Revista THEOMAI   /  THEOMAI   Journal
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo / Society, Nature and Development Studies

 

número especial (verano de 2003)  
special issue (summer of 2003)

                 

 


Ciencia y tecnología en transición.
La herencia de la política científica y tecnológica del gobierno Cardoso y los desafíos del nuevo gobierno brasileño

Noela Invernizzi*

* Post Doctoral Fellow - Center for Science, Policy & Outcomes, Columbia University. ni2105@columbia.edu

Brasil se destaca en el contexto latinoamericano por su infraestructura de ciencia y tecnología (C&T). Lidera las inversiones en investigación y desarrollo (I&D), tanto en monto absoluto como en relación al PIB. Posee un sistema de post-graduación bien establecido y diversificado que ha formado una cantidad significativa de investigadores de alto nivel. En fin, su posición en el ranking mundial de producción científica ha mejorado sustancialmente en los últimos años.
El país se destaca igualmente, no sólo a nivel latinoamericano sino mundial, por su pésima distribución de la riqueza, por su histórico déficit educacional y una lista significativa de problemas socio-económicos. A menudo se dice que Brasil es un país de contrastes, y este es uno de ellos.

El nuevo presidente brasilero, Luis Inácio da Silva, “Lula”, líder del Partido de los Trabajadores (PT), se propuso enfrentar tal paradoja al asumir el cargo en enero de 2003. En el programa de gobierno, la C&T son vistas como herramientas cruciales para atacar los graves problemas sociales e impulsar el desarrollo económico con justicia social.
Sin embargo, los objetivos del gobierno no parecen del todo afinados con la concepción y con la estructura institucional heredada del gobierno anterior, que había promovido un significativo cambio de rumbo en la política de ciencia y tecnología (PCT), orientándola a estimular la innovación en el sector privado. Es así que los primeros pasos del nuevo gobierno en la definición de su PCT han sido arduos y acompañados por una considerable polémica.

En este artículo analizamos algunos debates que caracterizaron la transición entre ambos enfoques de PCT, ocurridos durante el primer semestre de gobierno, y los desafíos planteados. Luego de una breve contextualización histórica, expondremos, en la primera sección, el enfoque y los principales instrumentos promovidos por el gobierno de F. H. Cardoso. En la segunda sección abordaremos la transición entre este enfoque y el concebido por el actual gobierno del PT, destacando los principales asuntos discutidos en la prensa al inicio de su gestión. Finalizando, en la tercera sección, consideraremos algunos desafíos que enfrenta la puesta en práctica de la nueva concepción de C&T.


1. De la política científica ofertista al fomento a la innovación

Aunque existen en Brasil instituciones de investigación que datan de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX —especialmente las orientadas a la agricultura y a la salud— es a partir de los años 1950 que la ciencia comienza a recibir un apoyo sistemático desde el Estado. Como en tantos otros países, también en Brasil los albores de la PCT fueron influenciados por el documento elaborado por V. Bush a pedido del Presidente Roosevelt — Science, the Endless Frontier (1945). Su concepción del desarrollo económico y social como resultado del progreso de la ciencia básica —conocida luego como “modelo lineal de innovación—, y su propuesta institucional de financiamiento público de la ciencia se reflejaron en las políticas adoptadas, de carácter ofertista, y en las instituciones creadas (Schwartzman, 1993; Dagnino, David y Thomas, 1996).(2)

A diferencia de la agricultura y de la salud —áreas en las cuales las demandas locales llevaron al desarrollo de la ciencia aplicada—, el nuevo sistema de C&T tuvo escasa demanda desde el sector industrial, dado que la estrategia de industrialización por substitución de importaciones reposaba en la importación de tecnología. La política de transferencia de tecnología bloqueó, de hecho, el mecanismo de reacción en cadena propuesto por el modelo lineal de innovación (Barreiro y Davit, 2000). Esta situación reforzó el sesgo ofertista del sistema de C&T, otorgando un protagonismo prácticamente exclusivo a la comunidad científica, que actuaba en relativo aislamiento (Albornoz, 2001). Así, las acciones se orientaron principalmente a la formación de recursos humanos y a la investigación en las universidades y los centros de investigación públicos.

Durante las décadas de 1960 y 1970, sin embargo, el proyecto desarrollista nacionalista impulsado por los gobiernos militares fomentó la vinculación entre las instituciones de investigación y el sector productivo en áreas estratégicas como la aeronáutica, las telecomunicaciones, la producción de energía, y más tarde la informática. La vinculación estuvo a cargo del Estado, a través de grandes institutos públicos de investigación y de centros de I&D de empresas estatales, cuya función era desarrollar la capacidad tecnológica local y transferirla a las empresas nacionales (Schwartzman, 1993; Dagnino y Thomas, 2001).

Esta política tuvo un éxito considerable en algunos sectores con fuerte presencia estatal, como el petroquímico, las telecomunicaciones y la aeronáutica, pero no consiguió incorporar, de forma duradera, al sector productivo privado, que creció al amparo de un mercado interno fuertemente protegido (MCT, 2001; Velho y Saenz, 2002). Tuvo, sin embargo, un impacto decisivo en la consolidación de los componentes más relevantes del sistema de C&T brasilero, como las universidades públicas federales y estatales, con sus cursos de post-graduación y sus carreras de investigación y docencia; los centros de investigación públicos y los centros de I&D vinculados a las empresas del Estado.

Durante los años 1980, la crisis del modelo de sustitución de importaciones se tornó evidente. Tras el vertiginoso crecimiento de las dos décadas anteriores (3), la de 1980 fue una “década perdida”, caracterizada por la estagnación. Mientras tanto, estaban ocurriendo una revolución tecnológica y cambios radicales en la producción a nivel mundial. El éxito exportador de los “tigres asiáticos” y el crecimiento de las exportaciones en las principales economías latinoamericanas alimentarían una nueva concepción de desarrollo —vía integración competitiva al mercado mundial— que se vuelve dominante a principios de los años 90. En consonancia con los nuevos objetivos, las políticas de C&T fueron dando lugar a políticas de innovación.

En Brasil, ello se manifestó primeramente en la apertura económica, ocurrida en 1990, concebida como instrumento estimulador de la competitividad de las empresas. Siguieron algunos incentivos dados a las empresas en proceso de reestructuración productiva para mejorar sus condiciones de productividad y calidad. Algunos años después se consolidaría un nuevo enfoque de PCT orientado a promover la innovación en el sector productivo. Desde entonces, se habla de política de Ciencia, Tecnología e Innovación (C,T&I). Este giro, desde una PCT de marcado carácter ofertista, centrada en el Estado y las universidades, para otra que enfatiza la demanda por innovación, introduciendo un tercer actor hasta entonces virtualmente ausente —la empresa privada—, se consolidó durante el segundo gobierno de Fernando H. Cardoso (1999-2002).

El diagnóstico de la situación de la C&T hecho entonces por el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología (MCT) en el Libro Verde (2001) fue una elocuente crítica al modelo ofertista. Se le reconoce a éste el mérito de haber creado una buena base de investigación y de formación de recursos humanos de alto nivel. Sin embargo, se le critica por no haber sido capaz de hacer fluir el conocimiento generado por las instituciones de investigación hacia su aplicación en el sector productivo. Así, a pesar del buen desempeño de la comunidad científica, el país no consiguió dar el paso decisivo hacia la innovación, pieza clave para el desarrollo de la competitividad (MCT, 2001). Veamos los principales indicadores que sustentaron tal diagnóstico.

  • El país hace una inversión considerable en C&T. En 1999, el 0.87 % del PIB se destinaba a I&D, un porcentaje ciertamente inferior al de países de industrialización tardía, como Corea del Sur (2,5% en 1999), pero comparable al de países de la Comunidad Europea como Italia, que en 1999 invertía 1% de su PIB en I&D, o España, que destinaba 0,9% en el mismo año y superior al de cualquier otro país latinoamericano (MCT, 2001:28).
  • El país forma recursos humanos de alto nivel. El sistema de post-graduación, sostenido principalmente por las universidades federales (públicas), se ha consolidado como resultado de inversiones sistemáticas hechas en la formación de profesores e investigadores en el país y en el exterior y en becas para estudiantes. Entre 1987 y 2000 se formaron más de 120.000 masters y más de 35.000 doctores. En 2000 se otorgaron 5.000 nuevos diplomas de doctorado y la tendencia indica que ese número irá en aumento. En el mismo año, las universidades e institutos públicos de investigación contaban con 49.000 científicos, de los cuales casi 60 % eran doctores (MCT, 2001:29).
  • La productividad científica brasilera está aumentando. El desempeño de la comunidad científica, medido en número de artículos publicados, mejoró sin cesar en los últimos años. Los datos del Institute for Scientific Information muestran que Brasil subió de la posición número 28 a la posición número 17 en el ranking mundial de artículos en revistas indexadas entre 1991 y 2000. En 2000, fueron publicados 9.500 artículos científicos y técnicos. Este crecimiento ha llevado la participación brasilera en la producción mundial de ciencia a niveles semejantes a los de Israel y Corea del Sur. De acuerdo con los registros de citaciones, la ciencia brasilera ha comenzado a tener más impacto a nivel mundial. Mientras entre 1981 y 1985 se registraron 14.000 citaciones de papers brasileños, entre 1996-2000 se registraron 85.000 (MCT, 2001:31,71).
  • El país contabiliza una serie de éxitos de la C&T nacionales. Así, por ejemplo, las investigaciones de la EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias) permitieron ampliar la frontera agrícola hacia el área del cerrado, hasta entonces considerado infértil. Ello permitió, por ejemplo, tornar al país un gran productor mundial de soja. La empresa petrolera nacional —Petrobrás— desarrolló un sistema de prospección en aguas profundas que es otro ejemplo de la capacidad científico-tecnológica local. Los institutos Oswaldo Cruz y Butantan se han destacado en el campo de la salud, produciendo vacunas, sueros antiofídicos y remedios para enfermedades tropicales. En el campo de la aeronáutica, el Instituto Tecnológico de la Aeronáutica y la empresa Embraer (antes estatal y ahora privatizada) consiguieron hacer del Brasil el único productor y exportador de aviones de medio porte entre los países en desarrollo. Otro ejemplo es el programa Pro-alcool, que desarrolló un combustible renovable a base de etanol obtenido de la caña de azúcar. En los últimos años, los investigadores brasileros han entrado en áreas de punta, como la genómica, participando en el Proyecto Genoma, y la nanotecnología (MCT, 2001:37-38,81).Frente a estos indicadores, que denotan aspectos exitosos de la C&T brasilera, el diagnóstico del MCT opone la pobre performance en innovación. El Libro Verde destaca especialmente tres indicadores: el escaso número de patentes; la insuficiente inversión privada en I&D y el reducido empleo de personal científico y técnico por el sector privado.
  • La falta de capacidad de innovación se manifiesta en el reducido número de patentes. Brasil ha registrado una irrisoria cantidad de patentes en los EE.UU, si se lo compara con Corea del Sur, tal como muestra el cuadro 1. En cuanto ambos países tuvieron una evolución relativamente armónica en sus indicadores de producción de ciencia, se ha abierto un abismo entre sus posiciones relativas en número de patentes
  • El gasto privado en I&D es escaso. El sector privado contribuye con 35,7 % de los gastos totales del país con I&D (4) (MCT, 2001:28-29). Corea del Sur, considerada un paradigma de la innovación entre los países de más reciente industrialización, ha caminado por la senda opuesta. Allí, más de 70 % del gasto en R&D es financiado y ejecutado por empresas privadas (Kim, 2000:14).

Las empresas no absorben los cuadros formados por las universidades. A pesar de la considerable oferta de recursos humanos calificados, la demanda de las empresas es muy baja. En 1998, cerca de 12.200 personas trabajaban en actividades de I&D, distribuidas en 1800 empresas. Esto da una razón de sólo 6,7 personas por departamento de I&D en cada empresa. Dentro del staff de empleados de las empresas, el personal con educación universitaria es sólo el 12 %. Aquellos que tienen educación superior en Ciencias, Ingeniería o Informática se reducen al 0,7 % del empleo total. Mientras tanto, cerca de 3.000 personas con nivel de maestría o doctorado están desempleadas y la migración de científicos para el exterior ha aumentado (MCT, 2001:66-68 con base en PINAD-IBGE, 1999 y RAIS-MTE, 1999). Nuevamente, esta situación contrasta con el caso coreano, donde las empresas absorben la mayoría de los científicos e ingenieros, como puede observarse en el cuadro 2. También al contrario del caso brasileño, a partir de los años ochenta las empresas coreanas han repatriado científicos e ingenieros del exterior (Kim, 2000:20).

Datos estadísticos recientes refuerzan este panorama de escasa innovación en el sector privado descrito en el informe del MCT. Entre 1998 y 2000, apenas un tercio del total de empresas brasileras con más de 10 empleados implementaron un producto o proceso tecnológicamente nuevo. Y, las que lo hicieron, concentraron sus inversiones en compras de equipamientos. Esto significa que esas empresas se integraron al proceso de difusión de innovaciones tecnológicas, pero no se volvieron, stricto sensu, innovadoras (5). Las actividades de I&D propiamente dichas son muy limitadas, realizadas por apenas 16 % dentro del grupo de empresas que innovaron en alguna área. Además, 90 % del gasto en I&D se concentra en las empresas de mayor porte, especialmente en los sectores de bienes de capital, equipamientos electrónicos, informática y comunicaciones (PINTEC-IBGE, 2002).

De forma similar, una investigación desarrollada por la Confederación Nacional de la Industria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología mostró, a partir de una muestra de 531 empresas, que 70 % de los empresarios tienen como principal estrategia de desarrollo tecnológico la adquisición de máquinas y equipos más actualizados. Mientras tanto, la absorción de investigadores quedó en 8º lugar, practicada por sólo 3 % de las empresas (CNI/MCT-Finep, 2001). Siendo así, no sorprende que, entre 1993 y 1998, el déficit tecnológico, o diferencia entre importaciones y exportaciones de tecnología, haya crecido 1400 % y que la cuenta que el país paga por royalties y licencias haya subido de 200 millones de dólares en 1992 para 3,5 billones en 2001 (Fapesp, 2001).

Frente a esta situación, todo el esfuerzo en C&T durante el gobierno de F. H. Cardoso se concentró en promover la capacidad de innovación del sector productivo con vistas a viabilizar su inserción en el mercado globalizado. Este cambio de perspectiva requirió un rediseño de la estructura institucional que se había ido consolidando a partir de la década de 1950. Dos instrumentos de política asumieron particular importancia en el desarrollo de estas nuevas condiciones institucionales: los Fondos Sectoriales y la Ley de Innovación. Ambos viabilizan mecanismos para incorporar al sector privado en al sistema de C&T, con el objetivo de transformarlo en un sistema nacional de innovación. El mecanismo principal es el estímulo a la relación entre las universidades/centros de investigación públicos y las empresas.
Los Fondos de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico, conocidos como Fondos Sectoriales, comenzaron a funcionar en 1999. Fueron creados con el objetivo de articular la investigación con demandas de sectores productivos específicos como petróleo, energía, recursos hídricos, transporte, recursos minerales, informática, salud, aeronáutica, agropecuaria, biotecnología y telecomunicaciones. Existen además, dos fondos no sectoriales: el fondo de infraestructura, destinado a financiar proyectos de implantación y de recuperación de infraestructura de investigación en las universidades e instituciones públicas investigación, y el llamado fondo “verde-amarillo”, orientado a promover la innovación en áreas no contempladas por los demás.

Los recursos financieros provienen de los propios sectores productivos, a través de impuestos aplicados a actividades como la importación de tecnología, pagos de royalties y licencias, concesiones de servicios públicos a empresas privadas, así como de contribuciones de empresas beneficiarias de incentivos fiscales. Tales recursos, oriundos del sector productivo y hacia él canalizados, pretenden asegurar el financiamiento permanente de las actividades de innovación, evitando que se vean sometidas a los avatares de los presupuestos anuales. Cada fondo sectorial cuenta con un comité gestor autónomo, encargado de decidir sobre el destino de los recursos, compuesto por representantes de los sectores correspondientes, de los ministerios vinculados al sector, del CNPq y de la comunidad científica (MCT, 2001:235). El Centro de Gestión y Estudios Estratégicos —una organización social (6)— fue creado para prestar asesoría técnica a los comités gestores de los fondos sectoriales, mediante contrato del MCT. Los recursos humanos para la investigación realizada con estos fondos son básicamente los de las universidades e institutos de investigación, mediante convenios con las empresas (7).

El segundo instrumento, la Ley de Innovación, generó un fuerte debate en la comunidad académica, y no llegó a ser aprobada por el Congreso antes del término del mandato de Cardoso, en diciembre de 2002. La propuesta —que aun está en el Congreso, con previsión de ser tratada en setiembre de 2003 y sujeta a posibles modificaciones— pretende consolidar una estructura legal que permita flexibilizar la transferencia de investigadores y tecnologías de las universidades y centros de investigación públicos para las empresas privadas. Se propone transformar la estructura de investigación pública, considerada no competitiva y con escasa capacidad de adaptación a la demanda, dándole mayor autonomía en el manejo de recursos públicos y en la recaudación de fondos privados (MCT, 2001:249) (8).

Mientras los Fondos Sectoriales gozaron de un relativo consenso, el proyecto de Ley de Innovación fue objeto de fuertes debates. Algunos sectores de la comunidad académica se opusieron vivamente a la concepción de la relación universidad-empresa allí propuesta. Se ha argumentado que la ley tendría efectos nocivos sobre las universidades, subordinándolas a los parámetros impuestos por el mercado. Por un lado, ello podría inducir un desarrollo muy desigual entre las áreas vinculadas a intereses comerciales y aquellas que, aún atendiendo demandas sociales, no lo son. Por otro lado, ha habido considerable oposición a la privatización de los recursos públicos de las universidades, materiales y humanos, en función de intereses de las empresas —lo que la prensa ha calificado como “oposición ideológica” (Balthazar, 2003). Durante una conferencia, Glaci Zancan, entonces presidente de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia, expresó que “la ley de innovación propone apenas innovar para la industria, para las necesidades impuestas por el mercado; no atiende a las necesidades de innovación relacionadas con la población. En esta ley de innovación todo es privatización de lo público, comenzando por los cerebros de la universidad” (Zancan, 2002).

Se ha argumentado, también, que el “discurso de la gran alianza entre universidad-empresa” contenido en la propuesta de C,T&I está disociado de la realidad del empresariado local, que tiene como principal estrategia la importación de tecnología (Dagnino, 2002). Se ha observado, a la luz de la experiencia pasada, que las expectativas puestas en los programas de vinculación universidad-empresa para promover la innovación de forma sostenida, están sobredimensionadas. Según Velho y Saens (2002), las acciones del gobierno para aproximar las universidades y las empresas sólo han tenido éxito puntualmente, en algunos proyectos, pero han sido incapaces de crear vínculos de larga duración y de estimular a las empresas a establecer sus unidades propias de I&D. Las empresas han tendido a utilizar las universidades como substitutos, y no como complemento, de actividades propias de I&D.

No obstante la existencia de críticas, el diagnóstico de la situación de la C&T brasilera y la necesidad de estimular la capacidad de innovación del sector productivo han encontrado eco en la comunidad académica. El rector de la Unicamp, una de las principales universidades del país, Enrique de Brito Cruz, sostiene que las políticas de innovación promovidas a finales de los 90s consiguieron superar el equívoco histórico de las políticas de C&T brasileras, tradicionalmente centradas en las universidades. Sin embargo, Cruz deslinda claramente el papel de las universidades —productoras de conocimiento y de recursos humanos— y el de las empresas —que es hacer innovación. Así, en una entrevista declaró: “la capacidad innovadora de las empresas brasileras se desarrollará cuando ellas comiencen a hacer investigación, y no cuando interactúen con la universidad” (Cruz, 2002; Ferraz, 2002). La incorporación de la comunidad académica a la discusión de la innovación contribuyó decisivamente a legitimar el tema, aunque no faltaron críticas a la contradicción entre “la riqueza teórica del sistema diseñado en los últimos años por el MCT y la parcimonia e irregularidad de las inversiones, por razones estructurales o coyunturales de la economía” (Vogt, 2002). Tales cortes no sólo afectaron a los fondos sectoriales, sino que, durante el último año del gobierno de Cardoso, colocaron al CNPq en riesgo de quiebra, debiendo suspender una serie de programas (Souza, 2003).

La discusión sobre innovación y los nuevos mecanismos para estimularla, así como la crisis del presupuesto para C&T estaban en su ápice en el momento en que Luis Inácio da Silva inició su campaña electoral.


2. De las políticas de innovación a la C&T para el desarrollo social: primeros pasos

Durante el gobierno de F. H. Cardoso se registraron mejorías en algunos indicadores sociales. Ello ocurrió especialmente en las tasas de matriculación en la educación primaria y en la esperanza de vida, que contribuyeron decisivamente a elevar el Índice de Desarrollo Humano de 0.737 en 1995 para 0.757 en 2000 (PNUD, 2002). No obstante, la situación social del país continuó presentando graves problemas.

A pesar del éxito de su plan económico para contener la hiperinflación, factor que corroía el poder de compra de la población, los niveles de desigualdad de la sociedad brasilera no se alteraron significativamente a lo largo de sus dos gobiernos. El índice de Gini, que mide la desigualdad, se sitúa en 60.7, según datos del PNUD (2003). El censo realizado en 2000 mostró que 10 % más rico de la población se apropia del 45,7 % de la riqueza. Mientras tanto, el 50 % más pobre recibe el 14,5 % de la riqueza, y el 10 % más pobre, sólo el 1% de ella (IBGE, 2000). En una población de 170 millones, 57 millones están bajo la línea de pobreza y no hubo mejora en los indicadores de indigencia en los últimos años. El hambre aflige crónicamente a 46 millones de brasileros (Instituto da Cidadania, 2001:5; PINAD-IBGE, 2002).

El desempleo creció, alcanzando al 12 % de la población en las seis principales regiones metropolitanas del país en 2002, lo que se suma a la situación precaria de en torno de la mitad de la población trabajadora que actúa en la economía informal, incluyendo las modalidades de trabajo por cuenta propia, servicios domésticos y asalariados sin registro legal (Invernizzi, 2000; PME-IBGE, 2002).

El sistema escolar, a pesar de un significativo avance en la tasa de matrícula en la educación primaria —que alcanzó a 96 %— continua presentando serias deficiencias de calidad. Estudios recientes realizados por la Unesco y por la OECD mostraron que 50 % de los estudiantes brasileros en la faja de 15 años están abajo del llamado nivel 1 de alfabetización, que significa que apenas son capaces de realizar actividades muy simples de lectura. En matemáticas y ciencias, el desempeño de los alumnos brasileros quedó en penúltimo lugar entre 41 países evaluados (UNESCO, 2003; Jornal da Ciencia, 7/07/2003). Ello demuestra que buena parte de la fuerza de trabajo del país está totalmente incapacitada para actuar en un sector productivo innovador, así como para ejercer sus mínimos derechos de ciudadanía.

El enfoque de C,T&I desarrollado durante el gobierno de F. H. Cardoso no soslayó estos y otros complejos problemas sociales del país; los documentos oficiales se refieren a ellos (9). Pero su solución fue concebida como un resultado de una mejor posición competitiva del país y del crecimiento económico que esto traería. El Libro Verde expresa: “Las inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación traen retorno en la forma de una población mejor calificada, de empleos mejor remunerados, de generación de divisas y de mejor calidad de vida” (MCT, 2001:13-14). Tales inversiones capacitarían al país “a aprender de forma continua y a transformar, cotidianamente, el conocimiento en innovación y la innovación en desarrollo” (MCT, 2001:18). Esta concepción del bienestar social como resultado de un crecimiento económico impulsado por el desarrollo científico-tecnológico no difiere mucho de la concepción que guiaba al modelo lineal de innovación. El papel inductor, que en éste era atribuido a la ciencia básica, ahora cabe a la demanda de innovación por parte del sector productivo —demanda virtualmente inexistente y que la nueva política de C,T&I se propuso estimular. En otras partes, no obstante, el mismo documento expresa que el crecimiento económico, por si solo, no es suficiente para promover la corrección de las distorsiones sociales históricas ni para distribuir los beneficios del desarrollo (MCT, 2002:85-86).
El triunfo de Luis Inácio da Silva con el 61 % de los votos en las elecciones de octubre de 2002, que condujo por primera vez al Partido de los Trabajadores al poder, fue una clara señal de disconformidad popular con los efectos de las políticas neoliberales del gobierno anterior. Ello abrió enormes expectativas en la población —expectativas relacionadas, antes que nada, con la mejoría de la calidad de vida. En Brasil, esto quiere decir enfrentar el hambre, el desempleo, la falta de calidad y capacidad de atención de los sistemas de educación y salud, las sequías crónicas del Nordeste, los problemas derivados de la urbanización rápida, la violencia, entre tantos otros.

Durante la campaña electoral, Luis Inácio da Silva enfatizó la importancia estratégica de la C&T para la búsqueda de soluciones a estos problemas. Resaltó la necesidad de democratizar el desarrollo científico y tecnológico, reorientándolo hacia las necesidades de la mayoría de la población brasilera (PT, 2002a y 2002b). Al asumir como Ministro de Ciencia y Tecnología, R. Amaral expresó ese compromiso de forma clara:
“La nueva política brasileña de ciencia y tecnología estará orientada al cambio social, lo que implica democratizar el conocimiento científico, la técnica y los beneficios que ellas propician. Para ello, la ciencia y la tecnología contribuirán de dos formas. Por un lado, atendiendo a las carencias sociales más graves, definidas como prioridad por el gobierno de Lula. Por otro, a través del desarrollo del instrumental técnico-científico estratégico que permita el desarrollo nacional a largo plazo” (Amaral, 2003).

Algunos meses más tarde, el documento que contiene la propuesta de Orientaciones Estratégicas del MCT para el período 2004-2007 —y que está siendo sometido a discusión pública— reforzó esta concepción al indicar como misión del MCT:
“Formular e implementar la Política Nacional de Ciencia y Tecnología en consonancia con las Orientaciones Estratégicas del Gobierno Federal (10), de modo de utilizar la investigación científica y tecnológica como instrumento de progreso y de promoción del bienestar social” (MCT, 2003:4).

Llevar a la práctica tales declaraciones de principios supone una ruptura con la tradición anterior de formulación de la PCT. Significa abandonar un enfoque, muy arraigado, y que subsistió en los cambios realizados durante el gobierno de F. H. Cardoso, que considera el desarrollo social como producto final, más o menos automático pero nunca garantizado, del desarrollo científico tecnológico, y adoptar otro que considera los problemas y necesidades sociales como punto de partida para la formulación de políticas de C&T. Tal fue el desafío que se propuso el nuevo gobierno.

Los seis primeros meses del gobierno de Lula han sido escenario de un amplio debate de ideas sobre C&T. Sin pretensión de agotar todos los tópicos, destacamos en este artículo algunas cuestiones que han sido ampliamente difundidas a la opinión pública a través de la prensa (11). Las primeras polémicas fueron alimentadas por definiciones y acciones del nuevo gobierno que se consideraron contradictorias con su discurso de dar a la C&T un papel central. El debate de fondo ha tenido como centro la readecuación de la estructura de C&T a los nuevos objetivos, denotando las dificultades de operar cambios de concepción a partir de una estructura institucional heredada. Veamos estas cuestiones con mayor detalle.
La actuación del nuevo gobierno en el área de C&T tuvo como punto de partida una fuerte polémica en torno al nombramiento del Ministro de C&T. La polémica comenzó coyunturalmente a raíz de declaraciones ambiguas o malinterpretadas del ministro sobre el programa nuclear brasilero, pero avanzó hacia un cuestionamiento mayor. Desde el diario más influyente del país, Folha de S. Paulo, se dijo: “[el ministro R. Amaral] ha incomodado a técnicos, académicos, empresarios y hasta colegas del propio gobierno” (Castanhede y Constantino, 2003). Se le ha criticado, en la página editorial de otro prestigioso diario, no tener tradición en el área y no presentar una política clara de C&T (O Estado de S. Paulo, 22/04/2003). Se sostuvo que “el Ministro Roberto Amaral y su equipo están próximos a realizar el hecho histórico de, en menos de dos meses, hacer retroceder la política de ciencia y tecnología en diez años” (Nassif, L., 2003).

El nombramiento no solo ha sido criticado por opositores políticos, sino también desde filas simpatizantes con el gobierno. El hecho de que el presidente haya otorgado el ministerio a un representante de una alianza electoral menor ha sido considerado contradictorio con las promesas pre-electorales de otorgar a la C&T un papel central. Así, por ejemplo, Glaci Zancan, estando aún en el cargo de presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, expresó en una entrevista: “el área de ciencia y tecnología no quedó en el corazón del poder; quedó en un partido que no es el PT… [denotando que] el PT no consideró la importancia del área en el conjunto del gobierno” (Tortato, 2003). Mientras tanto, el ministro ha declarado repetidamente a la prensa su total apoyo personal y el de su partido al gobierno del PT (Paduan, 2003).

No menos agitadas han sido las críticas de la comunidad académica al empeño del gobierno en promover una reforma del sistema de Seguridad Social. Aunque se trata de una medida política ajena al área de C&T, se prevé que tendrá sobre ella impactos negativos irreversibles. Ello se debe a que los cambios propuestos en las condiciones de jubilación están estimulando el retiro anticipado de profesores e investigadores de las instituciones públicas.

Fuentes relacionadas a las universidades y a la Seguridad Social estiman que algo más de 20 % de los profesores de las Universidades Federales están en condiciones de jubilarse (Leali y Paraguassu, 2003). Preocupan muy especialmente unos 1500 investigadores situados en las categorías más altas, cuya experiencia y productividad seria difícil de recuperar aunque los cargos fuesen repuestos. Aunque se ha propuesto retener esos investigadores mediante becas especiales, esa medida coyuntural no resuelve los impactos futuros que tendría la reforma, al desestimular a los jóvenes a seguir la carrera científica (Tortato, 2003; Pereira Filho, 2003).

Se argumenta, también, que los retiros tempranos significan un desperdicio de las sistemáticas inversiones hechas por el Estado en las últimas décadas en la formación de recursos humanos. Más aún, estos recursos serían cedidos, sin costo, a las universidades privadas que podrían contratarlos (Marcondes, 2003).

En una reunión reciente en la Universidad de San Pablo, que fue ampliamente difundida por la prensa, reconocidos intelectuales vinculados al PT se manifestaron públicamente contra la propuesta de reforma (Corsalette, 2003; Cariello, 2003; Gallardo, 2003). Enfatizaron que ella significaría una pérdida de experiencia y calidad en las universidades públicas, lo que contradice el programa de gobierno, que propone mejorarlas y expandirlas. Criticaron severamente esta medida, y la atribuyeron a la contradicción entre la propuesta política progresista del PT y la inmovilidad a la que lo han reducido sus ataduras a una política macroeconómica ortodoxa.

Además de estos conflictos iniciales, los seis primeros meses del PT en el gobierno se han caracterizado por continuas críticas dirigidas al MCT desde la prensa. Páginas editoriales, así como columnas escritas por la oposición o por miembros de la comunidad científica han señalado repetidamente la lentitud de las acciones del ministerio. En particular, las críticas se centraron en el virtual “congelamiento” de los fondos sectoriales y, por lo tanto, del estímulo a la innovación. Esta situación puso claramente de manifiesto que el nuevo gobierno está enfrentando dificultades para reorientar la estructura institucional heredada de la gestión anterior, así como condicionantes estructurales más antiguos, a los nuevos objetivos de la PCT.
El presupuesto previsto para los fondos sectoriales quedó retenido en cuanto una comisión procedió a su evaluación. Desde la página editorial del diario Folha de S. Paulo se sostuvo que el MCT estaba empeñado en dinamitar el modelo de gestión concebido para los fondos, arriesgando retroceder todo lo que se había avanzado en el área de C&T durante el gobierno anterior (Folha de S. Paulo, 22/04/2003). Muchos académicos también cuestionaron este impasse. Ennio Candotti, recientemente electo Presidente de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia, reclamó que pasados varios meses el gobierno aún discute lo que hacer con los fondos y no ha dado ninguna señal de crear nuevos fondos dirigidos a áreas sociales (Candotti, 2003).

El MCT reconoció el mérito de sus antecesores en la estructuración de los fondos sectoriales, pero discrepó con su modelo de gestión. El ministerio se enfrentó con dificultades al pretender articular los fondos sectoriales —cuya gestión es autónoma— a los objetivos de la actual política de C&T (Souza, 2003). Además, el ministerio pretendió desembarazarse del CGEE, organización social con contrato firmado con el MCT para dar asesoría técnica a los fondos hasta 2006. Tanto el Ministro, como el Secretario de Política Tecnológica Industrial han cuestionado las funciones de esa organización, que habría asumido un papel indebido de formulación de políticas, dejando al descubierto diferencias de enfoque en relación a la manera en que el gobierno anterior procesó el achicamiento del Estado en el área de C&T (Nassif, M.A., 2003). Este argumento generó una gran discusión, y muchos académicos salieron en defensa de la actuación del CGEE y de su estructura institucional, considerada moderna y semejante a instituciones existentes en los países industrializados en el área de prospección científica y tecnológica (Caldas, 2003; Cruz, 2003).

El peso de la estructura institucional heredada también se revela en las dificultades para cambiar un proyecto de ley de innovación llevado al Congreso a última hora del gobierno Cardoso. Al asumir, el nuevo gobierno retiró inmediatamente el régimen de urgencia con que el proyecto había entrado en el Congreso. El MCT, no obstante, enfrentado a presiones de las asociaciones empresariales para que se vote la ley de innovación, se comprometió a reenviar el proyecto revisado en setiembre de 2003. La comunidad académica, uno de los principales actores que serían afectados, considera ese plazo sumamente estrecho para promover su discusión.

En la reciente reunión anual de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia se destacó que una ley de innovación envuelve aspectos aún no completamente definidos por el gobierno actual, tales como el papel de las instituciones de educación e investigación, la política industrial y cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Según José Cassiolato, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la ley alteraría todo el funcionamiento del sistema universitario brasilero. Para Francelino Grando, secretario de Política de Informática y Tecnología del MCT, la ley de innovación que está en el Congreso podría permitir hasta que ocurra la canibalización de los recursos públicos de las universidades (Jornal da Ciencia, 16/07/2003 y 31/07/2003).

En este contexto, el gobierno corre el riesgo de ver aprobada una ley de innovación sometida desde el inicio a fuertes cuestionamientos, que a lo sumo pueda ser rápidamente “remendada”, y que resulte contradictoria con sus objetivos en materia de política de innovación y de universidad pública.

Finalmente, la propuesta de desconcentración regional de la C&T es otro ejemplo de cómo el peso de la estructura heredada dificulta la consecución de nuevos objetivos. Aunque revertir la histórica concentración de las actividades de C&T ya estaba presente en la política del gobierno anterior, en el gobierno de Lula adoptó un carácter prioritario, siendo concebida como condición necesaria para que la C&T puedan contribuir con los objetivos de desarrollo nacional. Según el Ministro de C&T, desconcentrar la estructura de C&T es precondición para la “desconcentración del ingreso, de la riqueza, de la tierra, del desarrollo regional…” (Paduan, R., 2003). “No tendremos un proyecto nacional —indicó— si continuamos estimulando la distancia entre el sudeste y el resto del país” (MCT Noticias, 24/01/2003).

Por razones históricas, las universidades, los institutos de investigación, los recursos humanos y el financiamiento público se concentraron en el eje San Pablo-Río de Janeiro. Allí se encuentran los centros de excelencia científica (12). La brecha entre las universidades de excelencia y aquellas situadas en regiones menos desarrolladas del país fue reforzada por las evaluaciones cuantitativistas de la productividad científica adoptadas en la última década. Al enfatizar la cantidad de papers producidos en revistas de alto índice de impacto, estas evaluaciones favorecieron a los científicos que trabajan en las universidades mejor equipadas y mejor financiadas. Más aún, son estas universidades las que, por tener mejor infraestructura de investigación, han avanzado más en captar recursos privados, reforzando la brecha iniciada por la desigual distribución de los fondos públicos.

El cuadro 3 muestra la desigualdad de recursos disponibles en las distintas regiones del país. Puede observarse que los recursos federales canalizados por el CNPq para investigación y formación de recursos humanos se concentran fuertemente en la región sudeste, que recibe prácticamente el 60 % del total. Las tres grandes universidades de la región sudeste —Universidad de San Paulo, Universidad Estatal de Campinas y Universidad Federal de Río de Janeiro—, por si solas, reciben 27 % de los recursos de CNPq destinados a becas de postgraduación en el país y en el exterior y 23 % del financiamiento a la investigación (CNPq/SUP/AEI, 2003). El indicador inversión per cápita es también muy superior en la región sudeste, lo que evidencia el desigual financiamiento a la C&T en relación a la densidad de población en las distintas regiones. Los recursos suministrados por los gobiernos estatales presentan una distribución aún más desigual que los recursos federales. Aunque en varios estados existen fundaciones de amparo a la investigación (FAPs), la FAPESP (Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de San Pablo) aventaja decididamente a todas en dinamismo y presupuesto (Vogt, 2002; Adam, 2003).

No sorprende, pues, que el desempeño de las diversas regiones sea muy desigual. Así, por ejemplo, de los casi 12 mil grupos de investigación existentes en el país, cerca de 60 % están el la región sudeste. Aquí también se concentran los programas de post-graduación que han recibido las notas más altas en las evaluaciones realizadas periódicamente por el CNPq (Chaimovich, 2003). En términos de productividad, los científicos del Estado de San Pablo son responsables por más del 50 % de las publicaciones del país, y la Universidad de San Pablo, por si sola, produce 25 % de ellas (Vogt, 2002; Neto, 2002). De los 6.000 doctores formados durante 2002, 3000 lo fueron en universidades del Estado de San Pablo (MCT Noticias, 24/01/2003).

La política de descentralización ha encontrado cierta resistencia en los centros de excelencia. Desde ellos se esgrime que se corre el riesgo de diluir los recursos, que ya son insuficientes, perjudicando los padrones de calidad y productividad duramente alcanzados (Adam, 2003; Chaimovich, 2003). Desde la periferia de la ciencia nacional se enfatiza la necesidad de democratizar los recursos y la propia práctica de la ciencia, así como la urgencia de generar capacidad científica local para atender los problemas concretos que enfrentan diversas regiones del país, especialmente las más pobres. Estos problemas —se señala— no atraerían el interés de las revistas del Primer Mundo y, por lo tanto, no encajarían en los indicadores de relevancia y productividad hoy dominantes en los centros de excelencia (Neto y Carvalho, 2003; Ferreira, 2003).


3. Los desafíos de la PCT para el desarrollo social

Durante el último medio siglo, las políticas de C&T practicadas en Brasil han estado alimentadas por distintas concepciones en relación a la capacidad de la ciencia para promover el desarrollo económico y social. La concepción ofertista concibió al desarrollo como resultado de una dinámica relativamente autónoma de la C&T. Aunque fomentó decididamente la construcción de la infraestructura de investigación y la formación de recursos humanos, su contribución a la solución de los grandes problemas nacionales fue limitada. Esto, en gran medida, se debió a que, por su relativa autonomía, tendió a vincularse más a los problemas suscitados por el avance de la ciencia en los países desarrollados que a los problemas locales.

El proyecto militar desarrollista pretendió orientar la C&T a objetivos de autosuficiencia y seguridad nacional. Aunque los componentes esenciales del sistema de C&T nacional se hayan consolidado durante ese período y varias experiencias exitosas hayan sido alcanzadas, no puede decirse que el proyecto militar haya contribuido al desarrollo social del país. No sólo por el cercenamiento de las libertades democráticas, sino también porque a pesar del acelerado crecimiento del producto durante las décadas de 1960 y 1970, el padrón de distribución de la riqueza se concentró significativamente, dejando a una parte considerable de la población completamente excluida de sus frutos.

En el modelo de C,T&I de F. H. Cardoso, la innovación fue vista como fuente de competitividad para la inserción en el mercado global, y ésta como llave del crecimiento y la mejoría de las condiciones de vida de la población. Las desigualdades sociales, no obstante, permanecieron. Esta no fue una situación exclusiva de Brasil ya que en todo el mundo, inclusive en los países desarrollados, la competencia descarnada en los mercados globales ha traído aparejada el aumento de la desigualdad (13).

El enfoque propuesto por el gobierno de Luis Inácio da Silva es diferente de todos los anteriores. Se propone partir de las necesidades sociales que el país precisa atender urgentemente, en el medio y en el largo plazos, para la elaboración de una política de C&T que las atienda. La PCT es, de ese modo, insertada en objetivos y políticas sociales amplios, tales como reducir la desigualdad social y regional que caracteriza al país y en objetivos urgentes, como por ejemplo, el combate al hambre. El gobierno se enfrenta a grandes desafíos para evitar que esta política novedosa quede reducida a una mera inversión retórica de prioridades.

La estructura y formas de funcionamiento del sistema de C&T heredado colocan algunos obstáculos que es preciso superar, como ya mostró el primer semestre de gobierno. Se parte de una estructura espacial dada, de criterios de distribución de los recursos consolidados, de formas de funcionamiento sancionadas, de criterios de relevancia legitimados. Todo ello está en tela de juicio a la luz de los nuevos objetivos planteados.

Cambiar una estructura en funcionamiento implica un gran riesgo de paralizarla, desactivarla, destruirla, especialmente cuando se cuenta con poco tiempo —el mandato presidencial es de sólo 4 años. De hecho, esta disyuntiva se ha puesto en evidencia en la discusión en torno a los fondos sectoriales, que quedaron en compás de espera mientras se estudió como ajustarlos a los nuevos objetivos. Se ha puesto también de manifiesto en la retomada de la discusión de la ley de innovación, cuya concepción de la interacción universidad-empresa contiene el peligro latente de someter las universidades públicas a los criterios de mercado, precisamente en un momento político favorable para refundar su vocación de servir a los intereses de toda la población. Está también presente en la discusión sobre la descentralización del sistema de C&T que, en el fondo, confronta concepciones diferentes de productividad, calidad y relevancia científica.

El tema de la innovación tiene connotaciones especiales en el nuevo contexto político y plantea desafíos aún más complejos. El plan de desarrollo del gobierno propone ampliar la visión de innovación —que hasta ahora ha estado prioritariamente centrada en la inserción externa. Al guiarse por objetivos de inclusión y desarrollo social, la promoción de la innovación, además de atender al sector exportador, considera esencial desarrollar la capacidad de innovación local en el cuadro de una política de substitución de importaciones. Contempla, también, la innovación en otros contextos productivos, tales como la pequeña producción familiar y las cooperativas, que aseguran los ingresos de una parte importante de la población (MCT, 2003:4).

¿En que medida el nuevo gobierno tendrá capacidad para controlar este plan, que contiene un considerable bies nacionalista, en el cuadro de las exigencias de los organismos financieros internacionales y de las crecientes presiones para la integración rápida del país a la ALCA? Además de los condicionantes históricos que determinan la baja capacidad de innovación de la industria brasilera, el gobierno se enfrenta a la fuerte extranjerización de la producción —particularmente la de mayor contenido tecnológico— ocurrida en la última década, así como a la privatización extranjerizante de las industrias y servicios básicos promovida por F. H. Cardoso. ¿Es posible pensar en la integración de estos sectores extranjerizados a una política de innovación guiada por objetivos como el desarrollo social nacional y el fortalecimiento de la autonomía tecnológica? Por su parte, la política de innovación orientada a la substitución de importaciones enfrentará otros problemas heredados del pasado reciente, como la destrucción de partes considerables de las cadenas productivas causada por la acelerada apertura de la economía después de 1990.

Estimular la innovación, desde las grandes empresas hasta la pequeña producción, como pretende el gobierno, requiere dar un giro decisivo al problema educacional. Ni la triste media de 6 años de escolarización de la población, ni la pobre calidad de la educación pública son compatibles con la fuerza de trabajo calificada que una política de innovación consecuente presupone. También en este ámbito se presenta el desafío de enfrentar los lineamientos impuestos por las políticas del Banco Mundial en los últimos años a los países en desarrollo, políticas que enfatizaron los avances en las tasas de matrículas, relegando la calidad. Por cierto, la cuestión educacional trasciende razones económicas en el programa del gobierno, en la medida en que es condición indispensable para reducir la desigualdad y promover la ciudadanía.
La complejidad del dilema actual entre las posibilidades de desarrollo nacional e integración global también se coloca en el plano de qué ciencia y qué tecnología desarrollar. Varias décadas de estudios sociales de la ciencia y la tecnología han dejado claro su condicionamiento social. Así, por ejemplo, las tecnologías industriales más competitivas no pueden ser aisladas de su bies ahorrador de empleo, lo cual coloca en tensión la modernización tecnológica con el objetivo central del gobierno de generar empleo e ingresos. Este ha sido un asunto poco discutido —o su discusión ha tenido poca trascendencia pública— durante el primer semestre de gobierno. Sin embargo, constituye un gran desafío definir como se distribuirán los esfuerzos y recursos entre el desarrollo de la ciencia y tecnología “de punta”, practicada a nivel internacional —particularmente relevante, aunque no exclusivamente, para la inserción externa—, y una estrategia alternativa de exploración del conocimiento y una dinámica de innovación capaces de satisfacer las demandas sociales específicas que el país ya enfrenta y otras que surgirán como resultado de la democratización económica (Dagnino y Thomas, 2001). Esta disyuntiva no es, por cierto, nueva, pero adopta una relevancia especial en el contexto del cambio político ocurrido en el país.

Finalmente, otro desafío mayor consiste en lograr encajar, en un horizonte temporal estrecho, el objetivo de promover la desconcentración de la riqueza y la inclusión social y el objetivo de orientar la C&T a la satisfacción de las demandas sociales más urgentes. Actualmente, un tercio de la población nacional está prácticamente excluida del mercado y otra parte considerable tiene un acceso muy restricto a bienes y servicios mercantiles. Si esta situación no cambia rápidamente, por más esfuerzos y recursos que se empeñen en estimular el desarrollo de la C&T en áreas relevantes para la población más pobre, sus frutos quedarán atrapados tras la barrera del mercado.


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Notas

2. Las dos principales instituciones de financiamiento federal de la investigación y la formación de recursos humanos, el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) y la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) fueron creadas en 1951, apenas un año después de la Nacional Science Foundation en los Estados Unidos.
3. La economía brasilera creció durante las décadas de 1960 y 1970 a tasas anuales entre 7 y 10 % (Schwartzman, 1993).
4. Existe, por cierto, considerable discusión en relación a la cuantificación de las inversiones privadas en I&D. Se considera que el dato de 35 % del MCT está sobreestimado (Mani, 2001; Velho y Saens, 2002).
5. Dagnino y Thomas (2001) y Viotti (2002) cuestionan la transferencia lineal del instrumental analítico neoshumpeteriano a la realidad de los paises en desarrollo, donde ocurren procesos de difusión de tecnologías y de learning y no estrictamente innovación en el sentido shumpeteriano.
6. En 1995, el Gobierno F. H. Cardoso promulgó una reforma del Estado que propuso modificaciones significativas en las relaciones entre el Estado, las instituciones y las funciones públicas. La Reforma preveía cuatro modalidades de actuación para el Estado: el núcleo estratégico y las agencias ejecutivas, ambas envolviendo actividades exclusivas del Estado; las organizaciones sociales, para actividades no exclusivas del Estado y la producción para el mercado, donde se enmarcaban las empresas del Estado en proceso de privatización. El formato institucional de organización social fue propuesto para los centros de investigación públicos, pero ese proceso no llegó a consumarse totalmente (Salles, 2000: 33-35).
7. A pesar de que los Fondos Sectoriales son el mecanismo más visible de financiamiento a la innovación, otros incentivos a la inversión privada en I&D, de naturaleza fiscal, fueron creados paralelamente.
8. Un análisis de los problemas enfrentados por las instituciones públicas de investigación se encuentra en Salles (2000).
9. Al final del período de gobierno, en 2002, el Ministro de la Ciencia y la Tecnología, Ronaldo Sardenberg lanzó el “Programa de ciencia y tecnología para el desarrollo”, reuniendo diversas iniciativas del Ministerio orientadas a la solución de problemas sociales, como por ex. apoyo a la agricultura familiar, aplicaciones nucleares en el área de salud, problemas enfrentados por las minorías étnicas, etc. (http://www.mct.gov.br/prog/programact.pdf).
10. El gobierno definió como mega-objetivos de su gestión: a) la inclusión social y la reducción de las desigualdades sociales; b) el crecimiento con generación de trabajo, empleo e ingreso, ambientalmente sustentable y reductor de las desigualdades regionales; c) la promoción y expansión de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia (MCT, 2003:3).
11. Este debate ha tenido lugar a través de los principales medios de prensa como Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, Valor Econômico, Gazeta Mercantil, etc. En el medio académico, el Jornal da Ciência, órgano de difusión de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, editado on-line diariamente y ampliamente difundido entre la comunidad científica, ha sido un foro de discusión privilegiado.
12. A través de iniciativas como “Knowledge for Development”, contenidas en el World Development Report de 1998, el Branco Mundial ha promovido centros de excelencia científica en países en desarrollo, en los cuales el potencial de investigación de las universidades estaría en riesgo de diluirse por la expansión masiva de la educación terciaria (Dickson, 2003). El gobierno de Cardoso hacía una clara escisión entre unas pocas universidades con nivel de excelencia y el resto de las instituciones federales de educación superior —son en total 51 en todo el país—, que consideraba se deberían dedicar prioritariamente a la educación y no a la investigación.
13. El retroceso en las condiciones de vida de los países más pobres ha llevado al PNUD a calificar la década de los 90s como “la década de la desesperación” (PNUD, 2003). Varios estudios muestran que la desigualdad creció en el mundo durante esta década, tanto entre países, como dentro de ellos (Wade, 2001; Weller, 2002; Galbraith, 2002).

 


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