Revista THEOMAI   /  THEOMAI   Journal
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo / Society, Nature and Development Studies

 

número especial 2005 (Actas 1º Jornadas Interdisciplinarias Theomai sobre Sociedad y Desarrollo)  

     

 


Estrategias de acceso a tierra y vivienda de movimientos sociales con acción territorial en la ciudad de Buenos Aires

Daniela Szajnberg1, Marina Mann2, Santiago Arias3

 

 

La problemática sociohabitacional en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana cobra, a fines de los noventa y luego de la crisis de 2001, dimensiones inusitadas. En este contexto surgen nuevas estrategias habitacionales y fundiarias por parte de los actores más perjudicados.

Los grupos medios, rehenes de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas en la época de la paridad cambiaria y que vieron acrecentadas sus cuotas a partir de la aplicación del coeficiente de variación salarial como mecanismo de ajuste, en paralelo con la desvalorización de sus salarios y la flexibilización laboral, se organizan como grupos de presión ante la corporación de rematadores.  Los sectores socioeconómicos más bajos sufren, además de la pérdida de empleos, la desinversión pública en producción de vivienda e infraestructura asociada, lo que consolida y profundiza el espacio residencial del tipo villas de emergencia y hoteles-pensiones tugurizados. Parte de estos actores, agrupados en organizaciones como el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), las organizaciones villeras tradicionales, o las más recientes agrupaciones de piqueteros o de cartoneros, y las específicamente aglutinadas por el reclamo de tierra y vivienda, entablan una nueva lógica de interacción con los decisores de las políticas públicas. Un sub-grupo del nivel socioeconómico más bajo, excluido por la crisis y sin red de contención social, optó por vivir en diferentes espacios públicos en condiciones extremas de riesgo socio-habitacional y sanitario.

Este trabajo indagará las estrategias de estos actores con distintas modalidades y niveles de organización y base de acción territorial en la Ciudad de Buenos Aires (CBA) y su área metropolitana, en relación a la problemática habitacional, particularizando su interacción con la lógica del sector público.

 

PANORAMA SOBRE EL HABITAT PRECARIO E INFORMAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DESDE FINES DE LOS OCHENTA HASTA MEDIADOS DE LOS 2000

Se consideran en este apartado las dos modalidades más comunes del hábitat precario e informal tal como se da en la CBA: por un lado el vinculado a los sectores urbanos de tejido abierto, donde suelen localizarse las “villas de emergencia” y “asentamientos precarios”; por el otro, el emparentado con el tejido urbano tugurizado de los sectores construidos pero obsoletos o deteriorados próximos al área central, donde suelen estar localizados los hoteles familiares, las pensiones y los inquilinatos, sin dejar de lado la situación ocupacional de los inmuebles4.

Además de la diferencia nada menor del patrón de urbanización5 y la modalidad de vida para sus residentes que resulta de cada una de las tipologías de “espacio residencial” precario y/o informal enunciadas, debemos señalar que hay algunas particularidades que merecen ser destacadas por dotarlas de un carácter diferencial entre sí. Las villas de emergencia y los asentamientos precarios suelen darse bajo la forma de ocupaciones o tomas de terrenos de dominio público y en raras ocasiones privado, a veces organizadas por agrupaciones o movimientos partidarios de esa forma de apropiación del “espacio urbano”, otras veces a partir del asentamiento más o menos espontáneo de la población de escasos recursos económicos. Sus ocupantes residen en unidades funcionales mayoritariamente individuales materializadas mediante su autoconstrucción, y en  términos generales ejercen la tenencia de esas tierras en forma gratuita, es decir que no media ningún tipo de pago al propietario6. En cambio, el rasgo esencial de la modalidad de los hoteles familiares, las pensiones y los inquilinatos, es que la relación entre el propietario de los inmuebles y los residentes es de carácter oneroso, es decir que los residentes pagan una renta por el uso del inmueble por un tiempo determinado (generalmente se pacta por mes), que por lo general consiste en una habitación por grupo familiar o a veces habitaciones compartidas entre adultos del mismo sexo que no tienen ningún parentesco entre sí, con baños, cocinas y espacios comunes compartidos. En algunos casos los hoteles establecen convenios con la Municipalidad y ésta es la que se hace cargo de la renta que ha de percibir el propietario, en el marco de las acciones gubernamentales dirigidas a paliar provisoriamente algunos casos de emergencia habitacional. Luego está la modalidad de las “casas tomadas” (pueden ser casas, edificios, ex fábricas, equipamiento urbano o galpones en desuso, pero en esta categoría se incluyen las tomas con fines exclusivamente habitacionales). Respecto del vínculo con el propietario del inmueble, esta modalidad es semejante a la de las villas7. Otro aspecto a destacar es que de todas las modalidades descriptas, la de las villas y asentamientos es la que suele presentar los mayores índices de arraigo (así como también algunos casos de las casas tomadas). La modalidad de hoteles, pensiones e inquilinatos suele ser una opción de paso que precede a la toma de tierras o inmuebles, al retorno a sus lugares de origen o a la casa de familiares, o a la concreción de un contrato de alquiler (aunque muchas veces se dé a la inversa: inquilinos desalojados que residen momentáneamente en hoteles).

 Yendo a la dinámica de crecimiento de primera modalidad aludida, se estima que en 1958 la población residente en villas de emergencia y asentamientos precarios en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires oscilaba alrededor de las 200.000 personas. En 1963 se censaban 42000 residentes repartidos en 33 villas en el ámbito de la Capital Federal. En 1973 la población villera de Capital Federal y Gran Buenos Aires ascendía a casi 400.000 habitantes y en 1980 ya superaba los 500.000. Ahora bien, proceso de erradicación de villas de la Capital Federal actuando la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) como organismo de ejecución de los desalojos en el período del gobierno de facto de 1976-1983, se pasó de 224.335 habitantes en villas en 1976 a 40.533 a mediados de 1980: un descenso del 82% en sólo 4 años, que tuvo que ver con un procedimiento diseñado y ejecutado según 3 etapas (congelamiento, desaliento y erradicación)8.

A comienzos de la recuperación democrática (1983) se estimaba una cantidad de 25.000 personas residentes en villas de emergencia9, que fue creciendo progresivamente desde entonces, primero por el natural proceso demográfico de retorno de muchos de los villeros expulsados durante la dictadura; luego, por el efecto de las desafortunadas medidas macroeconómicas que contribuyeron al empobrecimiento de la población porteña y al ensanche de la brecha socio-económica de sus habitantes. Baste mencionar el proceso inflacionario e hiperinflacionario de fines de los ochenta y el impacto de los cambios estructurales de la Argentina que aumentaron significativa y sostenidamente los índices de desempleo, pobreza e indigencia hasta la eclosión de la crisis e 2001. En 1991 se estimaba que ascendía a casi 51.000 habitantes, a 77.000 en 1993, a 98.000 hacia 1999, a 108.000 en 2001 y a 116.000 hacia 2003. En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo desde 1962 hasta el golpe militar de 1976 la población villera crecía a un ritmo de 13024 personas al año, mientras que en los primeros 4 años del gobierno de facto disminuía a razón de 45951 personas al año en el marco de las operaciones de erradicación, generalmente por la fuerza, dirigidas por la CMV con el apoyo de fuerzas policiales y para-policiales, a pesar de la acción de sectores pastorales que se oponían a esas metodologías. También es notorio cómo en la década del ochenta durante el proceso de apertura democrática la población villera comienza a crecer a razón de casi 1000 personas al año, pasando a un ritmo de casi 4000 personas al año durante la década del ´90 y rozando las 11000 personas anuales hacia finales de la misma. Esta cifra se sostuvo en el orden de los 5 dígitos al aproximarse el año 2001, momento de eclosión de la crisis estructural del país, para sostenerse a un ritmo de aproximadamente 4000 nuevos villeros radicados en la CBA al año.

También es notorio que así cómo desde los sesenta hasta comienzos de los noventa la cantidad de villas de emergencia y asentamientos precarios disminuía a la mitad (de 33 en 1962 a 16 en 1991), se agregarían 8 nuevas localizaciones durante los noventa y 6 en lo que va de la década de los dos mil. Esto último se explica a partir de la introducción de políticas de corte neoliberal en el país, las cuales incrementaron los niveles de desempleo y profundizaron los procesos de exclusión y marginación, dando lugar a la ampliación y reproducción del hábitat precario.

Año de la actualización estadística

Cantidad de villas y asentamientos precarios

Variación respecto el período anterior (%)

Cant. población residente en villas y asentamientos

Variación respecto del período anterior de referencia (%)

1956

21

 

33920

 

1962

33

 

42.000

 

1967

33

-

102143

 

1976

28

-15.15 respecto de 1962

 (-0.35 villas/año)

224335

+434.13%  respecto de 1962

(+13024 pers/año)

1978

 

 

120000

 

1980

23

-17.85 respecto de 1976

 (-1.25 vill/año)

40.533

-81.93 respecto de 1976

(-45951 pers/año)

1981

4

 

14000

 

1991

16

-30.43 respecto de 1980

(-0.64 vill/año)

50.945

+25.69  respecto de 1980

(+947 pers/año)

1998

18

+12.50 (+0.28 vill/año)

76.862

+50.87 (+3702 pers/año)

2000

18

-

98.316

+27.91 (+10727 pers/año)

2001

22

+22.22  (+4 vill/año)

107.800

+9.65 (+9484 pers/año)

2003

24

+9.09 (+2 vill/año)

116.000

+8.35 (+4100 pers/año)

Elaboración propia sobre la base de información difundida por el INDEC, la Dirección de Estadísticas y Censos del GCBA y la ex MCBA, el IVC y la ex CMV, Yujnovsky (1984), y artículos periodísticos varios.

En cuanto a las tendencias de localización, aparte de la histórica Villa 31 del barrio de Retiro al norte del área central de la ciudad, surgida en relación al proceso de industrialización de la década de 1930, y de las villas que ya en la década de los sesenta afloraban en el barrio de Colegiales (en torno a la actividad del Mercado Dorrego) en el noroeste de la ciudad y la zona de los Bañados de Flores, el área denominada Parque Almirante Brown, al sur de la ciudad y en torno a las zonas industriales del barrio de Barracas, se puede decir que durante los ochenta la tendencia de la zona sur como lugar privilegiado para el asentamiento de villas se mantenía y consolidaba, y que a fines de los noventa y principios de la década de los dos mil, si bien en términos cuantitativos el sur siguió siendo al mayor foco de atracción de población villera, surgieron nuevas localizaciones con otra lógica de dispersión, que merecen destacarse. Una, los dos nuevos asentamientos costeros del Río de La Plata (Ciudad Universitaria, en el barrio de Núñez, con 60 familias, y Costanera Sur en terrenos de la Reserva Ecológica, al sur de Puerto Madero, con 346 familias). Por otra parte, aparece el asentamiento Morixe, en predios de la ex fábrica y la zona de las estaciones de maniobra ferroviarias en el barrio de Caballito ubicado en el centro geográfico de la ciudad y un nuevo asentamiento en Colegiales con 120 familias. De las villas históricas, podemos ver cómo en la década del noventa, si bien no todas llegaron a la cantidad de población previa a las políticas de erradicación, muchas más que duplicaron sus habitantes entre os dos cortes censales del INDEC (1991-2001).

 

Habitantes al año 1976

Habitantes al año 1991

Habitantes al año 2001

Villa 1-11-14 (Bajo Flores)

36515

4832

21693

Villa 21-24 (Barracas)

17120

10477

16108

Villa 31 y 31 bis (Retiro)

24324

5716

12204

Villa 15 (Villa Lugano)

14579

4673

9776

 Elaboración propia sobre datos oficiales del INDEC y CMV.

Las otras 2 modalidades de hábitat precario o informal mencionadas al inicio presentan dificultades de índole metodológico si se busca cuantificar el fenómeno, puesto que no existen registros de la cantidad de población residente en hoteles, pensiones e inquilinatos y mucho menos en casas tomadas, que tomen como universo el total de la CBA y que permitan construir sencillamente series periódicas que para construir una mirada evolutiva. No obstante ello, se cuenta con la información recopilada a través e los Censos Nacionales de Población y Vivienda, que de algún modo lo permiten.

Cantidad de Hogares en viviendas individuales ocupadas al momento del censo

Total (1)

Casa

Rancho o casilla

Depto

Inquilin.

Hotel-pensión

Local no constr. para habitac.

Viv. móvil

Descon.

A (2)

B (3)

Año 1991

1023405

213111

5787

12123

747314

27220

(4)

2776

72

15002

100%

20.82%

0.56%

1.18%

73.02%

2.66%

 

0.27%

0.10%

1.47%

Año 2001

1024231

237827

11099

8226

725110

20826

18608

2461

74

 

100%

23.22%

1.08%

0.80%

70.80%

2.03%

1.82%

0.24%

0.01%

 

(1) Excluye censados en la calle; (2) Las no consideradas tipo B; (3)Casas que cumplen al menos con una de las siguientes condiciones: piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no cerámico, baldosa, mosaico, mármol, madera, ni alfombra), o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua; (4) Fue considerado en el rubro viviendas colectivas que no se contabiliza en este cuadro para 1991.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC, años 1991 y 2001.

Según el cuadro anterior, se puede deducir que:

- Los hogares residentes en casas en condiciones precarias (tipo B) duplicaron su cuantía y su incidencia relativa sobre el total entre 1991 y 2001.

- Los hogares residentes en ranchos o casillas y en inquilinatos sufrieron un leve descenso en el período intercensal 1991-2001.

- La modalidad residencial hotel-pensión tiene al año 2001 una incidencia relativa de casi el 2%.

 

No obstante, puede afirmarse que a partir de la crisis estructural de diciembre de 2001, luego de la toma de los datos precedentes, la situación habitacional se vio agravada. Prueba de ello son los numerosos testimonios de familias inquilinas de clase media y media-baja que no pudieron hacerse cargo del pago de sus alquileres y debieron alojarse en hoteles, pensiones o inquilinatos. También están los numerosos casos de quienes no pudieron afrontar ni sostener las cuotas de los créditos hipotecarios de las viviendas adquiridas en el marco de la modalidad crediticia que abundó en los noventa en el contexto de paridad cambiaria y apertura económica,  y que pasaron a engrosar el mercado de alquileres, alejándose de la posibilidad de pasar a ser propietarios casi definitivamente10.

Otro dato de la realidad es que la cantidad de personas sin techo que debieron ser asistidas a través de la Secretaría de Desarrollo Social del GCBA creció notoriamente desde fines de los noventa y especialmente luego del 2001: por ejemplo, de 4354 alojados en hoteles pagados por el GCBA en 2001 se pasó a 9055 en 2002, y de 255 alojados en hoteles por convenio entre el GCBA y organizaciones no gubernamentales (ONGs) en el año 200 se pasó a 417 en el año 2004 (Szajnberg y Sorda, 2004).

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) -ex Comisión Municipal de la Vivienda (CMV)- saca sus propias conclusiones: “De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2001, y el informe de situación habitacional de 2001, del total de hogares con situación habitacional deficitaria, 31.587 (29%) habitan viviendas irrecuperables; 11.099 (10%) lo hacen en viviendas con diferentes niveles de precariedad (de las cuales algunas podrían ser recuperables); y los 65.569 hogares restantes (61%) residen en viviendas de buena calidad aunque con situaciones de hacinamiento por cuarto, es decir, más de 2 personas por habitación. Por otra parte, la agudización de la crisis ha incorporado al proceso de empobrecimiento y exclusión a sectores medios que hasta ese momento contaban con capacidad de ahorro” (IVC, 2004).

 

ESTRATEGIAS DE ACCESO A TIERRA Y VIVIENDA EN LA CBA EN EL MARCO DE LAS NUEVAS LÓGICAS DE INTERACCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS

 

El año 1989 se presenta como un momento de inflexión en materia de políticas públicas, siendo las de tierras y vivienda las que nos interesa puntualizar. Es que fue a partir de ese año que se sucedieron una serie de iniciativas estatales y sus consecuentes instrumentos normativos11 en pos de posibilitar la transformación de la lógica estatal que debió adaptarse a la caída del Estado de Bienestar iniciada más de una década antes y a la acometida del proceso de globalización y la reestructuración económica mundial que embebía con su lógica todas las prácticas sociales gubernamentales y no gubernamentales.

En dicho contexto, la gestión municipal de la CBA procedió a encarar un proceso de transformación estructural que involucró la incorporación del sector privado en la prestación de servicios públicos y la producción de infraestructura básica, la descentralización administrativa y territorial de políticas públicas (entre ellas las de tierra y vivienda), y el intento de implementar prácticas de desarrollo urbano concertado. De allí, las estrategias y políticas de gestión urbana iniciadas en el período 1989-1992, “se apoyaron en un diagnóstico urbano que permitió definir ejes estratégicos: reactivación económica, consolidación del espacio urbano, mejoramiento de la calidad de vida, participación social” (Gonzalez y Elguezabal, 1993)12.

Las primeras experiencias en materia de “desarrollo urbano concertado” se dieron en torno a una serie de talleres organizados por la Secretaría de Planeamiento Urbano con la convocatoria a diversos actores sociales, gubernamentales, inversores, vecinos, entre otros, en torno a la problemática de algunos sectores urbanos. Luego de la autonomía de la ciudad a partir e 1996 y de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la necesidad de formular su propio Plan Urbano Ambiental (PUA) quedó instalada y desde entonces hasta 1999 el Consejo del PUA con la participación no vinculante de los vecinos y las organizaciones intermedias, luego de un diagnóstico urbano actualizado, se dedicaron a la formulación de un modelo territorial para la CBA que aún no ha obtenido los consensos necesarios para su aprobación legislativa.

En materia de las políticas habitacionales y fundiarias, puede decirse que dos fueron las principales líneas estratégicas que se detallarán en los siguientes capítulos. Una, referida a una modalidad de articulación entre el sector público y los destinatarios directos de esas políticas. Si bien los resultados materiales de esta forma de interacción distan de resolver el problema habitacional en la ciudad, puede decirse que los actores protagonistas de esta problemática tuvieron lo que comúnmente se dice como “un poco más de aire” para su propia organización, la expresión de sus reclamos y la canalización de sus demandas, en un vínculo más fluido e interactivo con el sector gubernamental13. La otra línea, está relacionada con el marco normativo14. Al respecto puede citarse el Pacto Federal de 1992 según el cual se descentralizó el principal mecanismo de fondeo de las políticas de Vivienda argentinas (FONAVI). También debe mencionarse que en materia de política de tierras a nivel nacional en el año 1994 la Ley de Emergencia Habitacional establecía un nuevo régimen de regularización de inmuebles ocupados de dominio privado que se sumaba a la Ley 1001 de 1990 mediante la cual se ponían en venta inmuebles fiscales ociosos y promovía la regularización dominial de los ilegalmente ocupados y a la creación del Plan Arraigo que desde 1991 sería el organismo de aplicación de los planes de regularización dominial de los bienes del Estado a favor de sus ocupantes. A escala local también pueden verificarse adecuaciones del marco normativo que posibilitaron por ejemplo el proceso de concertación con las agrupaciones villeras desde principios de los noventa y a la puesta en marcha del Plan de Radicación, parcialmente avanzado a la fecha, así como la creación de normativas como la Ley 341 del año 2000, que se consideran un logro de los movimientos de inquilinos y ocupantes, que venían reclamando la creación de políticas habitacionales para cooperativas autogestivas de vivienda. 

            Seguidamente se explorarán dos de los casos más indicativos de las nuevas prácticas, los nuevos actores y la readecuación de los existentes a partir del nuevo marco institucional, político y normativo iniciado en los noventa en materia de Política Urbanística, de Vivienda y de Tierras: las políticas de radicación de villas y las promotoras de las cooperativas autogestivas de la Vivienda, ambas en situación de continuidad en la década de los dos mil bajo la denominación de Plan de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Barrios Carenciados (PRIT) y Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV), a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y acompañadas de mecanismos de concertación con los beneficiarios, a través de sus organizaciones15.

 

EL CASO DE LAS ORGANIZACIONES VILLERAS Y SU INTERLOCUCIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

 

Si bien el origen de las primeras villas en la CBA data de la década de 1930, la cuestión de las villas comenzaba a visualizarse como problema en la agenda gubernamental recién hacia 1956. Aunque ya existían organizaciones villeras de base, es en el año 1958 cuando se conformaría la Federación de Villas y Barrios de Emergencia de la Capital Federal, la cual accionaría en adelante, como interlocutora ante los sectores gubernamentales con variados grados de efectividad respecto de sus intereses y reivindicaciones. Este organismo de segundo orden y de carácter sectorial (Villas) sufriría una crisis político-ideológica hacia 1967 (considerando el avance de las erradicaciones iniciadas durante el gobierno dictatorial del Presidente Onganía que se dieron hasta 1970) y pasaría a ser reemplazado paulatinamente por otras organizaciones sectoriales sobre el tema de las Villas como las Juntas de Delegados, pasando a formar también parte del escenario otros sectores representantes del movimiento popular de la época como la Confederación General del Trabajo o el Movimiento de Curas para el Tercer Mundo, ambos con intereses más genéricos (Yujnovsky, 1984). 

El Plan Nacional de Erradicación de Villas (PEVE, Ley 17605), encomendaba su aplicación para el caso de la Capital Federal, a la comisión Municipal de la Vivienda que había sido constituida en el año 1967. El Plan a mediano plazo de la CMV para el período (1972-1976), gestado durante el gobierno dictatorial de Lanusse, preveía un Programa de Alojamiento Transitorio con la provisión de terrenos e infraestructura y administración de la ejecución de 2000 unidades en 5 localizaciones: 3 en la Capital Federal y 2 en La Matanza16. Es decir que se aspiraba al menos a correr a la población villera desde la zona norte a la zona sur, como horizonte mínimo (el horizonte máximo era la erradicación por completo fuera de la ciudad).

El afán por “limpiar” la zona norte del “espectáculo” no deseado de las “villas miseria” volvía a aparecer en la última dictadura padecida por la Argentina: “No les faltó convicción a las autoridades militares a la hora de establecer objetivos estratégicos. Fieles a su concepción de embellecimiento urbano, atentas a la distinta valorización de tierras según de qué zona de la ciudad se tratara y pendientes de la inminencia del Mundial ’78, se decidieron a acometer las primeras erradicaciones en las zonas más sensibles de la Capital, las que menos toleraban la presencia de villeros, las de la zona norte. De manera que el primer experimento social y el primer blanco, por su cercanía con la cancha de River, fue la villa del Bajo Belgrano, seguida por el conglomerado de Retiro y el de Colegiales” (Blaustein, 2001).

Algunos gobiernos democráticos también seguían una línea similar. A comienzos de la década del setenta surgía el Frente Villero en carácter de nueva organización sectorial, y ya en 1973 se registraba la voluntad de la población villera organizada, de resolver el problema habitacional de manera autogestionaria, en contraposición a la tendencia centralizadora de la Política de Vivienda impulsada por el gobierno de turno. El Padre Carlos Mujica, referente del trabajo social del movimiento eclesiástico tercermundista en la Villa 31 de Retiro, en su discurso de renuncia al cargo de asesor del Ministerio de Bienestar Social17 concluía que no había comunicación entre el Ministerio y los villeros. “Los habitantes de las villas habían propuesto un plan de construcción de viviendas que se canalizaría a través de cooperativas populares y con la mano de obra de los propios vecinos. El ministerio en cambio, anunció un proyecto para construir 500.000 viviendas a través de empresas privadas. Mujica sostuvo que el plan de las cooperativas ayudaría a aliviar el problema de la desocupación, porque los mismos villeros trabajarían en la construcción de sus casas, y además permitiría la participación  del pueblo en la reconstrucción nacional, porque el gobierno, señalaba Mujica, no sólo tiene que hacer cosas, sino liberar la capacidad creadora del pueblo” (Bellota, 1997). Otro antecedente en gobiernos democráticos, no tan violento ni criminal pero que exaltaba la políticas contradictorias sobre la “cuestión villera” entre la esfera nacional y la de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) fue el del gobierno del Partido Radical durante la presidencia de Illia alrededor de 1964. En este caso, mientras el gobierno nacional mantenía un diálogo y una actitud de tolerancia para con las organizaciones villeras, el gobierno porteño sostenía una actitud más dura y distante, anteponiendo la técnica de la erradicación de villas a los efectos de objetivos de reordenamiento urbano, para lo cual también canalizaba los planes de construcción de vivienda para albergar la población erradicada a través de la CMV, sin entablar diálogo con las organizaciones villeras que sí interactuaban con el gobierno nacional, lo que también generó instancias de desacuerdos y enfrentamientos (Ziccardi, 1977).

La erradicación compulsiva y violenta de la población villera hacia territorios periféricos a la ciudad de Buenos Aires y en algunos casos hacia sus provincias y países de origen, fue la práctica más común durante el gobierno de facto de 1976-1983. En este sentido, este gobierno se caracterizó por romper radicalmente el estilo de decisión y acción empleado por anteriores gobiernos en esta materia: “La política oficial hacia las villas tuvo un curso sumamente accidentado y errático. Desde la construcción de grandes tapias para ocultarlas hasta el incendio intencional o la expulsión violenta, muchos fueron los procedimientos imaginados para acabar, ignorar o minimizar la cuestión villera” (Oszlak, 1991).  En los sucesivos censos poblacionales puede constatarse que la población villera venía experimentando crecimiento hasta que la dictadura militar inició el proceso de erradicación de manera masiva y compulsiva, provocando una caída abrupta de su población: la preocupación más que pasar por solucionar el problema de la exclusión social y la miseria, pasaba por ocultar esta situación a la vista.

Nada más elocuente que rememorar el espíritu de la Política de Erradicación de Villas llevada adelante por el último gobierno de facto,  como para poder tomar distancia y reconocer que el sólo hecho de haber reinstalado la concepción de la Política de Radicación de Villas ha sido un logro de las organizaciones no gubernamentales relacionadas al tema y del nuevo tipo de receptividad que el sector público fue teniendo al respecto. Es que en 1984, con la recuperación democrática, comienza a revertirse conceptualmente la práctica de la “erradicación” y cobran nuevamente espacio las acciones de reclamo por parte de la población villera y retomándose el concepto de “radicación de villas” por parte de los organismos estatales18. En 1987 se efectuó un Plan Piloto en la Villa 6 (Villa Lugano) y en 1989 se firmó el Acuerdo Compromiso entre el Poder Ejecutivo municipal de la CBA y el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados bajo los siguientes ejes: adjudicación de tierras a sus ocupantes, programas de viviendas adaptados a las condiciones particulares de cada asentamiento y la creación de una mesa de concertación. “El compromiso asumido por la Municipalidad era la radicación de villas a través de la venta de la tierra a sus ocupantes e implicaba un posicionamiento del Estado reconociendo, valorando y consolidando un proceso social de urbanización informal. Esta política se enmarcó en el contexto jurídico determinado por la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado, como un caso particular de aplicación de la misma: la venta de inmuebles a sus ocupantes” (Gonzalez y Elguezabal, 1993).

En 1990 el PEN promulgó los Decretos 1001 y 1737 por los cuales se posibilitaba la venta de las tierras estatales a sus ocupantes y la transferencia  a la CMV de los inmuebles municipales aptos para la construcción de viviendas. En 1991 por Ordenanza N° 44873 y Decreto N° 1531 se establecían las normas urbanísticas para el Distrito U3119 y la modalidad de la operatoria de venta y se dispuso la apertura de calles conforme las trazas diseñadas.  En ese mismo año el Programa Arraigo (a través de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales dependiente del PEN) instrumentó la transferencia de las tierras estatales a sus ocupantes.

En 1992 funcionaría el Programa de Radicación de Villas, el cual se configuraba “en términos de modelo de gestión participada, que concreta un mecanismo de concertación entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Movimiento Villero para la gestión conjunta de decisiones y acciones en el marco de los objetivos de radicación. El consenso es el medio de toma de decisiones de las sucesivas alternativas de definición del Programa. El Programa es presidido por el Intendente, conducido por la Mesa de Concertación (Departamento Ejecutivo y Movimiento Villero), y coordinado por la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente” (Gonzalez y Elguezabal, 1993).

Así fue que se daba una inflexión en lo que respecta a la concepción del problema de las villas en la CBA, que podría sintetizarse en que el sector público reconociera la urbanización informal como una forma de producción del “espacio urbano”, que esa forma de producción pudiera ser incorporada al mercado formal a través de la regularización dominial, y que el acceso a la propiedad de ese espacio podría disparar un proceso de completamiento de la urbanización  por parte de los adquirentes.

En lo exclusivamente referido a la implementación de la política de radicación, se sucedieron una serie de contradicciones a nivel administrativo-institucional y desajustes con el marco económico, que en conjunto con la falta de decisión política de las gestiones subsiguientes de la Intendencia de Grosso (gestiones Bouer y Domínguez) que aún dependía del gobierno nacional, y los propios conflictos de los últimos tiempos de existencia del Concejo Deliberante, agotaron las posibilidades de su consumación. La Comisión Municipal de la Vivienda, organismo que oficiaría de autoridad de aplicación, intentaba desencadenar el proceso de mejoramiento a partir de los recursos disponibles y con una visión restringida al tema de la construcción de viviendas. Entre tanto, el organismo legislativo de la ciudad, por entones Concejo Deliberante, al recibir el proyecto de Ordenanza para el completamiento de las urbanizaciones y la venta de las tierras a sus ocupantes, buscó incorporar al mismo aspectos de carácter mas integral y en el orden de las expectativas de lo deseable, generándose confrontaciones en cuanto a las dos visiones de un mismo problema urbano por parte del Estado (el poder ejecutivo y el legislativo). Finalmente esto se dirime en la Mesa de Concertación y de allí resultó que el Movimiento Villero apoyaría la propuesta que ponía mayor énfasis en la regularización dominial. 

El proceso de la Mesa de Concertación resultó una nueva modalidad de interacción entre los actores gubernamentales y las organizaciones villeras, en materia de la problemática habitacional, puesto que “la aceptación del modelo de gestión participada constituido por la Mesa de Concertación, venía a superar las prácticas clientelísticas de relación con el Estado y los partidos políticos” (Gonzalez y Elguezabal, 1993) que casi siempre se daban en el marco de los gobiernos democráticos. Pero podría decirse que los avances en la materia no estuvieron a la altura de las circunstancias. Antes de que la ciudad pasara a ser autónoma, y dada la complejidad de la problemática, la escasez de recursos asignados a la producción de vivienda de interés social para los sectores más carenciados y a las contradicciones en los abordajes sectoriales y departamentalizados de las distintas áreas gubernamentales vinculadas a la cuestión20, la política definida en la Mesa de Concertación iba quedando diluida a través del tiempo y del cambio de prioridades y de gestiones del ejecutivo municipal. Un logro concreto que puede adjudicársele a ese período, es el de la asignación de una normativa específica para las villas incluida en el Código de Planeamiento Urbano (CPU): el Distrito U31, según el cual las villas a urbanizar no quedarían acotadas a la normativa urbanística general del CPU que está diseñada en función del tejido urbano producido por el mercado inmobiliario.

A partir de la autonomía de la ciudad por la cual la misma contó con su propio gobierno electo desde 1996, y de que la cuestión del derecho a la vivienda fuese incluida en el articulado de la Constitución de la Ciudad, el tema de la urbanización de las villas es considerado en el Proyecto de Modelo Territorial del Plan Urbano Ambiental (que luego de numerosas modificaciones aún está a la espera de su aprobación legislativa). El tema es desarrollado como Programa de Integración de Asentamientos Precarios y el mismo tiene como objetivo la recuperación de los asentamientos precarios de la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo al mejoramiento de las condiciones ambientales, necesidades de vivienda y fortaleciendo la identidad y calidad barrial de sus entornos para avanzar hacia una ciudad que haga accesibles los beneficios propios de la vida urbana a toda la comunidad. Muy por el contrario de los que consideraban los planes de erradicación, este programa considera que la revalorización e integración de las villas es una acción imprescindible para lograr mayor equidad en las condiciones territoriales y ambientales de la ciudad. Quizás atendiendo a las dificultades de coordinación y superposiciones inter-gubernamentales surgidas luego de las Mesas de Concertación, este proyecto prevé que sería el Programa el que daría el marco estratégico y de gestión que garantizase la implementación y coherencia entre los diversos planes y programas de las distintas Secretarías de Gobierno en torno a la problemática villera21. Es por ello que el marco institucional y de gestión del Programa plantea la concurrencia y el trabajo conjunto de las por entonces Subsecretaria de Vivienda, Secretaría de Acción Social, Secretarías de Planificación Urbana, de Obras Públicas y de Hacienda, por parte del Poder Ejecutivo de la CBA, así como la participación de la organización sectorial Coordinadora de Villas y la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad. Asimismo se propone la integración de este Programa con el Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (PRIT) que se desarrollaba en la CMV (actualmente IVC).

Independientemente de los resultados (ni el PUA está aprobado ni las partidas presupuestarias propias ni los aportes coparticipados del FONAVI ayudaron a revertir significativamente el problema habitacional, crisis del año 2001 mediante), vale la pena transcribir algunos párrafos que sientan un precedente histórico en la historia de la relación del sector gubernamental local con la problemática de las villas. Uno de ellos es el referido a la amplia participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales en el Programa: “El programa deberá garantizar coherencia en las acciones tendientes a la integración de asentamientos precarios a partir de promover la participación de la Corporación Buenos Aires Sur, el Plan Estratégico Zona Sur y el Proyecto Retiro. Como así también al sector privado, los distintos Centros de Gestión y Participación involucrados y las diversas organizaciones académicas, sociales, religiosas y profesionales con injerencia en el tema lo que permitirá una mayor integración operativa que rompa con la rigidez que caracterizó, y caracteriza, las políticas implementadas en el trabajo en villas” (PUA, 2000). Otro es el que se refiere a la creación de un banco de tierras a asignar como insumo para el desarrollo del Programa: “Para el logro de proyectos de urbanización, es importante generar marcos institucionales y de gestión consensuados que faciliten las transferencias de tierras necesarias y elaboren los correspondientes proyectos urbanos y normativos, considerando también la incorporación de tierras privadas y la conformación de un banco de tierras que cumpla una función activa tanto en la radicación de población villera como en el desarrollo urbano” (PUA, 2000).

Entre las acciones propuestas por el Programa de Integración de Asentamientos Precarios del PUA se destacan la urbanización de los grandes predios vacantes en Bajo Flores, localizando viviendas con población proveniente de las actuales villas y de otros orígenes sociales y territoriales, la continuación de los planes de vivienda colectiva en las actuales tierras ocupadas por asentamientos precarios, la promoción de planes de autogestión para la construcción de viviendas individuales o pequeñas unidades de vivienda colectiva y la terminación de viviendas consolidadas, incorporar tierras privadas a través de la compra en el mercado y la valorización de tierras de propiedad publica, la eliminación de basureros clandestinos y cementerios de vehículos, la previsión de una importante asignación de suelo para el desarrollo de espacio público, equipamiento social, educativo y sanitario, y la garantía de la regulación dominial y catastral de la totalidad de las parcelas.

Finalmente a fines de 1998, y aunque el Modelo Territorial del PUA aún no fuese aprobado y en consecuencia el Programa de Integración de Asentamientos Precarios tampoco, mediante Ley N° 14822 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se declaró de atención prioritaria a la problemática de villas y núcleos habitacionales transitorios, creando además una Comisión Coordinadora Participativa (CCP) con representantes del ejecutivo, el legislativo y los vecinos23. Con el objeto de integrar física y socialmente los asentamientos precarios para que se constituyeran en barrios urbanos, respetando las formas de agrupamiento social y reconociendo los recursos disponibles y expectativas y capacidades de la población involucrada. Entre las funciones asignadas a la CCP se incluyen la elaboración del diagnóstico (relevamiento mediante) y la propuesta24, la planificación y el seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales a desarrollarse en el marco de esta ley25. Según este marco normativo, el vinculo entre el sector público y las organizaciones representativas de los villeros es tan fluido que es la misma CCP la que se reserva la potestad de dictar el reglamento electoral, de confeccionar el padrón para los comicios en las villas y los NHT no regularizados y de convocar a elecciones abiertas en aquellos ámbitos donde no contasen con representación electa.

En lo referido al proceso diagnóstico y de formulación de propuesta y monitoreo de la misma, la normativa vigente ha incorporado en todas las instancias previstas mecanismos de participación vinculante y de concertación como estrategia para prosecución y cumplimiento del fin último de esta política habitacional: la integración física y social de los asentamientos precarios al tejido urbano dela CBA, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la incorporación de la comunidad al proceso de toma de decisiones y su participación en la configuración de su hábitat.

Luego de que la primera gestión de la ciudad autónoma experimentase el Programa Nuevas Urbanizaciones26 desde 1998 hasta el año 2000 (gestión De La Rúa – Olivera 1996-2000), como continuidad del Plan Radicación, Integración y Transformación de Villas y Barrios Carenciados (PRIT), la siguiente gestión (Jefe de Gobierno A. Ibarra 2000-2004 reelecto hasta 2007) retomó el PRIT, consistente en la inversión de fondos públicos para construcción de viviendas y provisión de infraestructura básica (trazado de calles, iluminación, cloacas, agua potable por red)27.

El PRIT tiene como objetivo primario incrementar la integración urbana, superando también el criterio de la erradicación, y asumiendo como responsabilidad primaria la integración y la transformación de las villas en barrios, previendo la incorporación de recursos de partidas unificadas de las distintas áreas de Gobierno a través de la CMV (hoy IVC), fondos provenientes de transferencias del Gobierno de la Ciudad, y la prevista coparticipación de los impuestos nacionales sobre juegos y recursos FONAVI. Este programa se estructura en los siguientes sub- programas: Programa de apertura de calles, Programa de viviendas colectivas, Programa de vivienda individual, Programa de reordenamiento parcelario, Programa de saneamiento ambiental (servicios de agua, cloacas, desagües pluviales, electricidad), Programa de equipamiento comunitario, Programa de mantenimiento y mejoras28.

 

EL CASO DE LAS COOPERTIVAS DE VIVIENDA Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS

 

Si bien la historia de las cooperativas, las mutuales y las asociaciones sin fines de lucro vinculadas a la problemática habitacional en la Argentina no se inicia recientemente, sí es innovadora la aparición de un marco normativo específicamente creado para la autogestión de la Vivienda de Interés Social, y que ello haya surgido por iniciativa de los propios sectores sociales involucrados y con el consenso del sector público que se encargó de dar forma legal a la Ley 34129 y su modificatoria Ley 96430. Además de provenir de villas de emergencia y asentamientos precarios, la mayoría de los grupos familiares que participan de estas nuevas experiencias, en realidad provienen de modalidades de hábitat precario del tipo hoteles31, pensiones, inquilinatos y casas tomadas32.

En una etapa en que la política habitacional se había descentralizado quedando en cabeza de los gobiernos locales (principal rasgo de los noventa en la materia), los cuales ante la escasez de recursos y el fracaso de las operatorias centralizadas de las décadas precedentes33, y en momentos en que eclosionaba la crisis socioeconómica del país y se agudizaba la crisis habitacional, la Ley 341 vendría a comprometer al Poder Ejecutivo local, a través de la CMV, a instrumentar políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria.

Fue así que surgió esta línea política habitacional, según el cual sus destinatarios serían familias que de manera individual o agrupándose bajo la forma de cooperativas, mutuales u asociaciones civiles sin fines de lucro, accederían a un crédito de hasta 42000$ (actualmente $48300) por grupo familiar para la compra, remodelación y /o construcción (total o parcial) de unidades habitacionales unifamiliares o multifamiliares (puede ser el terreno a construir o inmuebles a rehabilitar). Este Programa está formulado con una mirada integral del problema, puesto que además de los recursos económicos y técnicos de seguimiento y monitoreo propios de la CMV (actual IVC) – a cargo de una Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento de la Operatoria (CCESO)-, prevé la participación activa de los beneficiarios en todo el proceso (administración de sus recursos y obligaciones, libre elección de las pequeñas empresas constructoras y los equipos técnicos interdisciplinarios -ETIS-, formados por ingenieros, arquitectos, profesionales del área social, legal y administrativas, empadronados en un registro oficial), en un proceso verdaderamente innovador en la ciudad.

La normativa de la ley 341 indica los requisitos que deben cumplir los beneficiarios34 y las prioridades de asignación del beneficio35, que la tasación de los inmuebles será suministrada por el Banco Ciudad, que las cuotas cancelatorias de los créditos no deben superar el 20% del ingreso total del hogar, que se aplicarán intereses entre 0% y 4% según los plazos se extiendan entre 15 a 30 años y el nivel socioeconómico del grupo familia, la creación de un registro oficial de profesionales y ETIS, que sus honorarios deben ser incluidos en la financiación de la operatoria no pudiendo superar en conjunto el 10 % del monto total del crédito destinado a obra, que se garantizará la participación de las organizaciones, sólo en calidad de observadoras, en la (CCESO)36, que en caso de que el grupo familiar se viera afectado por la pérdida temporaria de trabajo podrá ser beneficiado con un plazo de gracia de hasta seis meses, que la operatoria tendrá el mismo tratamiento fiscal y arancelario que la más beneficiosa desarrollada por la CMV, y que anualmente el GCBA deberá fijar en la Ley de Presupuesto la partida correspondiente a los fines de financiar el cumplimiento de esta Ley.

Posteriormente, la Ley 964 modificatoria de la anterior, estableció que la autoridad de aplicación de la ley 341 podría incrementar el límite establecido para los montos de los créditos en aquellos casos en que la variación de la situación económica general o modificaciones a las normativas edilicias vigentes así lo ameriten, y que los beneficiarios deberán acreditar la contratación de los equipos profesionales y/o técnicos interdisciplinarios correspondientes, integrados por profesionales y/o técnicos de las áreas social, contable, jurídica y de la construcción, que las presentaciones deberán contener un programa de asistencia técnica interdisciplinaria con definición de metas cuyo cumplimiento en tiempo oportuno será condición necesaria a los fines de las certificaciones correspondientes.

Dando cumplimiento a lo referido en las leyes marco de la operatoria, el Acta N° 1647 de la CMV37 establece las normas de procedimientos de la operatoria de la Ley N° 341 modificada por Ley N° 964. Según la misma se creaba el Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV) bajo la órbita de la Subsecretaría de la CMV (actual IVC), en el marco del cual funcionaría la Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento, determinándose su régimen de funcionamiento y estableciéndose el procedimiento para las distintas etapas y tramitaciones del PAV, reglamentándose el Registro de Profesionales y ETIS38 y su régimen de funcionamiento, instituyéndose los Padrones de Entidades y Beneficiarios con sus respectivos regímenes de funcionamiento39. También este Acta pauta el tema de los honorarios profesionales40.

Si bien resulta prematuro evaluar los resultados de una operatoria tan reciente, sí podemos considerar algunos datos cuantitativos. Según información oficial, provista a mediados del año 2004 por la Autoridad de Aplicación de la Ley 341 y sus modificatorias, el IVC, a esa fecha la operatoria PAV presentaba el siguiente estado de avance:

- 40 proyectos con inmuebles escriturados (operatoria de compra de inmueble y realización de obras), involucrando 972 grupos familiares, a los que se asignó en conjunto un monto de 34371618$ en concepto de crédito, del que se habría ejecutado un 27,4% (7809291$ utilizados en la compra de inmuebles y gastos administrativos, 588138$ destinados a honorarios de ETIS, y 1020998$ utilizados en gastos previos y certificados de obra)

- 21 proyectos con inmuebles escriturados (operatorias de compra), involucrando 62 grupos familiares, a los que se les asignó un monto global de 1053477$ (totalmente ejecutado).

- 80 proyectos con inmueble presentado a consideración (tasación mediante), involucrando 1673 grupos familiares.

- 54 proyectos en proceso de búsqueda de inmuebles, involucrando 689 grupos familiares.

- 73 proyectos con solicitud de Talleres41 introductorios, involucrando 3569 grupos familiares.

Una mirada más cualitativa lleva al reconocimiento de que el contexto previo a la sanción de estas leyes y de la implementación del PAV, así como la puesta en marcha del mismo, ha acompañado en muchos casos la formación de los actores vinculados con el objeto de encarar procesos colectivos autogestivos de acceso a la Vivienda de Interés Social (así como también su adaptación a las nuevas posibilidades abiertas por el nuevo marco normativo), y potenciado en otros casos, la conformación de nuevos actores en ese sentido. En el siguiente cuadro se sintetizan los principales rasgos de algunos de los actores involucrados con la operatoria PAV, según su grado de filiación político-partidaria o a movimientos sociales o de tipo independiente, apuntando a describir los 3 tipos de actores más generalizados: por un lado las cooperativas42 o pre-cooperativas que ya tenían acciones e historia en relación a la problemática habitacional y debieron reconfigurarse en función del nuevo marco normativo; por otro las cooperativas o pre-cooperativas surgidas a partir de esta nueva operatoria; y también los ETIS, sobre los que no existía antecedente en los términos de la operativa aquí analizada.

Organización-referentes

 Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI): Organización social territorial de carácter sectorial nacida a fines de los ochenta a partir de experiencias de organización de ocupaciones de edificios.  Desarrolla proyectos de vivienda y hábitat popular mediante procesos colectivos, democráticos y participativos. Las 3 últimas Cooperativas surgieron como parte de una nueva modalidad del MOI (Guardias de Autogestión)

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI)

Profesionales comprometidos con  militancia, compromiso y participación desde dentro del proceso organizativo. Retoman modelo “uruguayo”

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. La Unión (miembros fundadores del MOI) . Se conforma al ocupar el edificio Azopardo 920 (propiedad del Estado Nacional), San Telmo, a fines de los ´80, para resolver problemas alimentarios; se inscribe legalmente en 1993 y compra el inmueble en abril de 1995 (Ley 42146); realiza la primera experiencia de rehabilitación edilicia en áreas centrales mediante procesos ejecutados por cooperativas  de propiedad colectiva y ayuda mutua obras de reciclaje autogestionario.

A fines de los 80, contaba con 24 grupos familiares.

Proyecto: rehabilitación edilicia; conjunto habitacional de 23 unidades de vivienda y SUM; posibilidad de local para emprendimiento productivo.

 

 

Propietaria del inmueble desde 2003; firmó el boleto de compra-venta por $150.000 anticipando el 10% y financiando el resto a 8 años en cuotas mensuales de $1900 ($96 por familia). Concluyó la construcción de 18 deptos; está gestionando la financiación para completar el  proyecto;   re-localización de familias no involucradas en la coop.,  con créditos individuales. Financiación y origen de recursos: Progr. 17 de la Subs. de Vivienda de la Nación $117.000; subsidios individuales del  Progr. Trabajar del Minist. de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; colaboración de la FUCRAM-Uruguay; 16 horas de  trabajo semanal como peones aportadas por las familias.  El sistema cooperativo contempla que las deudas se salden de manera consensuada.

Cooperativa Yatay (miembros fundadores del MOI). Formada desde la ocupación de Yatay 435,  Almagro. La compra del inmueble no se enmarcó en ninguna operatoria facilitada por ley. En 1992 las familias fueron desalojadas. Se organizaron (15 familias) mediante un plan de ahorro previo. A través de una inmobiliaria adquirieron en 1993 el inmueble Pje. Icalma 2007/9 y concluyeron el pago en 1995.

Originalmente, 40 grupos familiares. Luego 15.

Se programó una obra  nueva de 16 unidades con acceso a espacios para actividades comunitarias. Ejecutó la pre-obra entre agosto de 200 y octubre de 2001 mediante recursos provenientes de distintas fuentes.

 

Financiación y origen de recursos: a  la organización de un proceso de ahorro previo sumaron la gestión de préstamos individuales ante la ex Caja de Ahorro. El saldo de aprox. 60% de la operación fue financiado a dos años por el propietario.  Presentó la documentación necesaria y espera la resolución financiera del IVC, enmarcada en la ley 341

Cooperativa Perú (miembros fundadores del MOI). Formada en 1995  al ocupar una casa de la MCBA en Perú 770, San Telmo en 1994. Tras intentos de desalojo, gestionó una Ord.enanza en el Concejo Deliberante  para la desafectación, la  venta y la reestructuración urbana. Primer caso de regularización dominial de un inmueble del GCBA. En 2001 firmó boleto de compra-venta.

10 familias socias.  El edificio se encuentra localizado dentro del Área de Preservación Histórica de la Ciudad en un lote de aproximadamente 7,5m por 55 de fondo. Las obras son intervenciones de reciclaje,  para que se construyan tres niveles de entrepisos aprovechando la altura de los techos, armar unidades de parcela de 65 a 70 m. y crear patios internos para que haya luz.

En pre-obra. La cooperativa y el equipo técnico se encuentran preparando los proyectos y la documentación necesarios para solicitar la financiación al IVC. Al mismo tiempo se trabaja para gestionar créditos individuales para aquellas familias residentes en el predio pero que quedaron fuera de la organización. El inmueble en Perú fue valuado en 105000$ en 2001.

Cooperativa Fortaleza (formada en las Guardias de Autogestión)

Nace en 1998 y se deslinda de un grupo más grande. Realiza  la compra del inmueble ubicado e Chile 1979, San Cristóbal, en el marco de la normativa de la operatoria 525 de la ex – CMV.

11 familias (10 residen en el inmueble, 1 incorporada por la guardia del MOI). Es un condominio mancomunado. Prevé que los socios transfieran  la propiedad  la cooperativa. Anteproyecto: edificio de 8 pisos, con 13 deptos. de 2, 3 y 4 ambientes y una planta libre para uso comunitario. Reparten los módulos de vivienda según criterios decididos colectivamente.  Requiere  viviendas transitorias  para re-localizar familias durante la obra.

Está gestionando con el IVC el otorgamiento de un crédito individual  para facilitar la salida del edificio  a una familia que se retiró de la cooperativa.

Financiación: en 2002 presentó una solicitud para enmarcar los préstamos individuales dentro e la operatoria contemplada por la Ley 341.

Cooperativa La Fábrica (formada en la Guardia de Autogestión). Se constituye en dic. de 2000 y obtiene personería jurídica en abril de 2001. Es una confluencia de  familias provenientes de una cooperativa desarticulada, familias residentes del ex Padelai, trabajadores sindicalizados de la CTA y otras familias que ingresaron por la Guardia de Autogestión. Es la primer coop. en comprar un inmueble en el marco de la ley de 341. Realizaron compra y escritura en diciembre de 2001 luego de dos intentos fallidos.

Tras un significativo proceso de decantación y recambio, la cooperativa cuenta actualmente con aprox. 30 socios. Se encuentra en condiciones de incorporar nuevas familias a través del proceso de Guardia de Autogestión.  El programa contempla 50 viviendas y  equipamiento comunitario con proyección a nivel barrial. Su intervención física combina rehabilitación y obra nueva. En 2003 fueron  registrados los planos municipales.

La adquisición de materiales está organizada en forma conjunta con la cooperativa El Molino. La actual pre-obra comprende cuatro viviendas prototipo. Las familias residirán en el edificio cuando se haya completado la obra. Algunas familias habitan temporariamente en el Programa de Vivienda Transitoria (PVT  2) y otras participan de la organización del PVT 3.

 

Grupo pre-cooperativo Flores(formada en las Guardias de Autogestión). Se conformó en noviembre de 2003 a iniciativa de un grupo de asistentes del Centro de Formación Profesional N°24 del barrio de Flores.

La constituyen aprox. 15 familias que a partir de 2004 comenzaron a participar de los plenarios, áreas de trabajo y demás actividades del MOI.

 

Pretende constituir se en cooperativa asociando 30 miembros en la guardia del MOI, conseguir un inmueble en el barrio. .Los cooperativistas trabajan en los espacios comunes de la organización (PVT 2 y Casa Base).

Cooperativa El Molino (formada en las Guardias de Autogestión). Fusión de coop. 20 de julio  y Los Invencibles (residen en  hoteles subsidiados por el GCBA). Organizaron  mesas de trabajo con el gobierno en 2001. El Molino compró en julio 2002 un ex – molino en Solís 1963, 1973/9 y 15 de Noviembre 1743, Constitución.

Proyecto más ambicioso encarado por el MOI.

100 familias. El programa (rehabilitación y obra nueva) contempla 100 unidades de vivienda, locales y equipamiento comunitario de uso barrial con salones y una  plaza, pues se  prevé un significativo impacto barrial. Está dividido en 4 etapas para facilitar la obra, el financiamiento y la incorporación de socios.

Alto  nivel de decantación de socios. Espera incorporar más en la guardia. El IVC tiene a cargo la  propiedad del inmueble como “gestor de negocios”  y será transferida a la coop. Los planos municipales están registrados. Se está finalizando la documentación  y gestionando financiamiento. ($850.000 más extensión del crédito para rehabilitación: $1.350.000).

Organización-referentes: Movimiento Territorial de Liberación

Agrupación piquetera que forma parte del Bloque Piquetero Nacional, una de las organizaciones  de trabajadores ocupados y  desocupados más radicalizadas, políticamente  ligada al Partido Comunista (PC) y estuvo vinculada a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): Es.t. de Arquit. Pfeifer-Zurdo ( renovación del Centro comercial Patio Bullrich, del supermercado Coto de Barrio Norte, del Hipódromo de Palermo y participaron de las obras del Paseo Alcorta y Alto Palermo Shopping), contador: M. Freire, sociólogo L. Ostrej. Les cobran honorarios inferiores a los habituales y aspiran a replicar la experiencia con 30.000 viviendas  en el resto del país.

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Se conforma específicamente en torno a la oportunidad de la concreción de este emprendimiento habitacional

Destinatarios:  miembros del MTL con problemas habitacionales.  Proyecto “barrio piquetero”: 2 manzanas en Parque Patricios (ex - fábrica de pinturas de Bunge&Born y Molinos Río de la Plata) entre las calles Cortejarena, Famatina, Monteagudo e Iguazú.  Complejo  de 334 viviendas para 1000 personas, en edificios de 4 plantas integrados por patios cerrados comunitarios, con 4 deptos.  por  piso y viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios.  Los talleres de herrería y carpintería serán insumos para la obra y  emprendimientos productivos luego.  Biblioteca, capilla, instalaciones deportivas, centro de salud, parrillas y juegos para niños, guardería, salón  de usos múltiples y 10 comercios para trabajadores del MTL. Integración arquitectónica y social al barrio. Posee viejos galpones y torre de agua , uno de los galpones se reciclará con arcadas, siguiendo el diseño urbano de la zona. La obra dura 2 años y dará trabajo legal a 300 personas del MTL. Prevé apertura de calle José C. Paz. La obra requiere pilotaje.

Proyecto arquitectónico terminado.

Conflicto con vecinos del entorno.

Terreno adquirido por $1.4000.000

Crédito por $13.600.000

Créditos a 30 años cuotas menores a $100.

Están funcionando las oficinas donde funcionará la cooperativa.

Es el monto destinado a cooperativas más importante que haya otorgado el IVC.

Organización-referentes: Federación de Cooperativas del Polo Obrero

Agrupación piquetera con filiación política al Partido Obrero (PO). El 6 de marzo de 2004 organizaron un Congreso de Vivienda con la acreditación de 230 delegados de  hoteles y casas tomadas, villas, asentamientos, cooperativas de vivienda y deudores hipotecarios.

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): Constituye sus propios  equipos asesores a partir de miembros de la agrupación.  En general organizan a la gente alojada en inquilinatos y luego aportan sus equipos técnicos

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Sus 22 cooperativas y  precoop.  De entre 10 y 30 personas comienzan a funcionar en el marco de la Ley 341. Organizan eventos para fondear el ahorro previo (entre $10 y $20 por mes).

Cooperativa “Los vecinos luchadores”

 

En el 2004 han escriturado un predio vacío en el Pje.  Lanín 8.

Coop “Dulce  Hogar”.  Se ejecutarán 14 viviendas y una para el encargado, con una superficie cubierta total de 1335m².

En el año 2004 escrituraron un inmueble en Monte 5865.

Organización-referentes: Coop. “El Ceibo”. Organización independiente que surge en 1988 trabajando en la lucha por métodos anticonceptivos. En 1989 incorpora la cooperativa de vivienda en  torno a la problemática de las casas tomadas del barrio de Palermo. Posteriormente incluyeron otro rubro entre sus actividades, que tiene que ver con el Programa de recuperadores urbanos (cartoneros)

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): según el tipo de operatoria enmarcada en la Ley (y asesorados por la Unidad Ejecutora Ex AU3)

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Cooperartiva de Vivienda, Crédito y Consumo El Ceibo.

Residentes en inquilinatos, hoteles y casas tomadas de la zona de Palermo y Villa Crespo y especialmente a los ocupantes de las viviendas de la traza de la ex AU3

Compraron la casa tomada en Estado de Israel 4500 por  un consorcio de 5 familias a fines de los 90 (habían obtenido un crédito de 20.000 dólares durante la paridad 1$=1u$s). En plena actividad con el Programa de la Unidad Ejecutora de la ex AU3 entre S. Ortiz y F. Lacroze. Obtuvieron también el edificio de Jufré y Acevedo

Organización-referentes: Federación de Cooperativas independientes La Federación

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Agrupa a 15 cooperativas.  “Benito Quinquela Martín. Cooperativa de Vivienda, crédito y Consumo”, La Boca.

Vecinos de La Boca (ocupantes e inquilinos)

Recauda fondos mediante la organización de actividades. En proceso de búsqueda de terrenos. Acordaron resolver internamente el pago de cuotas y la distribución proporcional de los créditos según las necesidades de las familias.

Organización-referentes: Cooperativas independientes, algunas provenientes de asambleas barriales constituidas posteriormente al 2001.

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): Núcleos Experimentales Urbanos Sostenibles Cooperativa de Trabajo Limitada (NEXUS): Area vivienda  y ciudad: Arq. G. Brito, Arq. A. Maur, Arq.E. Kreiman. Area social: Lic. C. Sosa, Prof. N.Verón, Lio. M. Torres, Lic.I.Copetti, Lic.P.Acha. Lic. M.Acerbo. Area legal: Dr. P.Ladizesky, Dr. A.Geofroy, M.Jejier. Area administrative-contable: Ctdr. J.Gerszenzon, Lic. M.Bely, Ctdr. A.Fortunato. Objetivos: asesorar a cooperativas mediante procesos participativos y de autogestión para sectores de escasos recursos. Las propuestas involucran unidades  ambientales integradas a la estructura y morfología existente de la ciudad, mixturando unidades de vivienda con espacios destinados a la  producción. Asesoran actualmente a 10 cooperativas que comprenden 211 grupos familiares.

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. María del Rosario

formada en 2002

 

 

10  familias residentes en  hoteles y en el terreno que se quiere comprar. Proyecto en  3 plantas con crecimiento interno; núcleo básico de 45m² ampliable a 75m².

Terreno ubicado en Miravé 2737, en proceso de escrituración desde enero de 2003

Coop. Independencia

formada en 2001

 

18 grupos familiares. Proyecto en altura, edificio de 8 pisos, vivienda en un solo nivel de 62m2 totales.

Constitución 3062. En proceso de visado de planos. Tiene dificultad para conservar los terrenos elegidos por a demoras de gestión del IVC,  por lo perdieron varios terrenos.

Coop. 1° de mayo

(formada en 2003 por integrantes de la comunidad boliviana)

28 grupos familiares.

Vivienda en un solo nivel de 62m2 totales, con PB libre para microemprendimientos.

En proceso de escrituración.

Edificio Escalada 1760. En proceso compra.

Ha presentado el terreno y cuenta con las Carpetas Técnicas aprobadas por el IVC.

Coop. Buscando espacios

(formada en 2002 como desprendimiento de las cooperativas “La lechería” y “Los bajitos”)

22 familias en situación habitacional crítica (acuerdo de desalojo para fin de este año).  Proyecto: Vivienda  cáscara en dúplex, de 45m² ampliables a 75m².

Proyecto y  terreno presentados y aprobados por el IVC en 2004. En proceso de escrituración. Requiere acelerar los procesos administrativos.

Coop.El  propósito

formada en 2003

16 grupos familiares.

Vivienda n un solo  nivel  de 58m2 totales. Topología entre medianeras de 4 niveles de unidades con PB libre para microemprendimientos.

Edificio La Mesopotamia  4368.  En proceso de aprobación de visado previo, con un plazo máximo de 90 días extendido por el propietario del terreno. Presentó un terreno  tasar en enero de 2004 y por traspapelarse el expediente en el IVC se imposibilitó la adquisición del  terreno.

Coop. Crecer

formada en Villa Luro en 2004

64 grupos familiares.  2 edificios de 32 viviendas. Tipología entre medianeras de 8 niveles de unidades de viviendas con  PB libre para microemprendimientos.

Edificio Homero 177 y Rafaela 4831. Presentó terreno para tasación en agosto 2004 y el IVC objetó el proyecto por  no entrar en los cánones proyectuales.

Coop. El Obelisco (formada en 2002)

13 grupos familiares.

En fase inicial de búsqueda de terrenos. Ha presentado terreno a  tasar en septiembre de 2004.

Coop. Esperanza” formada en 2004

12 grupos familiares

En las fases iniciales de búsqueda de terreno.

Coop. Pro-vivienda Congreso  formada en 2004

17 grupos familiares

En proceso de presentar terreno para tasación.

Coop. El Segundo propósito  formada en 2004

12 grupos familiares

Terreno en tasación.

Organización-referentes: Cooperativa independiente

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): DOLMEN: Asociación Civil conformada por un grupo de Profesionales provenientes  de las ciencias sociales y de la arquitectura que ofrece asesoramiento técnico a organizaciones sociales en proceso de formación o ya constituidas para desarrollar proyectos de emprendimientos colectivos con énfasis en el abordaje de la problemática habitacional de sectores populares y adoptando criterios proyectualesde horizontalidad en cada decisión, planificación y desarrollo de la tarea. (Arq. M.Ramírez, y otros)

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Trabajan con 6 cooperativas, entre ellas “Octubre” y “La Lechería”

Sectores medios desmoronados y  de clases bajas pauperizadas que llegan a la situación de  “sin techo”  por desalojos por falta de pago, ocupación ilegal o incendio, o  inundación, en su mayoría seres urbanos, que viven en hoteles subsidiados por el GCBA o en casas ocupadas o con alquileres subsidiados. Criterios proyectuales: conjuntos habitacionales de entre 12 y 28 unidades funcionales, con espacios comunes; “vivienda cáscara” como forma envolvente con interior flexible que permita transformaciones según las necesidades  de los ciclos vitales de cada familia.  (Aplican el modelo uruguayo de la FUCVIAM)

Trabajan con 5 cooperativas de Vivienda con un total de 12  núcleos  habitacionales distribuidos en barrios consolidados de la zona sur de la Ciudad de Bs. As. La Boca, Parque Patricios, Paternal, Constitución y Barracas. Con dos años promedio de recorrido, diez de estos proyectos tienen sus terrenos adquiridos y algunos tienen sus presentaciones para construir adelantadas.

En otros casos siguen en proceso de búsqueda de terreno. Organizan actividades para juntar plata para la obra y las tareas previas.

Organización-referentes: Cooperativas independientes

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): HABITAR

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. “Flores”

 

16 familias de bolivianos nacionalizados, obreros textiles residentes en Flores.

Cerrando tratativas para comprar un terreno en Floresta.

Coop. “20 de diciembre”, originada en la Asamblea Barrial de San Telmo (inicialmente vinculada a la CTA y al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados).

40 familias

Proyecto con potencialidad para ubicar a 60 familias.

En negociación con una inmobiliaria por un terreno en Parque Patricios.

Coop. “Volver a empezar”, La Boca.

 

15 familias.

Compraron un terreno en Parque Patricios (Monteagudo y Cortejarena). Cuentan con aprobación de planos de visado previo, tramite municipal definitivo en iniciación, en instancias previas a la licitación y al comienzo e la obra.

Organización-referentes: Cooperativas independientes

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): HABITANDO (conformada en 2004)

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

“San Bernardo Abad II”, creada a instancias de la iglesia homónima, en Villa Crespo.

40 familias

En proceso de búsqueda de terreno.

Organización-referentes: Cooperativas independientes

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): Arq. M. Iovaldi, Lic. I.Copetti, entre otros

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. “Conviviendo/a”

21 familias, surgidas de las asambleas barriales de Parque Chas, Villa Ortúzar y Agronomía.  Están constituidas por  inquilinos ocupantes.

Los constructores serán beneficiarios del Programa de la Unidad Ejecutora de la ex AU3 que, a través de la experiencia autoconstructiva conformaron un grupo de trabajo. Intentaron con un terreno en la Av. San Martín y Donato Alvarez  y otro en Llerena 2950, pero no pudieron acordar el precio con los propietarios y, además, la tasación se prolongó hasta diluirse la operación.

Organización-referentes: Cooperativas independientes

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): SEMILLA URBANA. Estudio Arq. R. Frangella, y H. Sardin; trabajadora social N.Gualdoni

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. “La carpa del aguante”, creada en 1999.

Posee una larga historia de desalojos y ha padecido varias estafas. Tienen un buen vínculo con los vecinos de su entorno.

32 familias de Bajo Flores provenientes de las villas Piletones y 1-11-14, con ingresos de 700 a 1000$ en trabajos precarios. Proyecto: 3 pisos de doble altura con entrepisos; unidades de 70m² con 3 dormitorios. Balcón terraza. Patio común en PB,  salón de usos múltiples y  portería.

A mediados de 2004 escrituraron un  terreno baldío en la calle Primera Junta y Alvariños,  Mataderos, en 3 lotes de 8x16m aproximadamente.

.Actualmente están armando el obrador, que será el futuro salón de usos múltiples.

Pagaron $95.000 por los tres lotes.

Organización-referentes: Cooperativa independiente

ETI: al menos miembros del equipo de trabajadores sociales del equipo que trabaja con la Coop. “La carpa del aguante”

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. “La Alameda”, constituida por comunidades aborígenes. Trabajan con emprendimientos productivos. Vinculados con la Asamblea barrial “20 de diciembre “ de Parque Avellaneda. Buscan lotes en esa zona.

12 familias.

 

En proceso de búsqueda de terrenos. No Aunque ya han visto más de 200 terrenos, no logran adaptar sus capacidades económicas a sus expectativas.

Organización-referentes: Cooperativa independiente

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Asociación Civil “Manos Solidarias (techo y trabajo)”

 

En abril de 2002 compraron el inmueble Brandsen 439 en La Boca, valuado en $105.000

Organización-referentes: Cooperativa independiente

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. “Emergencias”

15 familias, alojadas en hoteles subsidiados por el GCBA.

Obtuvieron en 2002 un crédito para la compra del terreno en Santa Magdalena 325, Barracas, a $78.000. Extensión para la construir: $230.000

Organización-referentes: Cooperativas independientes.

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. “Caminito”

14 familias de La Boca.

El terreno que compraron en 2002Alvarado 902/10 y Melo, a un presio de $48.5000.

Extensión de $180.000 para la construcción.

Organización-referentes: Cooperativas independientes.

Equipos técnicos interdisciplinarios (ETI): originalmente Arqs. D. Betti y S. Molina (actuales diputados de la ciudad por el partido de izquierda Autodeterminación y Libertad). Actualmente son otras varias ETIS (entre ellas Dolmen y Nexus)

Cooperativas, pre-cooperativas, antecedentes

Población destinataria  y proyecto

Estado de avance  operatoria Ley 341

Coop. “La Lechería”, conformada por ocupantes de una ex - fábrica en Caracas 2787 en el barrio de La Paternal, usurpada hace 20 años.

93 familias ocupantes del inmueble. Existió un convenio con la propietaria con un alquiler de 2000$. Al caducar el mismo se avanzó con el juicio de desalojo. Los terrenos sobre los que se desarrollarían los proyectos son Echeandia 4158, Derqui 4053, Derqui 4057/59, Montes Carballo 1674, Moreto 1675 y Profeta de la Pampa 4552. De las tres primeras iniciativas se beneficiarían 27 familias y, hasta ya se desembolsaron 15.178$ del proyecto de Montes Carballo (para 28 familias). Ya se pagaron 8.556$, y por las obras en Moreto y Profeta de la Pampa,  ya se abonaron 18.512$  (para 35 familias).

En 2002 se realizaron dos emprendimientos. Uno para 30 familias,  con $125.000 para su compra, con una extensión para la construcción de $448.300. El otro, para 28 familias, se ubicó en Padre Montes Carballo 1674, Bajo Flores. Crédito de $100.000 y luego de $415.800 para  construir. Otros terrenos comprados: Moreto 1675 y Profeta de La Pampa 4552.  Según el convenio realizado entre la cooperativa La Lechería y el GCBA, la primera abonaría el 6% del monto total de los créditos al ETI  (3% a los autores del proyecto y 3% a la dirección de  obra.

 

Fuente: elaboración propia a partir de recopilación de información documentada, asistencia a reuniones de trabajo y mesas de concertación de cooperativas y grupos de cooperativas, asistencia a eventos de difusión y debate organizados por las cooperativas y entrevistas a agentes calificados, septiembre-octubre 2004.

De las indagaciones bibliográficas y las entrevistas efectuadas a agentes calificados (miembros de las cooperativas, dirigentes de movimientos vinculados a las cooperativas, profesionales de los ETIS, se han podido obtener algunas apreciaciones sobre la operatoria y las experiencias de quienes de uno u otro rol, participan de ella.  Por ejemplo, es de destacar la siguiente reflexión de la Cooperativa Perú en relación a lo que significa formar parte de una cooperativa de vivienda del tipo promovido por el PAV: “Si, como se dice, donde hay una necesidad hay un derecho, nosotros decimos que la necesidad se dignifica a través del esfuerzo, la participación y la organización. No somos pobrecitos, no somos víctimas, no somos cosas, no somos fichas, no somos papeles en un expediente. Somos personas que a través de un camino cooperativo, comenzamos a decir basta, y a exigir el compromiso del Estado para diseñar políticas acordes a nuestras necesidades y, al mismo tiempo, responsables y eficientes en la asignación de los recursos públicos, que son los recursos de todos”43.

Tan sólo para reiterar una de las historias de vida de la mayoría de los cooperativistas de esta operatoria, y sensibilizar a cerca de lo que significa la posibilidad de acceder a la vivienda a través de este nuevo tipo de construcción colectiva promovida de manera mancomunada por las instituciones gubernamentales y el sector público, se puede recrear el relato de otro miembro de la Cooperativa Perú. Manifiesta este sujeto, que cuando había ingresado al edificio ocupado, pensó que era por un tiempo provisorio, pero las dificultades económicas le impidieron trasladarse a otro lugar. Dentro del predio había intrusos que alquilaban piezas o las vendían y a quien no pagaba lo desalojaban inmediatamente. Con la organización de la cooperativa en 1994, cuenta que se les empezó a complicar paulatinamente el negocio, hasta que se terminó. También sostiene que no fue nada fácil, puesto que en el inmueble, además de gente de trabajo, había algunos vendedores de drogas y que la policía no tomaba denuncias de sus vecinos porque eran ocupantes. Cuenta también que la primera regularización que lograron fue con la instalación eléctrica, cuando pagaron a la empresa de servicios eléctricos Edesur 12.000$ en 1995.

            Una experiencia más reciente y específicamente ligada a la implementación de la operatoria, la de una cooperativista que está en situación de emergencia habitacional, pone de manifiesto cómo son las vivencias de este proceso desde adentro y en la carne de cada sujeto que conforma ese actor: “Hace 9 años que ocupamos un inmueble de la UBA en la Av. Independencia. Hoy somos 18 cooperativistas. Antes éramos 23. Se cayó la operación porque e dieron el terreno a alguien de La Boca (la inmobiliaria no tenía un precio fijo). Otros terrenos que vimos no los pudimos presentar al IVC porque ya los habían presentado otras cooperativas. Las tasaciones tardan, y eso también nos hizo caer otros terrenos que habíamos elegido. El último que perdimos, venía todo bien, y antes de que se termine la tasación, el dueño que era muy mayor y estaba enfermo se murió, y los herederos desistieron y además tenían que empezar la sucesión. Ahora encontramos un terreno en constitución, pero el propietario dice que nos vende los dos inmuebles juntos, y resulta que uno está en sucesión. ¿Cómo se hace para además de todo lo que nos pasa a cada uno todos los días, aguantar estas idas y vueltas, sin desmoronarse?”.

Los ETIS son si lugar a dudas, un nuevo actor en el escenario de la soluciones habitacionales al hábitat precario. En los dichos de algunos de sus miembros, de acuerdo a las experiencias vividas desde la puesta en vigencia de la Ley 341 y el PAV, varían según se trate de técnicos independientes o técnicos con filiación partidaria o al movimiento que asesoran. Sus opiniones también están sesgadas por lo que en gran medida es también una fuente de ingresos económicos y de ejercicio profesional, además de lo que comúnmente se denomina “trabajo o militancia social”. Por ejemplo, una integrante del ETI que asesoró y realizó el proyecto arquitectónico de la Cooperativa “La carpa del aguante”, de profesión Trabajadora Social, contaba cómo recientemente habían logrado que la Cooperativa escriturase un terreno en el marco de la operatoria 341 y que estaban muy felices e ilusionados, aunque como previamente habían tenido algunas frustraciones, reconoce que la pasaron bastante mal en ese proceso de búsqueda de inmuebles. Por otra parte, también se explayó sobre algunos aspectos atípicos que merecen ser destacados por positivos. Uno de ellos es que el estudio de arquitectura logró consensuar con los adquirentes, una tipología arquitectónica que difícilmente se haya dado en la vivienda de interés social en este país: departamento de 3 dormitorios con un espacio en doble altura, con 70m² de superficie cada uno, con balcón terraza y con  diseños de fachada diferenciados y en distintos colores para cada unidad funcional, lo que hace una verdadera práctica arquitectónica experimental. Otro aspecto interesante de transmitir, es que el área de trabajo social de la ETI, implementó un sistema de “premios y/o castigos” de carácter lúdico y motivador para contribuir al trabajo y aporte  solidario de los cooperativistas de este emprendimiento: generaron un sistema de suma o resta de “ladrillos”, según la conducta de los grupos familiares respecto de las cuestiones acordadas colectivamente.

            Un caso paradigmático es el que vinculó a una ETI constituida por uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos y dedicados a emprendimientos del tipo shoppings y residenciales de alto standard, con una cooperativa conformada por un movimiento piquetero: el MTL. Al emprendimiento ya se lo ha dado en llamar el Barrio Piquetero y tanto el ETI como la cooperativa se manifiestan a favor de este vínculo, que por otra parte fue por elección de los propios cooperativistas. Demás está decir, que el éxito del emprendimiento también radica en que ya han escriturado el terreno donde se desarrollará el proyecto habitacional, con espacios productivos.

No tan satisfechos se muestran ETIS independientes como Dolmen, Nexus o Habitar, formadas por estudios de menor envergadura (podría homologarse su escala a la de Pymes). En muchos aspectos llegan a coincidir con las opiniones del ETI que asesora a las cooperativas del Polo Obrero, movimiento piquetero de filiación partidaria al Partido Obrero, así como también a las quejas que expresan cooperativas agrupadas en la Federación o cooperativas como La Alameda,  Tupac Amaru, o la coop. Gestión de Negocios  (de La Boca). Es que según sus propios dichos, son muchas las fallas de la Ley 341 y el PAV, y muchas las trabas que encuentran en problemas como el excesivo tiempo que tarda el IVC en garantizar la tasación oficial de los inmuebles que ellos proponen (al transcurrir tanto tiempo se les “caen” las operaciones inmobiliarias con los propietarios, porque o encuentran otros oferentes o les aumentan el precio originalmente convenido). Otro problema reiterado por la mayoría de las cooperativas y las ETIS, y que es quizás el más estructural  en relación con esta innovadora operatoria de autogestión de la vivienda, es que por las mismas reglas del mercado inmobiliario, los precios de los inmuebles disponibles o vacantes (los ofertados a la venta) se habrían incrementado no sólo porque desde la salida de la convertibilidad el mercado fundiario e inmobiliario se ha visto enrarecido, al punto de que en la CBA los precios habrían alcanzado los mismos valores que antes de 2001 pero en dólares, sino porque el sub-mercado de inmuebles que presentan potencialidad para el presupuesto acotado que otorga la operatoria de la Ley 341, han recibido tantas consultas por parte de cooperativas autogestivas de vivienda o ETIS, que ellos mismos, actores de esas prácticas, han contribuido a que el mercado se haya encarecido, lo que no necesariamente implique que los inmuebles se hayan vendido.  Aquí se plantea la contradicción de una política habitacional que de no poder implementar un banco de tierras desde el sector público podría estar condenada a constituirse en un nuevo fracaso, puesto que la incidencia de los casos exitosos resulta ínfima en relación con el déficit habitacional real  y la cantidad de cooperativas y pre-cooperativas que se van desgastando en el infructuoso proceso de búsqueda de inmuebles, que son uno de los insumos imprescindibles para llevar a cabo la operatoria.

Es interesante el discurso de presentación que algunos ETIS hacen de sí mismos, destacándose la complejidad de sus proyectos integrales y la expresión de sus principios profesionales, ideológicos y éticos. Por ejemplo el ETI cuyo nombre de fantasía es Dolmen, se presenta como una Asociación Civil conformada por un grupo de Profesionales provenientes  de las ciencias sociales y de la arquitectura que ofrece asesoramiento técnico a organizaciones sociales en proceso de formación o ya constituidas, que se propongan desarrollar proyectos de emprendimientos colectivos con énfasis en el abordaje de la problemática habitacional de sectores populares. “Nos conformamos como equipo interdisciplinario asumiendo que cada disciplina profesional implica una mirada parcial e insuficiente para intervenir sobre  una población atravesada por innumerables factores que hacen a la complejidad del empobrecimiento intencionalmente llamado pobreza para encubrir el carácter político y la crueldad de una economía inhumana que socializa la perdidas y privatiza las ganancias  instalando como natural el hecho de que ricos y pobres existan sin relación causal entre si. Considerando imposible separar lo profesional de lo personal, el hecho de constituirnos como equipo interdisciplinario, en nuestro hacer también damos cuenta de nosotros mismos. Destacamos este punto para desmentir la falsedad de la supuesta neutralidad que en nombre de lo técnico profesional se pretende poseer en el campo popular. Este dispositivo de trabajo implica para nosotros una forma de ejercer la horizontalidad en cada decisión, planificación y desarrollo de la tarea. No es trabajo fácil ensamblar y tomar perspectivas comunes  desde matrices de aprendizajes diversas como son las que confluyen en este equipo. Los problemas que enfrentamos no tienen soluciones simples y exigen  aprendizajes  y creativos  métodos de abordarlos. Decidir un marco de intervención en la problemática  habitacional significó muchas veces riesgos emocionales y financieros, implicó ensamblar redes que reúnan talentos y recursos necesarios para producir cambios, sumó horas de acalorados debates y evaluación permanente de las situaciones en las que intervenimos, redundó en procesos de cohesión y aprendizajes mutuos. Actualmente nos encontramos desarrollando este objetivo en el marco de la ley 341 que en la ciudad de Buenos Aires habilita a organizaciones conformadas en cooperativas  a ser sujetos de  un crédito  accesible  en cuanto a tasa y tiempo de financiación. Asimismo, el grado de exclusión social que  presenta la Argentina  complica  la posibilidad de pago por parte de los beneficiarios al programa si no logran constituir algún tipo de estrategia productiva”44.

 El ETI Nexus no se queda atrás en su marco conceptual. En su página web de difusión, plantean que su propuesta está orientada a potenciar las capacidades del grupo social, con lo cual garantizar el desarrollo de un proyecto cooperativo sostenible en el tiempo, más allá de la edificación de las viviendas, lo que posibilitará a su vez la integración social y superación económica de su actual situación de emergencia. Además este ETI que es verdad una verdadera cooperativa de trabajo en sí misma, plantea que se nutre “de las experiencias recientes que se observan en los nuevos espacios de participación como son las asambleas barriales que han sido recuperados por la sociedad a partir del 20 de diciembre del 2001; y también, de diversas experiencias en el campo de las organizaciones cooperativas, las investigaciones urbano arquitectónicas, del hábitat social y de los procesos participativos”. Su metodología de trabajo apunta además de lo proyectual (vivienda progresiva, aplicación de tecnologías sistematizadas), a la integración social de los grupos cooperativos, generando espacio con pertenencia y promoviendo la conformación de emprendimientos productivos y Pymes que permitan a su comunidad una inserción perdurable en los mercados de trabajo y productivos y  proponiendo desarrollar un hábitat que integre unidades de vivienda con espacios destinados a la producción (micro emprendimientos) como nuevo modelo de unidad ambiental integrada a la estructura y morfología existente en la ciudad.

Consultado al respecto, un miembro del ETI Habitar, cuenta cómo y por qué decidieron formar parte de esta experiencia: “Al comenzar, nos metimos porque el espíritu de la ley nos pareció interesante por los siguientes motivos: - generar la situación donde un grupo interdisciplinario de profesionales atiende en forma directa a un grupo de personas agrupados como cooperativa, el cual por su clase social nunca accedería directamente a un grupo interdisciplinario de profesionales; - el plantear la realización de las viviendas en la trama urbana y no en lotes vacíos al costado de la nada; lograr la construcción al mejor precio posible y contratando a quien la cooperativa decida, y no de la manera en que funcionaba antes: la CMV dándole un negocio a alguna empresa constructora y quedándose con las viviendas para adjudicarlas –a dedo- según los clientes políticos de turno”.

Pero en la práctica, no todas son rosas. En adelante se mencionarán las críticas, muchas de ellas en tono de quejas, que las ETIS y las cooperativas están transmitiendo en cuanto medio les es  posible.

Cuenta otro miembro de la ETI Habitar: “La letra chica con que te encontrás cuando te metés a trabajar en el tema es: - que el Estado, a través de la CMV, ahora IVC, se deslinda de toda responsabilidad y se la pasa toda a un grupo de profesionales que debe hacer una tarea social ciclópea, cobrando menos que nada; la condición de salir a conseguir un lote en el mercado inmobiliario con un presupuesto tan escaso, hace muy difícil todo; los tiempos burocráticos que hay que soportar colaboran para que todo se vaya a pique, ya que no hay ni inmobiliaria, ni nada que pueda garantizar y asegurar los mismos valores durante plazos tan largos, como mínimo de 8 meses entre encontrar el lote, comprarlo y otros 4 a 6 meses más para empezar la obra”.

Se suman a las críticas anteriores las de los miembros del ETI Dolmen: “La política oficial no está otorgando subsidios a las familias con necesidad de construir vivienda y que difícilmente se encuentren en una situación estable como para devolver el crédito, pero por otro lado sí se gastan subsidios carísimos en alojamiento de familias en hoteles pensión a cargo de la Secretaría de Promoción Social del GCBA. Por otra parte, dentro de los diferentes pasos para poder llegar a construir una vivienda, en algún caso llegamos a ubicar un terreno, a armar un proyecto, a conseguir la tasación, trámites que tardan cerca de 8 meses, pero luego se cayó la venta del terreno. Esta situación produce una sensación de gran frustración entre los integrantes de la cooperativa. Después d los últimos años de recesión donde había poco movimiento inmobiliario, la posibilidad era viable, pero el repunte del sector alimenta una situación de mayor dificultad para conseguir que un vendedor mantenga la oferta varios meses. Además, los inconvenientes de proyectar una vivienda multifamiliar, parten de la falta de reconocimiento en el Código de Edificación de la Vivienda Social, introduciendo exigencias como ascensores de alto costo, o la ubicación de 3 cocheras cada 10 unidades funcionales para familias que con suerte se movilizan en bicicleta. El presupuesto asignado era de 42000$ por familia y se actualizó a 48000$, aunque todavía sigue lejos en comparación con la suba de los índices de precios de la construcción de viviendas a gran escala ofrecidas a los grandes grupos económicos: 100000$ por unidad sin considerar el terreno)”.

El ETI Nexus plantea que los principales problemas tienen que ver con la forma en que se reglamentaron las leyes marco del PAV (Ley 341 y Ley 964): “una reglamentación que desvirtúa el espíritu de las Leyes 341 y 964, y un sistema administrativo de gestión absolutamente anacrónico, y costoso para la Ciudad. Prueba de esto es que  en todo este tiempo  ninguna de las cooperativas ha comenzado a  construir”.

El ETI Dolmen sostiene que la operatoria en la que intentan participar, lejos de constituir un espacio resuelto y libre de tensiones, aparece atravesado por múltiples contradicciones que ponen en jaque el espíritu de la Ley: la autogestión de la vivienda. “Nuestro desafío no es sólo alcanzar la vivienda, sino sentar el referente de una forma distinta de construir cercana a las necesidades de un usuario que pasa del reclamo asistencial a un proyecto colectivo que lo involucra en las diferentes fases. Las repercusiones de los desajustes que vamos a describir a continuación se traducen en desánimo, disgregación, autoritarismo, menor participación, delegación y reclamo constante. Sobre este campo interviene el equipo sufriendo muchos de los males que aquejan a las cooperativas”. Y seguidamente particularizan problemas relacionados con los tiempos que llevan las tramitaciones, los modelos constructivos45 y las relaciones con el Estado46.

De todos modos, este actor rescata algunos logros importantes en el  desarrollo de la autogestión que tienen que ver con reconocimiento institucional de una forma alternativa de construir, de habitar y de integrar a los grupos que la sociedad margina y esconde. Ellos mismos enuncian algunos de estos logros: “sostenimiento en el tiempo de las cooperativas a pesar de las dificultades; práctica concreta de la lucha por la transparencia y la democratización, con ejemplos paradigmáticos en cooperativa donde hubo remoción de autoridades por maltrato de dirigentes o sospecha de malversación de fondos y pudieron seguir delante de una manera transformada; transformaciones personales significativas en el marco de un proyecto solidario; nuevos aprendizajes propios de la práctica cooperativa, en gestión, administración, ordenamiento contable y administrativo, resolución colectiva de conflictos, organización y control de eventos y emprendimientos productivos y otros   más trascendentes como el mutuo apoyo solidario; actividades realizadas para el financiamiento de trabajos preliminares de obra (venta de choripán, guardacoches en terreno adquirido, producción gastronómica y venta, fabricación de prendas para niños, bailes intercooperativos); agrupamiento espontáneo de algunas cooperativas para intercambio de experiencias, apoyo mutuo y lograr abaratamiento de las obras”. 

¿Y qué opinan las cooperativas más radicalizadas como el caso de las agrupadas en torno al movimiento Polo Obrero? En un documento difundido en octubre de 2004 plantean que la gestión actual se auto-considera progresista y que sin embargo la única iniciativa que han impulsado en materia de solución al problema habitacional ha sido la autogestión, y que esa iniciativa encima es boicoteada desde adentro del gobierno: “Las cooperativas deben peregrinar en busca de un terreno, incluso proyectarlo y construirlo, sin que el Estado provea tierra, asistencia técnica y todo esto con recursos absolutamente insuficientes. En cambio el Estado, no se priva de someter a las cooperativas a un infierno de tramitaciones y bloqueos burocráticos. Durante 2001, con el alza de las luchas populares y con la organización de amplios sectores de los trabajadores de la ciudad, en un marco de conquistas reivindicativas de todo tipo, un sector de los trabajadores afectados directamente por el problema del techo, lograron arrancarle al Estado una cantidad de situaciones por la vivienda digna. El PAV es el eje de una política de la actual gestión del GCBA que pretende llevar las luchas de los sin techo a un callejón sin salida, haciéndolos pasar por trámites y bloqueos que golpea y paraliza a los compañeros organizados en cooperativas bajo la ley 341. Los vecinos deben procurarse sus propios terrenos, negociar con las inmobiliarias, contratar el personal técnico que los asiste. Esta modalidad de autogestión deja libradas a las cooperativas a la voracidad de los especuladores inmobiliarios, con quienes deberán negociar la compra del terreno para su proyecto. Si el valor del terreno es viable para el proyecto constructivo, el IVC toma un mínimo de 90 días para la tasación del banco, confección y revisión de planos para la aprobación. En el transcurso de esto nada impide que el terreno pueda ser arrebatado por otro comprador que cuente con dinero fresco en la mano, en ese caso, todos los esfuerzos y sueños de los compañeros terminan en la basura”. Por otra parte cuentan que el proceso de prueba y error con que el IVC va inventando los procedimientos de la operatoria, agravan más la situación, al punto de que a la fecha, ni siquiera las cooperativas que han logrado escriturar sus terrenos, han logrado poner un ladrillo sobre los mismos. Además, cuentan que con la adquisición del terreno los compañeros se convierten en propietarios para el fisco, debiendo pagar impuestos sobre el terreno baldío, mientras que su situación de vivienda precaria no se ha revertido y encima se presentan a los ojos del fisco, como futuros deudores.

La cuestión de la tierra es un tema más que central en la operatoria. Cuentan las cooperativas del PO que desde las sanción de esta Ley los costos de los materiales de construcción se han incrementado en más del 60% y que el valor de la tierra se ha ido incrementando de forma alarmante por el solo hecho de que las cooperativas pregunten por los valores en las inmobiliarias: “El problema de la tierra es una cuestión crucial. El costo de esta ronda casi siempre el 30% del monto del crédito; esta es una importante limitación a la política de autogestión. Históricamente, en la lucha de las cooperativas de vivienda a escala mundial, el costo de la tierra ha sido absorbido por el Estado. Es inadmisible que los exiguos recursos de los trabajadores cooperativizados deba ser consumido por la astronómica renta del suelo que se registra en las grandes ciudades, sin ir más lejos, en los planes de urbanización de villas han partido de la escrituración e terrenos fiscales; en cambio la Ley 341 obliga a las cooperativas a erogar una parte muy importante de sus propios recursos públicos a la compra de terrenos privados cuando la ciudad cuenta con miles de terrenos ociosos”. La Federación de cooperativas el PO remarca un aspecto técnico que parece básico pero no está resuelto es que la ley tiene un criterio muy generalizador y no contempla, a los efectos de otorgar el crédito, el número de personas que integra el grupo familiar: “Este número implica diferencias que son las que marcan las necesidades de espacio y que al concretarse, luego del proyecto, en la construcción, definen un costo por unidad directamente proporcional al número de integrantes e la familia. Pero a pesar de esto, la ley erróneamente le otorga la misma cantidad para una vivienda monoambiente que para una de 3 o 4 dormitorios”.

En cuanto a la ineficacia y la discrecionalidad de la aplicación de la Ley este mismo actor denuncia que así como suelen faltar recursos para la operatoria de las cooperativas que involucra a empresas constructoras de pequeña y mediana envergadura elegidas por ellos mismos, suelen abundar las licitaciones en las que se convocan a grupos contratistas, que recrean las situaciones históricamente criticadas de discrecionalidad y concentración. Y hacen referencia a 2 casos recientes, en los cuales los montos asignados superan ampliamente los asignados a la operatoria del PAV47.

No obstante los obstáculos planteados por estos nuevos actores que se intentaron describir, en el marco de una operatoria sin antecedente en la CBA, puede corroborarse como una de sus prácticas la construcción de  recomendaciones positivas, generalmente coincidentes unas con las de los otros, y denotando una actitud más activa de los beneficiarios de esta política habitacional con sus interlocutores estatales. Algunas de esos planteos de las cooperativas y los ETIS que se han podido recopilar a través de su material de divulgación y las entrevistas efectuadas, son los siguientes:

- Cumplimiento del Art. 10 de la Ley 341, estableciendo el control de gestión por parte de los beneficiarios de la misma, para lo cual las cooperativas deberán determinar una comisión fiscalizadora que supervise el funcionamiento, el cumplimiento de plazos y la transparencia de la operatoria.

- A partir de la autarquía conferida al IVC por parte de la Ley 1251, desarrollar una reingeniería de la gestión que posibilite la adquisición y escrituración de los terrenos en un plazo de 60 a 90 días como máximo, con inclusión de la presentación de las Carpetas Técnicas I y II de la Etapa I.

- Dada la latente emergencia habitacional de la ciudad y la sanción de la ley correspondiente, poner a disposición del IVC, un banco de tierras que puedan ser utilizados por las organizaciones con procesos de desalojo o en situación habitacional crítica lo cual esta establecido en la Ley 1251 – IVC  Artículo 8°.- Banco de Inmuebles:

- Proponer que el IVC compre por gestión de negocios u otro sistema administrativo ágil los terrenos de las cooperativas para acelerar el proceso: Ley 1251 – IVC: Artículo 6°.- Facultades: el IVC tiene las siguientes facultades: Adquirir o transferir bienes muebles e inmuebles a título oneroso o constituir sobre ellos derechos reales; Artículo 9°.- Transferencia de Inmuebles: El Poder Ejecutivo debe remitir a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de 90 (noventa) días de promulgada la presente, un listado de inmuebles de su dominio que no tengan destino específico y sean aptos para el desarrollo de planes de vivienda, para la aprobación de su transferencia al Banco creado en el artículo precedente, según lo establecido en el Artículo 82, inciso 4 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Garantizar a través del presupuesto para el año 2005 la asignación de fondos suficientes para los programas destinados a la adquisición de tierras y al inicio de las obras del total de las organizaciones con procesos verificados. Estimamos que un piso mínimo debería ser de $150.000.000 anuales.

- Estructurar un sistema de gestión que garantice canales de comunicación y personal con dedicación exclusiva para el programa PAV, de otras dependencias del Gobierno que estén implicadas directamente en este proceso, es decir la DGFOC, el área de Tasaciones del Banco Ciudad, la Escribanía General, y otras que puedan resultar necesarias en el  futuro.

- Conferir prioridad y un canal de exclusividad para la aprobación de planos de la operatoria ante la DGFOyC,carpeta I y II de la Etapa I, lo cual no debería tardar más de 7 días cada carpeta   (estos trámites actualmente demandan 30 y 15 días respectivamente, no existiendo una prioridad de aprobación en la DGFOyC, hecho contradictorio con la situación de emergencia habitacional que pretende resolver la operatoria). En su defecto, exigimos el cumplimiento de lo reglamentado en la Ley 24.441 publicada en el B.O. del 16/01/1995 AD 630.1 Título XIII, Artículos 86, 87, 88, 93, 95 y 96 en el cual se determina un plazo de 48 hs para la obtención del visado previo ante la DGFOyC, posibilitando el inicio de las obras bajo la responsabilidad de los profesionales actuantes. Esto permitiría agilizar el inicio de las obras comprendidas en la emergencia habitacional.

- Establecer anticipos financieros para la firma de boletos de compraventa de los terrenos con la aprobación de los planos de visado previo y documentación técnica de las Carpetas I y II de la Etapa I. Así mismo como alternativa, y dada la autarquía del IVC y sus atribuciones para determinar la compra de bienes, que ya mencionamos, se puede estimar la posibilidad de la compra directa de las propiedades por parte del IVC y su traspaso a las organizaciones, en un plazo no mayor de 30 días.

- Crear un mecanismo que acelere el proceso de tasación de inmuebles, de forma tal que las organizaciones puedan acceder a la compra de tierras en las condiciones normales de mercado y que por los tiempos de demora no queden relegadas a adquirir tierras distantes de su entorno habitual.

- Reglamentar un régimen de subsidios conforme el Art. 9 de la Ley 341, a través del cual, los grupos familiares que posean ingresos por debajo de la línea de pobreza, puedan garantizar el pago de las cuotas del crédito a otorgar por la operatoria.

- Reglamentar la construcción de viviendas transitorias que determina la Ley 341, para familias y organizaciones que se encuentren en situación crítica habitacional, como también está estipulado en la Ley de Emergencia Habitacional.

- Conferirle a los proyectos desarrollados por las organizaciones sociales en el programa PAV, las mismas prerrogativas y excepciones que las operatorias realizadas por el IVC, con lo cual obtener un menor costo de las viviendas al aprovechar un mayor índice de ocupación del suelo y posibilitar el incremento del FOT y FOS.

- Posibilitar el desarrollo de proyectos simultáneos en organizaciones que no tengan más de 30 miembros, con lo cual se podría acceder a propiedades de menor costo.

- Simplificación de la gestión estableciendo un plan de calidad de servicio que posibilite el desarrollo completo del proceso en un plazo no mayor de 120 días.

- Conferirle status de emergencia habitacional a la operatoria.

- Disponer en forma inmediata los adelantos financieros para el comienzo de las obras, conforme el Art. 11 bis de la Ley 341. (Establecer adelantos para obras preliminares: desmonte, estudio de suelos, demoliciones, fundaciones, etc.). Establecer los adelantos financieros para acopio e inicio de obras con la aprobación de los planos municipales (Carpeta I, Etapa II) y con la aprobación de la carpeta técnica (Carpeta II, Etapa II) aprobar el pago del 1° certificado de obra.  

- Eliminar el art. 38° que establece injerencias del IVC en la designación de reemplazos para los adjudicatarios de las viviendas.

- Creación de un Manual de Procedimientos de la Operatoria. Especificando los requisitos que deben cumplir las cooperativas en cada uno de las etapas, enumerando cada uno de los organismos integrantes de la operatoria, por los cuales pasan  los expedientes de las cooperativas en cada etapa, y  tiempo de demora y funcionarios responsables en cada uno de ellos.

- Disolución de la Corporación Buenos Aires Sur y pase de sus tierras a un fondo bajo control de las organizaciones de los sin techo.

- Destino e los fondos prestables del Banco Ciudad a la vivienda social bajo control  de las organizaciones.

- Impuestos progresivos a la vivienda ociosa.

- Que los montos de los créditos a otorgar estén en función de la superficie cubierta y no por unidad familiar.

- Incorporación de variables de ajuste automáticas, y no a  través del organismo de aplicación, eliminando así la posibilidad de actuaciones arbitrarias de los funcionarios de turno.

- Que la compra de los terrenos sea subsidiada por el GCBA (creación de banco de tierras ociosas para su entrega a las cooperativas de vivienda).

- Control activo de la operatoria por parte de cooperativistas y miembros de los ETIS y de las organizaciones en lucha por el techo.

 

REFLEXIONES FINALES

 

Luego del recorrido propuesto, a través de los 2 casos de políticas habitacionales recientes en materia de vivienda de interés social, a partir de la cuales se ha identificado la aparición de nuevos actores y la adecuación de otros pre-existentes, así como la concreción de nuevas prácticas y mecanismos de articulación entre el sector público y esos actores, se puede decir que de las indagaciones realizadas surgen los siguientes ejes de reflexión, en los cuales podemos discernir avances y limitaciones.

En cuanto a la acción estatal y su nuevo rol, puede decirse que la recuperación democrática en 1983, y la asunción de nuevas autoridades políticas, marcaron un cambio de paradigma en la consideración del problema de la vivienda social, principalmente reconociendo el carácter estructural y permanente de los asentamientos “transitorios” que se consolidan dentro del tejido urbano. La intención de urbanizar las villas transformándolas en barrios, superando el criterio de la erradicación como forma de integración a la ciudad tanto territorial como socialmente, da cuenta de ese cambio, así como la incorporación de mecanismos autogestivos en el abanico de operatorias. En este sentido, puede afirmarse que el sector público ha internalizado la diversidad tanto de problemas habitacionales como de sus posibles soluciones, pero también la diversidad de modalidades en que se presenta el capital social de los beneficiarios de esas políticas.

La reestructuración capitalista a nivel global y las políticas neoliberales de reforma del Estado, desregulación económica y privatización de empresas públicas a nivel local, marcaron, sobre todo en los noventa, una transferencia de recursos y funciones desde el sector estatal al privado, puesto que el Estado buscaba nuevas estrategias de acción y regulación vinculándose con sectores privados para fomentar de manera conjunta el desarrollo urbano de áreas de la ciudad (Corporación Antiguo Puerto Madero, Corporación Buenos Aires Sur), las cuales orientaron o intentaron orientar las inserciones del capital. Por otro lado, la pérdida de legitimidad del Estado, y la disipación de férreas estructuras partidarias clientelares que funcionaban a fuerza de prebendas y puestos estatales, y que contribuían en alto grado al fracaso de las políticas pública, muy especialmente a las habitacionales, llevaron al surgimiento de nuevas formas de articulación social y participación política. Grupos vinculados por la cercanía territorial, o por conformar un sector ligado por una misma problemática, conformaron cooperativas para la demanda de tierra y vivienda, generando organizaciones más horizontales y descentralizadas, aportando ellos mismos la definición de la gestión y la participación en la autoconstrucción de la vivienda. Tanto el caso de las Mesas de Concertación Villeras iniciadas a principios de los noventa como el de las Cooperativas de Autogestión de la Vivienda, consolidados hacia fines de esa misma década, dan cuenta de la capacidad de producción de ideas y de presencia ante los decisores en materia de política habitacional en la CBA.

En cuanto a la acción de los movimientos sociales aludidos, a pesar de la represión, erradicación y destrucción de los movimientos de base territorial que luchaban históricamente por al acceso a la vivienda digna, se fueron rearticulando ciertos sectores sociales con necesidades similares para formular demandas conjuntas no sólo frente al Estado sino en conjunto con él. Al menos así lo demuestra la co-formulación entre los organismos villeros y las cooperativas y el sector público, de las normativas marco de las operatorias de urbanización de villas y el PAV, ambos en  proceso de implementación y con diversos resultados. Cabe destacar que además de los tradicionales movimientos villeros, cobraron relevancia los movimientos de inquilinos y ocupantes privados de sus hogares, y  los nuevos actores sociales surgidos como respuesta a las políticas neoliberales de los 90, los piqueteros y cartoneros, que orientan una parte específica de sus demandas sobre la exigencia de tierras y viviendas. Asimismo, una nueva modalidad de intermediación entre el sector público y los beneficiarios de las políticas habitacionales, los ETIS, que han sido explorados en el capítulo precedente.

No obstante, el avance democrático participativo desde el gobierno y la apertura de nuevos espacios de convergencia, la consideración de representantes de los mismos actores, la existencia de estructuras sectoriales en la organización del gobierno en el área de asistencia social, la utilización con fines partidarios de los recursos disponibles y la resistencia de transferir capacidad de decisión a los vecinos -porque mayormente la participación se ha dado de manera no vinculante- marcan las limitaciones de la situación actual.

Muy sintéticamente se puede decir que los villeros como actores urbanos y las villas en tanto parte del espacio urbano han sido siempre mucho más evidentes, y en consecuencia mucho más repudiados cuando primaba la ideología de la erradicación, y mucho más rápidamente fue tratado su problema, cuando la comunidad comenzó a revertir esas tendencias hacia el concepto de radicación. Es así que la operatoria de radicación de las villas tiene más tiempo de historia y en lo programático está mucho más avanzado. No así su implementación, puesto que al tratarse de una problemática espacialmente mucho más concentrada (las villas tienen una localización mucho más precisa y la población con déficit habitacional residente en villas al estar aglomerada en pocas áreas urbanas y de manera conjunta) parecieran tener mayor presencia. En cambio la población residente en casas tomadas, hoteles, pensiones o los inquilinos en riesgo de desalojo, se presentan de manera mucho más dispersa en el espacio urbano, siendo uno de sus rasgos la transitoriedad de su situación, por lo tanto siempre ha costado más hacer notar su presencia como problema de ellos mismos y de la ciudad en general, puesto que individualmente o en pequeños grupos dispersos, quedaban diluidos por la problemática general de una cabeza de metrópolis como la CBA.

La política habitacional de autogestión de la vivienda merece un comentario especial. Por una parte es evidente un problema conceptual: la autogestión, reclamada por tanto tiempo por los propios cooperativistas y festejada como un logro, en realidad viene a presentarse como una transferencia de la responsabilidad en la resolución del problema hacia los damnificados. En cuanto a la implementación de la operatoria, muchas son las críticas, pero sin duda la principal es que los grupos autogestionarios y los ETIS terminan resultando nuevamente rehenes del sistema burocrático del GCBA que, en esencia, no ha cambiado. Por otra parte, la operatoria no resuelve ni plantea el problema de fondo del déficit de vivienda, que es un problema económico y no financiero, ya que no está teniendo en cuenta el tema de la organización económica de la gente de las cooperativas para garantizar al menos la generación de recursos que les permita pagar el crédito y no recrear el círculo vicioso de que vuelvan a convertirse en ocupantes ilegales, que deban ser desalojados, etc. A diferencia de las políticas fundiarias en el programa de urbanización de villas, cuestionables por la calidad de las tierras, pero tomadas en cuenta al fin, el  PAV ni por asomo internaliza este tema, y en realidad encubre un mecanismo bastante perverso que es lanzar a los beneficiarios de la operatoria, que ya de por sí presentan una mayor debilidad que los ciudadanos que tienen el tema de la vivienda resuelto, a las garras del mercado inmobiliario, el cual es por definición bastante imperfecto y sumamente agresivo, mucho más cuando los presupuestos son ajustados, no se cuenta con efectivo para señar, y las exigencias para el otorgamiento del crédito superan o igualan a las reglas mercantiles en la materia, incluso en cuanto a requerimientos urbanísticos y de normativa de edificación.

En cuanto a la modalidad de acción de los actores analizados, se observa que en el caso de los villeros el patrón de sus prácticas tanto como los patrones urbanísticos y las modalidades de gestión encarados son más homogéneos. En cambio, en el caso de las cooperativas las modalidades de acción son más diversificadas, a pesar de ser prácticas más jóvenes que las de los villeros, y las formas de gestión y los patrones urbanísticos y arquitectónicos también se presentan más diversificados. Se encuentran por un lado los encuadres más profesionalistas de los ETIS y las cooperativas sin filiación ni política ni a movimientos sociales que procuran generar un modo de trabajo más profesional y eficiente, aunque impregnados de conciencia social. También están los ETIS más pragmáticos, que se manejan más como las empresas contratistas de mayor envergadura, puesto que lo son, priorizando la materialización de las obras físicas en tanto negocios de gran escala, independientemente del interlocutor y el destinatario, al mejor estilo de la “patria contratista” que emprendía en otras épocas los grandes complejos habitacionales que tanto se pretende evitar, según el discurso vigente. Por otra parte están los ETIS y las cooperativas más politizados, que filtran sus críticas a la implementación de un programa que le vuelve a “pasar la pelota” como se dice comúnmente, al Estado.

Lo cierto es que por lo analizado, todas las críticas son válidas, pero también es positivo, en tanto no se sostenga en el tiempo el clima de fracaso que prevalece en el ánimo de los actores indagados, que hayan aparecido nuevos actores organizados en relación al problema habitacional e la ciudad, así como nuevas opciones normativas que permitan capitalizar las capacidades de los involucrados. No obstante ello, se debe recordar que la política urbanística, así como las políticas de tierra y vivienda dependen ante todo de la voluntad de acción, de la capacidad de interacción entre el sector público, el privado y las organizaciones intermedias, del sentido en que se produzca la transferencia de recursos y en consecuencia la valorización del espacio urbano en general y el residencial en particular, del devenir dialéctico con que se den los intereses de los diferentes actores y agentes involucrados, y aunque parezca obvio, de los resultados en función de los objetivos y metas establecidos, y su impacto sectorial en la problemática habitacional y global en tanto política urbana., sin dejar de considerar el equilibrio entre lo ideal y lo posible.

 

NOTAS

 

1 Arquitecta – Especialista en Planificación Urbana y Regional (posgrado). Docente en grado y posgrado Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo-UBA. Directora Proyecto de Investigación UBACYT A023 “Política urbanística y dinámica inmobiliaria: la producción del espacio residencial en la ciudad de Buenos Aires”. Coordinadora Unidad de Planificación Urbana y Regional (Secretaría de Investigaciones-FADU-UBA).  szajnber@cvtci.com.ar

2 Lic. en Sociología. Investigadora Proy. UBACYT A023 y A038, Secretaría de Investigaciones – FADU – UBA.

3 Estudiante de Arquitectura – FADU – UBA y de Ciencias Políticas – FCS – UBA. Pasante  del Programa de formación en Investigación FI-SI– FADU – UBA (Proy. UBACyT A038).

4 Ocupados (según la terminología de sus ocupantes) o intrusados (en la terminología gubernamental y jurídico-administrativa).

5 En un caso un uso extensivo y expansivo de la tierra y en el otro un uso mucho más intensivo y más propenso al hacinamiento.

6 Esto no implica que en la mayoría de los casos se genere con el correr del tiempo una suerte de mercado interno en el que las viviendas se transan según las propias reglas de quienes detentan la tenencia de los mismos (bajo modalidades similares a la venta o al alquiler –similares porque no llegan a ser operaciones de compra-venta legales hasta tanto no se regularice la situación dominial de las mismas).

7 Esta tipología a veces se presta a operaciones de alquiler fraudulentas donde generalmente los “inquilinos” son los estafados y los propietarios se ven damnificados.

8 Para un análisis pormenorizado del proceso de erradicación de villas acontecido en este período ver Oszlak (1991). 

9 200.000 personas son las que se estima fueron, poder coercitivo mediante, erradicadas de las villas durante el gobierno de facto argentino del período 1976-1983.

10 Joly y Pablo, matrimonio veinteañero con 2 hijos de 4 y 2 años, cuentan cómo entre 1998 y 2004 pasaron de inquilinos a propietarios (mediante un crédito hipotecario), y de propietarios a inquilinos nuevamente: “Tomamos un crédito en dólares con intereses más altos que los demás, porque no teníamos el adelanto del 20%. Entonces nos dieron el 100% y compramos un departamento de 2 ambientes en la Av. Juan B. Justo en La Paternal. Los chicos dormían en el dormitorio y nosotros en el comedor. Pero valía la pena el sacrificio porque sabíamos que al final, el departamento iba a ser nuestro .... Cuando pasó lo de la pesificación en el 2001, y nos pasaron a reajustar las cuotas con el CVS –coeficiente de variación salarial- ni con los dos sueldos podíamos hacer frente a las cuotas, porque además la comida y todo lo demás se encarecía mientras nuestros ingresos seguían con suerte igual que antes en pesos (Joly trabaja como vendedora en una zapatería y Pablo en una empresa de servicios de clearing por las noches, ambos de lunes a lunes con un franco en medio de la semana). Nos fuimos atrasando y cuando ya no pudimos sostener más las renegociaciones con el banco tuvimos que vender el departamento y el banco se quedó con la mayor parte del dinero. Ahora alquilamos un 3 ambientes. Estamos más cómodos y hasta con lo que nos quedó nos compramos un auto usado. Pero en el fondo sabemos que es muy difícil que de esta manera podamos ahorrar para la casa propia. A duras penas podemos garantizar el alquiler cada mes” (entrevista realizada en agosto de 2004).

11 Ley de Emergencia Económica 23.607 y Ley de Reforma del Estado 23.696 fueron el punto de partida para la transformación del Estado nacional y demás jurisdicciones provinciales y municipales, reforzadas con la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

12 Uno de los ejemplos más demostrativos de la nueva lógica de articulación del sector público y el privado en materia de desarrollo urbano durante los noventa es la emblemática renovación urbana de los predios de la Corporación Puerto Madero.

13 Singular papel juega en este asunto, la nueva composición del organismo legislativo de la ciudad al haberse retraído la tendencia histórica al bipartidismo político-partidario y al haberse diversificado la representación ciudadana, al punto de encontrar en el plantel de legisladores, personajes históricamente comprometidos con la problemática habitacional y que han sido quienes desde la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires garantizan el tratamiento de los proyectos que en la materia, acercan las organizaciones ligadas a la temática.

14 Para profundizar la cuestión normativa en materia de Políticas de Tierras y Viviendas durante los noventa ver (Catenazzi, 1995), (Cuenya, 1997), (Szajnberg y Sorda, 2004).

15 Otro actor que podría considerarse nuevo, por su configuración y sus prácticas, que aún no puede precisarse pero si es reconocible, aunque no va a ser tomado como caso en este trabajo y sí vale la pena mencionarlo, es el grupo de personas que suele asistir a las operaciones de desalojo que se multiplicaron a partir de la crisis de 2001. Luego del 2001, existieron varios decretos que suspendían los desalojos por tiempos determinados, reconociendo la situación de emergencia habitacional que padecían muchos deudores hipotecarios a partir de la salida de la convertibilidad y como consecuencia de la pérdida de sus fuentes de ingresos que les permitían afrontar las cuotas, iniciándoseles juicios de desalojo por parte de sus acreedores bancarios y particulares. En los momentos en que estas medidas fueron levantadas y comenzaron a sucederse innumerables procesos de desalojo, una escisión de un nuevo actor surgido también como consecuencia de la crisis del 2001 y las medidas económicas conocidas como “corralito” y corralón”, los “ahorristas”, entendiéndose por tales a hordas de ahorristas que reclamaban con la metodología de los “cacerolazos” ante las entidades que se habían quedado con sus ahorros y ante los organismos gubernamentales, comenzó a auto-convocarse en ocasión de la ejecución de varios juicios de desalojo e intentos de remate de propiedades con créditos hipotecarios impagos o en mora,  en su mayoría deudores hipotecarios en similar situación de riesgo de desalojo, generalmente constituidos por los sectores medios que en los noventa habían accedido a la oferta crediticia para la compra de sus viviendas. Estos grupos intentaban frenar los desalojos y los remates de manera violenta y mediática, pudiéndose reconocer incluso un referente más o menos conocido como Rubén Manusovich, presidente de FEDECAMARAS, una organización no gubernamental de los pequeños y medianos empresarios.

16 Para el caso de la villa 31 del barrio de Retiro preveían la erradicación de 5170 viviendas para lo cual preveían obras por 98 millones de pesos Ley 18188 a realizarse en un lapso de 2 años en el área Parque Almirante Brown: se preveía 500 viviendas en San Pedrito, 2500 en Soldati Sur, y grupos de 1200, 520 y 450 en Villa Lugano.

17 Cargo ad honorem que ejerció el Padre Mujica durante 3 meses en el Ministerio que estaba a cargo de José López Rega durante la breve presidencia de Héctor Cámpora por el Partido Justicialista. Se supone que su asesinato días después de su renuncia había tenido que ver con estas declaraciones y su actividad en la villa que molestaba a algunos sectores del poder político y económico.

18 La Ordenanza N° 39753 sancionada el 31 de enero de 1984 vino a derogar las ordenanzas anteriores que disponían las políticas de erradicación, y sentó las pautas programáticas del Programa de Radicación y solución integral de Villas y Núcleos habitacionales Transitorios de la CBA a implementarse por la CMV.

19 Los Distritos U (Urbanización Determinada) según el Código de Planeamiento Urbano son los referidos a áreas urbanas con características diferenciales que necesitan ser objeto de regulaciones integrales en materia de uso, ocupación, subdivisión y estética urbana. Se les asignó el Distrito de Urbanización Determinada U31 a las villas a urbanizar, el cual adoptó indicadores urbanísticos y normas de tejido que propendieran al reconocimiento de los hechos existentes, a la futura integración de su trama  con la de la ciudad consolidada, a la inclusión de trama vial y apertura de calles, a aceptar medidas de parcela mínima y de subdivisiones por debajo de las requeridas para los loteos del mercado formal con el fin de facilitar la absorción de las altas densidades de la mayoría de las villas ante un recurso escaso como la tierra, a homologar los usos permitidos con los de los distritos que mixturan usos residenciales con actividades productivas, comerciales o de servicios compatibles, y a la definición de los requerimientos de cesión de espacio público para equipamiento comunitario.

20 La CMV seguía poniendo énfasis en los aspectos físicos de los proyectos urbanístico-arquitectónicos de las viviendas a construir escindidos de la lógica fundiaria que necesitaba la política concertada. La Secretaría de Acción Social que continuaba las prácticas clientelísticas de repartir materiales de construcción y resolver emergencias habitacionales temporariamente. La Secretaría de Obras Públicas, en consonancia con la corriente ideológica privatizadora de los servicios públicos y de la concreción de la infraestructura urbana del momento, priorizaba la atención de los sectores urbanos más rentables de la ciudad.

21 El Programa abarca una población de aproximadamente 110.000 personas y una superficie de alrededor de 210 hectáreas distribuidas casi en su totalidad en la zona sur de la ciudad. Comprende a las villas 1-11-14, frente a la Av. Perito Moreno en el bajo Flores, que con mas de 6500 familias es el asentamiento con mayor población dentro de los límites de la ciudad; la Villa 3, próxima al Parque Indoamericano en Parque Alte. Brown; la Villa 6 frente a la autopista Dellepiane y Av. Eva Perón; las Villas 15, 17 y el Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) del Trabajo, todos asentamientos próximos al mercado de hacienda de Mataderos; la 19 en el límite con la Av. Gral. Paz; hacia el sur, la Villa 26; y la Villa 20, frente a los terrenos del supermercado Jumbo al sudoeste de Parque Alte. Brown. También incluye, en la zona de Barracas, a la Villa 21-24 junto con el NHT Zavaleta; y la Villa 31, que ocupa una superficie de 12 hectáreas próximas a las estaciones terminales de Retiro (PUA, 2000).

22 Sancionada el 30 de diciembre e 1998 por la LCABA, promulgada por Decreto N° 123/99 el 20 de enero de 1999 y publicada en BOCBA N° 621 el 29 de enero de 1999.

23 La representación de los vecinos queda explícitamente configurada de la siguiente manera: un representante por cada villa o N.H.T. comprendido por la ley 148 que haya sido electo en comicios regulares, tres representantes de la Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados de la Ciudad (FEDEVI) y tres representantes del Movimiento de Villas y Barrios Carenciados.

24 Incluyendo acciones de regularización dominial de las tierras e inmuebles afectados; la urbanización integral y la integración de estos barrios al tejido social, urbano y cultural de la ciudad, mediante la apertura de calles, el desarrollo de infraestructura de servicios, la regularización parcelaria, la creación de planes de vivienda social; el fortalecimiento de la infraestructura de servicios y la recuperación de las áreas urbanas adyacentes; el desarrollo de políticas sociales activas e integrales y el equipamiento social, sanitario, educacional y deportivo; la planificación participativa presupuestaria de los recursos que se determinen como necesarios para la ejecución del programa; y la incorporación, a través de metodologías autogestionarias, de los pobladores afectados al proceso de diagramación, administración y ejecución del programa.

25 Estas dos funciones implican la presentación de informes periódicos a la LCABA y a la población de los barrios afectados, así como también la proposición de las medidas necesarias para el desarrollo y cumplimiento efectivo del programa y la presentación de la proyección de gastos a ser incluido en el proyecto de Presupuesto Anual de Gastos y Recursos que elabora el Poder Ejecutivo para ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad.

26 Entre las concreciones registradas hasta 1999, figuran 659 viviendas en Flores Sur (ex Villa 1-11-14), 168 en Villa Lugano (ex Villa 20), 52 en Cildañez (ex Villa 6) y 62 en Fátima (ex Villa 3) ambas en Villa Soldati.

27 En 1997 había sido aprobada la primera etapa del Plan.

28 Algunas de las concreciones del PRIT en la gestión Ibarra son las siguientes: 1269 viviendas –algunas adjudicadas y otras licitadas en el año 2002 y un comedor comunitario en Villa 1-11-14; 180 viviendas entregadas en Villa 6 en el paríodo 2004, 170 viviendas entregadas en Villa 20 entre 200 y 2004, la ampliación de un centro de salud en el NHT Zavaleta, o la construcción d eun patio de juegos en Villa 3 (Fuente: Gerencia de Promoción Social Urbana-IVC).

29 Sancionada el 24 de febrero del año 2000, promulgada el 16 de marzo y publicada en BOCBA N° 928 el 24 de abril de ese mismo año.

30 Sancionada el 5 de diciembre de 2002, promulgada el 30 de diciembre de ese mismo año y publicada en BOCBA N° 1606 el 10 de enero de 2003.

31 “A partir de 1959 los hospedajes excluidos de la ley de alquileres aparecen con esta denominación para disimular la existencia de residentes permanentes, haciéndolos aparecer como pasajeros transitorios (aparecen en libro de huéspedes en lugar de tener contrato) y con reglamentaciones restrictivas en su permanencia. Con la inestabilidad laboral, irregularidad de ingresos parte de esta población pasa a casas tomadas” (Elías, 1997).

32 Este fenómeno de hábitat precario urbano comenzó a cobrar relevancia entre 1981 y 1983 mediante la ocupación de casas deshabitadas, muchas de ellas expropiadas por localizarse en la traza de las autopistas y en áreas centrales degradadas como lo era San Telmo con un gran caudal de casas abandonadas. “El fenómeno luego se amplía a casas, fábricas, propiedad horizontal, en lotes - terrenos, con dueños ausentes, juicios de sucesión, edificios en construcción paralizados, propiedad fiscal no utilizada; para luego tomar espacio bajo puentes y autopistas ...
su población está compuesta por trabajadores desplazados que conocen del pasaje desde el pago de un alquiler, luego por una pensión o inquilinato, a la toma de una casa. Los ocupantes en la mayoría de los casos tiene interés en tener un lugar, pagando por él en condiciones sostenibles. Por prejuicio ante las villas y los asentamientos toman una casa, pero mantienen una condición de vivienda muy inferior a la de esos casos, transformándose en virtuales villas ocultas... Las condiciones de habitabilidad son malas (techos rotos, paredes que se caen, etc.), con hacinamiento, sin intimidad familiar y total falta de esparcimiento para el grupo familiar ... Tanto en las villas como en los asentamientos se presentan en mayor medida lazos solidarios, cohesión social, liderazgo y mayor conciencia sobre los problemas de salud. Esto aparece minimizado en las casas tomadas por el proceso de atomización social, segregación vecinal y automarginación en que viven”
(ELÍAS, 1997, sobre informe del Área Programática del Hospital Durand – 1991-). En ese momento se especulaba con una cifra superior a las 100.000 personas residentes en casas tomadas en la CBA.

33 En referencia a los grandes complejos habitacionales construidos por licitaciones concentradas en las empresas constructoras y estudios de arquitectura e ingeniería de mayor envergadura, entregadas a un beneficiario de carácter universal mediante mecanismos arbitrarios en cuanto a tipología y localización.

34 Presentar Documento Nacional de identidad y acreditar 2 años de residencia en el país.

35 Pérdida de vivienda a causa de siniestro; desalojo con sentencia judicial debidamente documentado; estado de salud de uno de los integrantes del grupo familiar que requiera el cambio de las características de la vivienda; situaciones de violencia familiar comprobada que pusieren en riesgo la integridad de alguno de los componentes; quienes habiten inmuebles afectados a obra pública; familias enmarcadas en procesos de organización colectiva verificables; grupo familiar monoparental con hijos menores de edad; pareja joven unida por lazos matrimoniales o consensuales con una edad promedio que no supere los 30 años; ex soldados conscriptos que acrediten su condición de combatientes en Islas Malvinas y Atlántico Sur; integrantes del servicio activo o vitalicios de las Entidades de Bomberos Voluntarios.

36 Cuyas funciones serán :llevar el registro beneficiarios y confeccionar un padrón con sus antecedentes, disponer las tasaciones de los inmuebles a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, disponer el asesoramiento técnico y social a los beneficiaros que así lo requieran, supervisar el cumplimiento del otorgamiento del crédito, establecer las situaciones de prioridad, analizar las causas de los inconvenientes que pudieran surgir, como las alternativas que permitan continuar con el proyecto por parte de la entidad, considerando el principio de conservación del emprendimiento y continuidad de la obra,

37 Celebrada el 24 de junio de 2003 y publicada en el Boletín Oficial N° 1.769.

38 Los ETI deben atender en las etapas comprendidas entre la consolidación de la pre-entidad y la finalización de la obra, incluyendo la constitución de la forma asociativa elegida (cooperativa, asociación civil, mutual), la búsqueda del terreno o propiedad a adquirir y la elaboración del proyecto técnico y la propuesta social; como asimismo, el acompañamiento en la solicitud del crédito ante la CMV y la dirección de las obras a realizar, pudiendo, a solicitud de la entidad, asumir la ejecución de las mismas.

39 Las personas que aspiren a obtener créditos a través de las modalidades de organización colectiva verificable deben participar satisfactoriamente de los talleres introductorios de autogestión para vivienda, organizados por el PAV. En la última jornada del taller, la pre - entidad deberá elegir una comisión de representantes con la finalidad de seleccionar al ETI. La deliberación y elección de la comisión mencionada se volcará en un acta, certificada por un funcionario de la CMV y suscrita por todos los asistentes del grupo.

40 Los honorarios previstos se determinarán en el Anteproyecto, en el cual debe establecerse su distribución entre los distintos profesionales o técnicos integrantes del ETI, fijándolos dentro de las siguientes bandas: Área Social: entre 15% y 20%. Área Jurídica: entre 5% y 10%. Área Contable: entre 8% y 12%. Área Construcción: entre 60% y 70%, correspondiendo a la etapa de proyecto el 40% del monto de honorarios que se acuerde, y el 60% restante a la etapa de dirección de obra.

41 Algunos de los Talleres desarrollados con las cooperativas trabajaron temas como la integración y la participación, la organización cooperativa, las necesidades y aspiraciones de los grupos familiares respecto de la vivienda, el diseño participativo para la vivienda, las micro empresas y el reglamento interno de las cooperativas.

42 La personería jurídica se obtiene inscribiéndose y cumpliendo los requerimientos definidos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social, República Argentina (INAES), para lo cual deben darse sus estatutos de funcionamiento, etc.

43 Cooperativa Perú, www.ensantelmo.com/sociedad/calidad de vida/ vivienda/regulación dominial, febrero 2001,.

44 Extracto del ETI Dolmen presentado en forma de ponencia en el Seminario de Hábitat Popular organizado por  ONG´s en 2001.

45 Plantean que a pesar del desmantelamiento del FONAVI durante la década del 90´, el modelo de construcción de la CMV y el IVC continúa en sus distintos programas. “Se trata del sistema de oferta que relega las necesidades específicas de los usuarios a las opciones que ofrece el mercado inmobiliario, dejando al Estado el lugar de la construcción y el reparto. La Ley 341 de autogestión en la vivienda marca un punto de ruptura a través de una propuesta constructiva que responde a las necesidades de los futuros habitantes desde la disposición abierta de los espacios y la posibilidad  de realizar modificaciones internas. La vivienda proceso apunta a la reapropiación del espacio por medio de una estructura capaz de adaptarse a la singularidad de cada composición familiar. Este modelo requiere de un marco institucional, que fomente el protagonismo de las cooperativas y respalde a los equipos técnicos, que todavía no ha sido posible construir”.

46 La propuesta autogestiva que presenta la 341 apunta a revertir la relación asistencial y jerárquica con el Estado, para impulsar la organización colectiva en torno a un objetivo que trasciende la vivienda: ampliar el derecho a la ciudad a los sectores marginados desde espacios comunes de construcción. Las prácticas horizontales de participación producen resistencias ante una cultura política, que atraviesa a toda la sociedad, acostumbrada a gobernar desde  la beneficencia y sumisión. A falta de experiencias previas que allanen el camino, el proyecto debe luchar con el funcionamiento desarticulado de los organismos de control, evaluación y seguimiento de la operatoria. El IVC, el INAES y la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro presentan muchas veces posiciones ambiguas o contradictorias que retrasan las etapas, generando un efecto de desgaste que repercute en la cooperativa así como en el equipo técnico. Estos desajustes promueven la aparición de  otros organismos, como es el caso de Promoción  Social, que interviene a veces por necesidades puntuales desde postulados diferentes a los que promueven   la autogestión, generando interferencia en el proceso. Tanto el Estado como los ciudadanos arrastran estas prácticas difíciles de desarraigar, el intento de avanzar desde una ley que propicia la producción colectiva de pensamiento se encuentra con el individualismo residual de un proceso de fragmentación social.”

47 Uno, el llamado a licitación pública del GCBA N° 13/03 para la construcción de 18 unidades de vivienda en la ex Villa 3 Barrio Soldati, para la cual los fondos asignados, según sus propios cálculos, dan un valor prorrateado de más de 90000$ por unidad, sin la incidencia del costo del terreno, siendo un valor superior al asignado en la operatoria de autogestión de la Ley 341, que además obliga a las cooperativas a proveerse del terreno con el mismo monto de menos de 50000$. También ponen como ejemplo de un caso similar a la licitación pública N° 12/03 para la adquisición de 500 viviendas unifamiliares, con montos de 49000$ para viviendas monoambientes, hasta 60000$ para las de 4 dormitorios.

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA

BELLOTA, A.: “El cura de las villas”, en Todo es Historia N° 361, Buenos Aires, Emilio Perina Editor, Feliz Luna Director, Agosto, 1997.
BLAUSTEIN, E: Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura. Buenos Aires, CMV-GCBA, 2001.
BOSELLI, T. y VELASCO, E.: “Políticas de Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires (1998-2001): bases para la evaluación del desempeño del parque habitacional social” en El desempeño edilicio. La vida de los edificios en el tiempo, R. Dunowicz (comp.), Buenos Aires, Cuadernos de Cátedra, Ediciones FADU, 2003.
CASTELLS, M.: La cuestión urbana. 1º Ed México, Siglo XXI Argentina Editores,1972-74.
CATENAZZI, A, Y KULLOCK, D.: “Vivienda y bien público: la operatoria FONAVI” en Revista AREA, Buenos Aires, FADU-UBA, 1995.
CEDEM-GCBA: “Desarrollo inmobiliario y déficit habitacional en la Ciudad de Bs. As.”, en Informe Mensual de la Coyuntura Económica  Nº1, Buenos Aires, diciembre, 2000.
CLICHEVSKY, N.: Política Social Urbana. Buenos Aires, Espacio Editorial, 1996.
CLICHEVSKY, N.: “Hábitat Informal en América Latina: entre la permisividad, el desalojo y la regularización” en Territorios Nº 6, Bogotá, febrero-julio, 2001.
CMV: “Subprograma Erradicación Villa 31” en Resumen Plan a mediano plazo (1972-1976), Buenos Aires, 1971.
CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA: “Plan de urbanización en villas y barrios carenciados” en Revista del Consejo Nacional de la Vivienda N° 9, mayo, 2003.
CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA: “Comisión Municipal de la Vivienda. Nuevas soluciones para problemáticas complejas” en Revista del Consejo Nacional de la Vivienda N° 7, septiembre, 2002.
COPUA-GCBA: “Modelo Territorial del Plan Urbano Ambiental” en Plan Urbano Ambiental de la CABA, Buenos Aires, 2000.
CRAVINO: “Las organizaciones villeras en la Capital Federal entre 1989 y 1996. Entre autonomía y clientelismo”,  en www.naya.org.ar/congreso/ponencia2-11.htm, 2000.
CUENYA, B. y FALÚ, A., (comps.): Reestructuración del Estado y Política de Vivienda en Argentina. Buenos Aires, Colección CEA-CBC, UBA,1997.
DUNOWICZ, R., WAINSTEIN KRASUK, O., GERSCOVICH, A., PERAHIA, R.: 90 años vivienda social en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, FADU-UBA, Ediciones de Arte Gaglianone, 2000.
ELÍAS, J.: “El proceso de las casas tomadas en la ciudad de Buenos Aires” en publicación digital del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social, http://www.trabajo-social.org.ar, 1997.
FEDERICO SABATE, A.: “Problemas vinculados al financiamiento de la vivienda” en Sitruación habitacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Tendencias y perspectivas. R. Fernández Wagner y O. Varela editores, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, Argentina, 2001.
GARAY, A.: “Capital y organización territorial” en La ciudad construida. Urbanismo en América Latina, F. Carrión compilador, Ecuador y Junta de Andalucía, FLACSO, 2001.
GONZALEZ, A. y ELGUEZABAL, L.: “El Programa de Radicación de Villas de Capital Federal. Alcances de las decisiones técnico urbanísticas”. Mimeo, 1993.
HERZER, H.: “Ocupantes de inmuebles y tierras: vínculos y tramas sociales” en Actas de las Jornadas Internacionales Estado y Sociedad: Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI,  Buenos Aires. CEA-UBA, 1997.
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD: página web del GCBA, www.buenosaires.gov.ar, 2004.
LLADOS, J.: “En la ciudad se instalaron seis nuevas villas” en La Nación, Buenos Aires., 15 de enero de 2004.
MARTINEZ, C.: “Redefiniciones de la política de radicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires. Período 1984-2000”, Informe parcial de avance en el marco del Proyecto de Investigación: Política Social: una revisión comparativa de la relación entre política laboral y política de asistencia a los pobres y desempleados entre los períodos 1993-99 y 2000-02, dirigido por Estela Grassi, Instituto Gino Germani,  Fac. Ciencias Sociales-UBA, 2002.
MIGNAQUI, I. Y ELGUEZABAL, L.: “Reforma del estado y práctica urbanística. Las intervenciones urbanas recientes en Capital Federal: entre la ciudad global y la ciudad excluyente”, en Postales urbanas de fin de milenio. Una construcción de muchos, Hilda Herzer (comp), Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Ediciones CBC, 1997.
MIGNAQUI I. Y SZAJNBERG D.: “Tendencias en la organización del espacio residencial de la Región Metropolitana de Buenos Aires en los noventa” en Procesos territoriales en Argentina y Brasil, A. F. Alessandri Carlos y R. Bertoncello comp., Buenos Aires y San Pablo, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas, Universidad de San Pablo e Instituto de Geografía, FFyL, UBA, 2003.
OSZLAK, O.: “Erradicación de Villas de Emergencia” en Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires, Estudio CEDES. Editorial Humanitas, 1991.
RODRÍGUEZ, C.: “Organizaciones de ocupantes de edificios en Capital Federal: la trama poco visible de una ciudad negada” en Postales de Fin del Milenio. Una construcción de muchos, Hilda Herzer (comp.) Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1997.
RODRÍGUEZ, C. y otros: La tierra es nuestra. Hacia una Política de tierra, Vivienda y Hábitat. Análisis y propuestas de los trabajadores y organizaciones territoriales. Buenos Aires, Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat e Instituto de Estudios y Formación de la CTA, 2001.
SIDICARO, R.: La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina –1989-2001-. Buenos Aires,  Libros del Rojas, EUDEBA, UBA, 2002.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA: “Diagnóstico de la situación habitacional urbana” en Revista del Consejo Nacional de la Vivienda N° 12, Abril, 2004.
SZAJNBERG, D.: Reestructuración del Estado argentino y política habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, informe de Beca SECYT-UBA Iniciación, 1998-2000.
SZAJNBERG, D.: “Las políticas territoriales implícitas en el Estado post-social: el caso de la ciudad de Buenos Aires”, en Actas de Jornadas de Ciencias Políticas de la UBA “Los horizontes y las encrucijadas de la Democracia en América Latina”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 6 de noviembre 1999.
SZAJNBERG, D. y SORDA, G.: “Políticas de gestión de la Vivienda de Interés Social en la ciudad de Buenos Aires: de la Comisión Municipal de la Vivienda al Instituto de la Vivienda de la Ciudad” en Actas del Taller Ciudad y Región, organizado por el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, octubre, 2004.
TOPALOV, C.: La urbanización capitalista; algunos elementos para su análisis, Colección: Diseño: Ruptura y Alternativas, México, Editorial Edicol, (vers. orig. 1972), 1979.
TORRES, H.: “Cambios Socioterritoriales en Buenos Aires durante la Década de 1990”, en EURE, Revista latinoamericana de estudios urbano regionales, Santiago de Chile, 2001, V. 26, N° 80.
YUJNOVSKY, O.: Claves políticas del problema habitacional argentino (1955-1981). Buenos Aires, 1º Ed., Colección Estudios Políticos y Sociales, Grupo Editor Latinoamericano, 1984.
ZICCARDI, A.: “Política de vivienda y movimientos urbanos. El caso de Buenos Aires, 1963-1973”. Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella, mimeo, 1977.

 


 


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