero sistema de subsidios de desempleo, sostuvieron la emergencia y la creciente organización y combatividad del movimiento de trabajadores desocupados. Este "movimiento piquetero" es uno de los fenómenos más interesantes y originales de la Argentina contemporánea y jugó un papel decisivo en la insurrección de diciembre, en particular en sus momentos de mayor radicalización. En cuanto a su origen social, se trata de un movimiento de desocupados emergente de la destrucción de puestos de trabajo resultante de la privatización de empresas públicas en un comienzo, y de la propia reconversión de empresas privadas más adelante, que fue consolidándose desde mediados de los 90. Desde un punto de vista organizativo está compuesto por una diversidad de organizaciones locales, barriales o poblacionales, que en algunos casos fueron integrándose a movimientos nacionales (la CCC, la FTV-CTA) y, hacia fines de 2001, alcanzaron una coordinación a escala nacional (en las Asambleas Nacionales de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados, los "congresos piqueteros"). Estas organizaciones descansan normalmente sobre la percepción de los subsidios de desempleo y la decisión colectiva acerca de su uso, pero también sobre el tejido de una amplia y polifacética red de actividades auto-organizadas (ocupación de tierras, trabajo comunitario, trueque, comedores y guarderías, talleres de formación, etc.). El eje de sus modalidades de lucha se encuentra, por supuesto, en el piquete. Los primeros piquetes tuvieron lugar, hacia 1996, en una serie de importantes rutas del interior que comunican el Mercosur (Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y Gral. Mosconi en Salta, Ledesma en Jujuy) y fueron protagonizados por trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo con las privatizaciones, pero paulatinamente estos piquetes fueron avanzando hasta terminar cerrando los accesos a la capital desde el Gran Buenos Aires y volcándose a las calles de la propia city financiera porteña. La modalidad de lucha del movimiento piquetero está signada así –como en los casos del MST en Brasil o el EZLN en México- por su dimensión espacial: impedidos de detener la producción, los trabajadores desocupados se ven obligados a interrumpir la circulación. Pero los desocupados jugaron también un papel clave en las acciones directas más radicalizadas, cuyos antecedentes más lejanos se encuentran en el "santiagazo" de 1993 y en otras "puebladas" (La Rioja 1993, Salta y Jujuy 1994, etc.). Las acciones del movimiento piquetero no dejaron de aumentar y de acercarse a la Ciudad de Buenos Aires durante el todo el período que consideramos (ver Lucita 2001) y fueron un componente decisivo de la insurrección de diciembre.

Los trabajadores del sector público reunidos en la CTA, que ya habían desarrollado jornadas de lucha decisivas cuando las privatizaciones de comienzos de los 90, volvieron a protagonizar importantes luchas durante el período que nos interesa. Los trabajadores del estado fueron las víctimas más inmediatas de los sucesivos ajustes, que implicaron la reducción de sus salarios, la supresión de otros de sus ingresos para-salariales (caso del sistema de incentivos docentes), el deterioro de sus condiciones de trabajo (en escuelas, hospitales) y despidos (como en el caso de los empleados públicos provinciales) y fueron uno de los pilares de la resistencia contra los mismos (ver Piva 2001). Los ajustes también afectaron a los trabajadores del sector privado, ciertamente, aunque de una manera más indirecta: a través del recorte de los servicios sociales y, menos perceptiblemente quizás, a raíz de que la reducción de los sueldos públicos potenciaba la ofensiva que las patronales privadas venían desarrollando desde comienzos de la recesión hacia la reducción de salarios en el sector privado. Pero, golpeados por el desempleo, la precarización de los contratos y las condiciones de trabajo y el más brutal despotismo patronal en los lugares de trabajo durante toda una década, sometidos a las centrales sindicales más burocráticas y comprometidas con las políticas neoconservadoras de los sucesivos gobiernos (la CGT-Daer y, en menor medida, la CGT-Moyano), no intervendrían decisivamente y de manera colectiva y organizada en la insurrección de diciembre.

Los denominados "sectores medios" desempeñarían en cambio un papel decisivo en dicha insurrección, pero su análisis es mucho más complejo. Una parte de esta complejidad deriva naturalmente de que esos sectores medios no son una clase, sino un agregado de individuos provenientes de distintas clases que comparten cierto nivel de vida y ciertos valores culturales e ideológico-políticos. Una parte importante de estos sectores medios está integrada también por trabajadores asalariados del sector público o privado (profesionales, técnicos, académicos) que trabajan y viven en condiciones relativamente mejores que los restantes trabajadores y, en tanto tales, también fueron afectados por los sucesivos ajustes, el desempleo, las reducciones de salarios y los recortes de gastos sociales. Pero hay algunas condiciones más específicas: primero, sus ingresos habían sido particularmente afectados por algunas de las medidas incluidas en los últimos ajustes, como los impuestos al consumo o los recortes de sueldos por encima de cierto monto; segundo, la propia recesión había afectado en masa a una parte importante de los mismos, como los pequeños comerciantes, los cuentapropistas vinculados a distintos servicios y los profesionales independientes; y tercero, fueron las principales víctimas del congelamiento de los depósitos. Es así como estos sectores, que habían sustentado el triunfo electoral de la Alianza dos años antes, se sumaron con sus cacerolazos espontáneos y masivos a la resistencia contra su gobierno. La intervención, aunque tenía como antecedente el cacerolazo contra Menem de 1999 y otras acciones previas, no respondió a ninguna organización previa: recién a partir de enero de 2002 y mediante las asambleas vecinales estos sectores medios comenzaron a organizarse.

El análisis de los sujetos sociales intervinientes en las jornadas de diciembre nos permite, en segundo lugar, comprender mejor las características de la insurrección misma. Estos distintos sujetos sociales confluyeron de hecho en la movilización y se expresaron en las distintas modalidades de lucha que se desenvolvieron y en las distintas demandas que se plantearon.

Los asaltos a las grandes cadenas de supermercados fueron acciones protagonizadas por trabajadores desocupados y ocupados. Sus antecedentes se remontan a los asaltos a los supermercados causados por los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la hiperinflación de 1989. Pero si en aquella oportunidad los asaltos a los supermercados habían sido acciones desesperadas realizadas en un marco de derrota de los trabajadores, en esta nueva ocasión tendió a perfilarse como un verdadero desafío de la propiedad privada a través de la apropiación directa. No se trató de una oleada de vandalismo dirigida contra cualesquiera locales comerciales y casas de familia, como los presentaron las corporaciones de medios de comunicación de masas locales y extranjeras (el Grupo Clarín, la CNN), ni de una mera maniobra pergeñada por grupos de derecha fascistizantes, como afirmaron varios analistas. Se trató fundamentalmente del asalto a las grandes cadenas de supermercados propiedad de grandes empresas multinacionales y nacionales (como Carrefour, Wal Mart, Coto) y, en el caso de casas de familia, de un avance no concretado sobre los country-clubs de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Los cacerolazos fueron la modalidad de lucha privilegiada de los sectores medios y, precisamente, fueron más masivos en los barrios característicos de la clase media capitalina (Belgrano, Palermo, Flores, Caballito). Los cacerolazos fueron acciones claves en relación con la suerte del gobierno porque pusieron de manifiesto que ese sector, que conserva una importancia y una influencia político-ideológica decisiva en la sociedad argentina y que habían sustentado a la Alianza, había retirado definitivamente su apoyo al gobierno.

Las acciones directas de violencia callejera, desarrolladas particularmente durante la jornada del 20 serían por su parte, indudablemente, las acciones más radicalizadas y sin las cuales el gobierno no hubiera claudicado. Pero la naturaleza de estas acciones también fue tergiversada por algunos medios de comunicación como irracionales actos de vandalismo (véanse las ediciones de enero de Página 12 o Le Monde Diplomatique). La violencia en las calles fue una violencia colectiva, ejercida ciertamente por una vanguardia del movimiento, una nueva vanguardia joven compuesta por piqueteros, estudiantes, miembros de partidos de izquierda y otros militantes sociales, pero de ninguna manera por parte de saqueadores dispersos. Cuando se trató de una violencia ejercida sobre otras personas, se trató siempre de una violencia que tenía a la policía como contendiente y que respondía a la represión y a las provocaciones ejercidas por la misma contra los manifestantes. Cuando se trató de una violencia ejercida contra bienes físicos, se trató casi sin excepción de una violencia notoriamente selectiva ejercida contra los símbolos materiales del poder: los edificios de los bancos privados y públicos que habían expropiado los ahorros, los edificios y vehículos de las empresas de servicios públicos privatizadas y en manos de grandes multinacionales que habían saqueado a los consumidores con sus elevadísimas tarifas, los locales de MacDonalds convertidos en un símbolo del capital global, los edificios públicos que representaban al estado. Las acciones directas de violencia callejera en cuestión deben equipararse entonces, antes que a un mero vandalismo, a las acciones del llamado "movimiento anti-globalización" que se extendieron desde Seattle, pasando por Génova, hasta Barcelona.

La confluencia de todos estos sujetos sociales y sus modalidades de lucha puso en escena así, durante la insurrección de diciembre, una nueva fuerza social. Me refiero a la constitución, en la lucha misma, de una nueva alianza entre los trabajadores empleados y desempleados y los sectores medios. Difícilmente pueda exagerarse la importancia de esta alianza. Los sectores medios desempeñaron a menudo, durante la década del 90, un papel conservador, aliándose socialmente con la gran burguesía y expresándose política e ideológicamente a través de partidos de centro-izquierda que operaron como "mediadores evanescentes" (Zizek 1998) decisivos para la continuidad del régimen. Pero una alianza de hecho muy diferente comenzó a gestarse durante la insurrección de diciembre -y continuó profundizándose desde entonces. La comunicación interna entre las distintas modalidades y sujetos de lucha registrada pone de manifiesto este fenómeno: militantes de vanguardia que cortaron las calles de la city porteña y aeronáuticos que bloquearon las pistas de aterrizaje como los piqueteros las rutas, sectores medios que escracharon a los dirigentes políticos como los hijos de desaparecidos escrachan a los represores, y así sucesivamente.

Y también confluyeron en la insurrección de diciembre, junto con esos distintos sujetos y modalidades de lucha, distintas demandas: desde los reclamos de alimentos, de trabajo o de subsidios de desempleo hasta las exigencias de devolución de los depósitos incautados o de castigo a los políticos y jueces corruptos. Hubo, sin embargo, una consigna que fue imponiéndose poco a poco como un punto de convergencia, hasta ganar exclusividad en la jornada del 27 de diciembre que originó la renuncia de Rodríguez Saá: la demanda política de que renunciaran los responsables del régimen vigente en su conjunto o, en otras palabras, de "que se vayan todos". La consigna es exclusivamente negativa, pero debemos ser cuidadosos en su análisis. Primero, cabe recordar que todos los auténticos movimientos de masas son diversos, incluso contradictorios, y van creando sus programas a partir de sus propias acciones: en las asambleas barriales y otras instancias posteriores, esas distintas demandas comenzaron a decantar en pliegos, aún embrionarios, de demandas compartidas. Segundo, la propia negatividad de la consigna, su carácter inconsistente o mejor aporético, puede ser interpretada desde una perspectiva positiva en la medida en que abre una brecha inédita para la construcción de una política independiente de los partidos y representantes del régimen y, en su extremo, de nuevas modalidades de autoorganización sin estado y de comunidad sin comando capitalista.

El análisis de las jornadas de diciembre nos conduce en tercer lugar y para finalizar a la necesidad de esbozar un análisis provisorio de la desintegración de la hegemonía menemista estructurada alrededor de la convertibilidad. Si a comienzos de la década de los 90 la convertibilidad había impuesto nuevas reglas de juego para el desenvolvimiento de la lucha de clases y una nueva hegemonía, en efecto, esas reglas de juego fueron cada vez más desbordadas por las luchas sociales y esa hegemonía fue perdiendo sustento entre sectores cada vez más amplios de la población hacia fines de la década.

Pero esta desintegración requiere explicación. La convertibilidad implicó un férreo mecanismo de disciplinamiento social, gozó de un amplio consenso pasivo entre amplios sectores de la sociedad, y se constituyó así en la clave de bóveda de una hegemonía social y política duradera. La desintegración de esta hegemonía descansa a nuestro entender en dos elementos claves: la marginalización respecto de las reglas de juego vigentes y la violación de dichas reglas de juego. Por una parte, sectores cada vez mas amplios de la sociedad se vieron marginados de esas reglas de juegos impuestas por la convertibilidad. El caso típico es el de la creciente masa de trabajadores desempleados que no tenía nada que perder con la caída de la convertibilidad porque no percibía salarios cuyo poder adquisitivo conservar. Por otra parte, sectores de la sociedad incluidos en esas reglas de juego se encontraron repentinamente enfrentados a acontecimientos que aparecieron ante su conciencia como una violación flagrante de dicha reglas perpetrada por parte de la propia burguesía. El caso típico es, naturalmente, el de los sectores medios cuyos ahorros fueron congelados y en gran parte ya expropiados en el sistema bancario. Entre ambas situaciones, extremas y extremadamente explosivas, hay una gama de situaciones intermedias: tal es el caso de los trabajadores con empleo cuyos salarios nominales caían con las tendencias deflacionarias desatadas por la convertibilidad durante la crisis. Estos podían verse marginados de las reglas de juego de la convertibilidad, en la medida en que la estabilidad dejaba para ellos de representar la conservación del poder adquisitivo de sus salarios y pasaba a significar el deterioro de los mismos en un marco deflacionario, pero estos trabajadores podían también ver violadas las reglas de juego inherentes a la convertibilidad en la medida en que dichas reglas, establecidas durante el auge, habían vinculado explícitamente aumentos de salarios con aumentos de la productividad del trabajo pero en ningún caso descensos de salarios con condiciones de crisis. La marginalización respecto de, y la violación, de las reglas de juego impuestas por la convertibilidad minaron de esta manera los cimientos de la hegemonía menemista. El derrumbe de la convertibilidad en 2001 inauguró, en este sentido, nuevas reglas de juego para el desenvolvimiento de la lucha de clases y profunda incertidumbre acerca de la hegemonía.

 

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